Jesús Lemus
* Evaden partidos tema Chalchihuapan y nuevas detenciones; sólo el PRD habla y advierte riesgos
El caso Chalchihuapan aún no se ha terminado, advirtió el dirigente estatal del PRD, Eric Cotoñeto Carmona, en referencia a los hechos registrados el fin de semana pasado en el citado municipio donde fueron detenidas cinco personas por participar en la manifestación del pasado 9 de julio en la Autopista Puebla-Atlixco.
En tanto, los presidentes estatales del PRI y del PAN, Ana Isabel Allende Cano y Rafael Micalco Méndez, respectivamente, se negaron a ofrecer una postura al respecto.
En entrevista telefónica, el líder perredista, insistió que el caso Chalchihuapan aún no termina, por lo que dijo que las cosas deben revisarse con “pinzas”, luego de que el gobierno estatal ejecutó las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de los Humanos (CNDH).
“El tema sigue en el ojo del huracán, así que las cosas deben revisarse con pinzas. Los agentes ministeriales deben recibir una capacitación en materia de derechos humanos”, asentó.
Sin embargo, los dirigentes estatales del PAN y PRI prefirieron no hablar del tema y evitar entrevistas al respecto.
El personal de Comunicación del titular del PAN, Rafael Micalco Méndez, argumentó que nunca pudo contactar al responsable para conceder la entrevista.
No obstante, llama la atención que cuando el líder panista ofreció el pronunciamiento para destituir a los magistrados del Tribunal Electoral del Estado (TEE) por el tema de las 14 mil afiliaciones corporativas registradas en su partido, el personal de Comunicación del PAN, así como el propio Micalco Méndez, sí tomaron llamadas y concedieron todo tipo de entrevistas para saciar sus intereses personales.
En el caso del PRI, se planteó a quien esto escribe que su presidenta prefería enviar un comunicado para fijar su posicionamiento sobre las recomendaciones que la CNDH hizo al Ejecutivo del estado; a pesar de ello, el área de Prensa subrayó que el documento podría retrasarse (sin precisar límite de tiempo) debido a que llevaría las firmas de la presidenta, Ana Isabel Allende Cano, y de los diputados locales de la LIX Legislatura.
