Uno de los principales conflictos que hay en el municipio de Puebla por invasión de tierras, que abarca 400 hectáreas de la exhacienda de San José Zetina, ha enfrentado diversas tácticas de dilación por parte de los acusados por el delito de despojo ha provocado que en un años y medio, de manera sorpresiva, se han sustituido a cuatro jueces que llevan el litigio y ahora, se está a la espera de que se nombre un quinto encargado del Juzgado de Oralidad Penal en donde se ventila este asunto.
Esto es una muestra clara de lo tortuosa que pueda ser la justicia en Puebla, pues los acusados, aunque nunca han logrado presentar un solo documento que los acredite como compradores o poseedores legales de las tierras en disputa, mediante diversas artimañas han logrado tumbar a cuatro jueces, lo que alarga los plazos para que algún día este asunto vea “una luz al final del túnel”.
La historia jurídica de este conflicto inició el 23 de noviembre de 2022, cuando los dueños de los terrenos –ubicados en San Andrés Azumiatla– denunciaron penalmente a un grupo de unas 60 personas que invadieron una fracción de una enorme extensión de tierra que es propiedad privada, que no pertenece ni al régimen ejidal o de terrenos comunales.
El presunto grupo de invasores era encabezado por Félix N, quien utiliza el sobrenombre de la actriz mexicana María Félix.
Tuvieron que pasar 10 meses para que la carpeta de investigación –FGEP/CDI/FIM/CHAPULCO-1/0022089/2022—se judicializara y quedara a cargo del juez Celestino Martínez Bones, quien el 27 de septiembre de 2023 realizó la Audiencia de Tutela de Derecho.
Un mes más adelante, entró un segundo juez a llevar este asunto. Se trata de Enrique López Criollo, quien en octubre de 2023 realiza la Audiencia Inicial del litigio.
Este juez determina que los acusados por el presunto delito de despojo deben presentarse una vez al mes a firmar al Juzgado de Oralidad Penal, no pueden salir del estado de Puebla sin avisar a la autoridad competente y se les prohíbe realizar actos públicos o reuniones privadas que molesten a la parte acusadora.
El asunto parecía caminar bien, ya que unas semanas más tarde el mismo juez desahogó una tercera audiencia y vinculó a proceso penal a la señora Félix N y otras 8 personas.
Una de las personas vinculadas a proceso, que es un señor de nombre Isaac Escalona, logró recientemente que le retiraran los cargos al regresar lo terrenos que tenía en posesión y reconocer que, quienes se apropiaron de los predios en cuestión no cuentan con ningún respaldo jurídico para demostrar que tienen derechos sobre las 400 hectáreas del conflicto.
Otra determinación que tomó el juez y que era la más importante, es que ordenó la restitución de las tierras a los propietarios. Es la fecha que no se ha cumplido con ese mandato judicial que se dictó desde hace 14 meses.
Exactamente un año después de la actuación del juzgador Celestino Martínez Bones, se programó en octubre pasado realizar la Audiencia Intermedia, con el pequeño detalle de que se cambió al juez y ahora le correspondió conocer del asunto a Renato Rojas Hidalgo.
Dicha audiencia nunca se pudo concretar porque los abogados de Félix N. denunciaron al juez y al agente del Ministerio Público, Miguel Ángel Martínez López, de supuestamente incurrir en el delito en contra de la administración de la justicia.
El juez Rojas Hidalgo de manera voluntaria abandonó el caso y por ende, no se concluyó la Audiencia Intermedia.
El mes pasado fue nombrado Aarón Hernández Chino, como el cuarto juez –en menos de año y medio— en “tomar las riendas” del litigio.
Aarón Hernández Chino lo primero que hizo, al tomar el asunto, fue ordenarle a la Fiscalía General del Estado (FGE) a que se cumpla con la orden –emitida un año antes— de restituir las tierras a sus propietarios.
Posterior a ello, la FGE ha encabezados dos operativos fallidos para regresar las 400 hectáreas a sus dueños. La segunda vez se fracasó porque apareció un grupo armado que hizo disparos al aire y el personal de la fiscalía no iba preparado para esa eventualidad.
Una segunda resolución del juez Aarón Hernández Chino es que desechó un recurso que presentaron los acusados mediante el cual pedías que se declarara sobreseído el proceso penal en cuestión.
Tales determinaciones no gustaron a los 8 acusados de invadir la Ex Hacienda de San José Zetina y por enésima vez, acusaron al juez de la causa de cometer delitos contra la administración de la justicia.
Y se repitió la historia: Aarón Hernández Chino de manera voluntaria se retiró como juez del caso.
Ahora se está a la espera de que, en unas tres semanas, se nombre al quinto juez de este asunto que amenaza con volverse eterno.
