El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, presentó al Congreso local una iniciativa de reforma constitucional para que jueces y magistrados sean electos por voto ciudadano, en lugar de ser designados por el Poder Legislativo.
La propuesta busca armonizar la legislación estatal con la federal y plantea la modificación de los artículos 61, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 125 y 133 de la Constitución de Puebla. De aprobarse, la elección de integrantes del Poder Judicial se realizaría mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, el mismo día que las elecciones federales ordinarias.
El Congreso local será el encargado de emitir la convocatoria para la integración del listado de candidaturas. Esto deberá hacerse dentro de los 30 días naturales posteriores a la instalación del primer periodo ordinario de sesiones del año previo a la elección.
Para garantizar la idoneidad de los aspirantes, se creará un Comité de Evaluación conformado por cinco expertos en derecho, quienes analizarán los expedientes y seleccionarán a los mejores perfiles. De este proceso saldrá un listado de las 10 personas mejor calificadas para cada puesto en el Tribunal de Disciplina Judicial, así como seis aspirantes para el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
El Instituto Electoral del Estado (IEE) será la autoridad encargada del cómputo de los votos, la publicación de los resultados y la entrega de constancias de mayoría.
La iniciativa también prohíbe el uso de financiamiento público o privado para las campañas de los aspirantes, así como la contratación de espacios en medios de comunicación, incluyendo radio y televisión.
Otro cambio clave es la eliminación de la facultad del Congreso local para designar a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, trasladando esta responsabilidad a los votantes. Además, la reforma incorpora al Tribunal de Disciplina Judicial como parte del Poder Judicial del estado.
De ser aprobada, la reforma entrará en vigor en las elecciones de junio de 2027. El proceso electoral judicial dará inicio con la primera sesión del Consejo General del IEE en 2026.
Con esta propuesta, el gobierno estatal busca transformar el sistema de justicia en Puebla, otorgando mayor transparencia y participación ciudadana en la designación de jueces y magistrados.
