Un maratón de opacidad de poco más de dos años está a punto de concluir, luego de que magistrados del Poder Judicial federal emitieron un falló contra la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), para que se entreguen cifra de despedidos de 14 dependencias del gobierno estatal.
Hace unos días, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito emitió la sentencia final bajo el expediente AR 39/2013, en la que confirma y ampara a este reportero para la entrega de la información.
La solicitud surgió ante una “ola” de despidos reportados por los afectados desde que inició el actual sexenio gubernamental, en 2011, sin que hubiera datos fidedignos del número total de burócratas dados de baja.
El alegato de la ponencia del comisionado Federico González Magaña para negar la entrega de información fue que el recurso de revisión fue interpuesto de manera extemporánea al ser presentado días antes de lo que contemplaba la ley.
Es la segunda ocasión, en un año, que un Tribunal Colegiado ordenó a la CAIP estudiar un recurso de revisión mediante un juicio de amparo y es su quinta derrota en los tribunales en poco más de 12 meses, todas contra resoluciones de González Magaña.
Ahora, por segunda ocasión, magistrados federales le corrigen la plana y sentencian que la CAIP incurrió en irregularidades violentando el derecho humano de acceso a la información.
Pero ahora ya dos tribunales colegiados de magistrados federales comprobaron fehacientemente que no hay ninguna legislación que prohíba que un ciudadano interponga antes de la entrega de información un recurso de revisión.
De este modo, ante el antecedente, la CAIP ya no podrá rechazar o sobreseer los recursos de revisión interpuestos antes de que concluya el tiempo de espera de la entrega de las respuestas.
Los amparos ganados fueron gracias al apoyo del Centro Ciudadano de Transparencia AC, con el que se echaron abajo los sobreseimientos del controvertido comisionado.
“Júzguenme por mi trabajo”, fue lo que pidió Federico González Magaña a su llegada a la CAIP en enero del 2013, debido las críticas por sus vínculos con el gobernador de Puebla. Ahora, a cerca de dos años, ya tiene cinco juicios perdidos.
Maratón de opacidad
En agosto de 2012, Intolerancia Diario realizó un ejercicio periodístico al preguntar a 31 instituciones descentralizadas el número de despedidos. En ese momento, sólo se sabía que más de 6 mil trabajadores habían sido dados de baja en oficinas gubernamentales.
Los 31 organismos descentralizados se uniformaron para dificultar el acceso a los datos. Pusieron a disposición la información, lo que quiere decir que se tenía que recoger personalmente en cada una de las oficinas los documentos, a pesar de que se pidió la modalidad de entrega vía electrónica.
“No contamos con la información digitalizada”, fue la frase que respondieron las Unidades Administrativas de Acceso a la Información (UAAI) para no contestar la solicitud vía Infomex o correo electrónico.
En 15 dependencias —todas de la ciudad de Puebla— sí se recogió la información de manera personal y en todas se encontró que los datos sí estaban digitalizados, lo que demuestra que hubiera sido fácil enviarlos vía mail.
En los 16 organismos restantes fue imposible acudir, ya que están ubicadas a varias horas de distancia al interior del estado. La opción fue presentar un recurso de revisión contra cada oficina ante la CAIP.
La queja o recurso de revisión quedó asentada porque se cambió la modalidad de entrega y pusieron la información a disposición, a pesar de que se confirmó, en muchos casos, que los datos los tenían guardados en sus computadoras.
Al recibir la queja, CAIP dividió los 16 recursos de revisión en dos expedientes, donde se analizarían 14 casos en el expediente 153/CESP-02/2012 y los dos restantes en el 138/COESPO-01 /2012.
Fue hasta el 10 de febrero de 2013, cuando Federico González Magaña se estrenaba con su primera ponencia, en medio de críticas en su contra por sus vínculos con el gobernador Rafael Moreno Valle al participar en su campaña electoral, pero aseguró que actuaría con transparencia.
Sin embargo, llegó con un proyecto de resolución endeble para sobreseer los recursos de revisión, refutado por su compañera Blanca Lilia Ibarra Cadena, quien dio argumentos legales, los que a la postre coincidirían con el de los magistrados federales.
Ibarra Cadena se excusó en uno de los recursos, debido a que tenía intereses personales en una dependencia, sin embargo, votó en contra del sobreseimiento en el segundo, donde se analizaría la opacidad de dos dependencias.
Pero hubo oídos sordos, como si Blanca Lilia jamás hubiera hablado. Federico, apoyado por el comisionado presidente Javier Fregoso Sánchez, ignoró olímpicamente los argumentos legales para que se entregara la información.
“(…) todos los recursos fueron presentados en forma se interpusieron el 6 de septiembre de 2012, resulta que fueron presentados de manera anticipada al término concedido, lo que los convierte en improcedentes”. Inmediatamente, Javier Fregoso señaló: “Estamos de acuerdo”.
Para los dos comisionados no fue importante el cambio de modalidad de entrega y votaron sólo por la fecha en que se interpusieron los recursos.
En una votación dividida, en el primero de muchos “mayoriteos” contra Blanca Lilia, Federico, junto con el comisionado presidente Javier Fregoso Sánchez, votó a favor del sobreseimiento en ambos recursos.
De este modo tiraban a la basura de un plumazo el trabajo periodístico para conocerse el número real de despedidos en los primeros dos años de trabajadores del gobierno de Rafael Moreno Valle.
Maratón de amparos
Debido a estas resoluciones se interpusieron dos juicios de amparo ante instancias federales, iniciando de este modo un largo camino y lucha legal por la transparencia, que duró cerca de más de un año y medio.
Estos juicios fueron interpuestos gracias al apoyo de Centro Ciudadano de Transparencia AC, quienes estudiaron y conformaron la solicitud ante las instancias federales.
El primero en tener sentencia definitiva fue el expediente 371/2013, de parte del segundo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito del Poder Judicial Federal.
Resolvió que CAIP debía admitir y estudiar el recurso de revisión tras la negativa de las dos dependencias descentralizadas señaladas para entregar información de sus despedidos.
Aunque el juez segundo de distrito había negado el amparo, se tuvo que recurrir a un recurso de revisión, donde se estudió a fondo y finalmente se concedió de parte del Tribunal Colegiado.
Tras una exhaustiva revisión del caso en seis meses, de parte de la magistrada ponente María Leonor Pacheco Figueroa y del secretario Edgar Salvador Vargas Valle, en su ponencia determinaron el juez segundo de distrito pasó por alto algunos puntos.
Revelaron diversas irregularidades en que incurrió la CAIP, como excesos de formalismos y no tomar en cuenta que no existe ninguna ley que prohíba presentar un recurso de revisión antes de las fechas marcadas.
Así como no haber aplicado el artículo 86 de la Ley de Transparencia, para suplir o corregir la deficiencia de la queja, y haber admitido el recurso de revisión y no desecharlo con un “exceso de formalismo”.
Se expuso que la jueza de distrito que no había concedido el amparo, no se ocupó del concepto de violación consistente en que la ley aplicable establece un plazo para interponer el recurso de revisión, pero no limita a presentarlo de manera anticipada.
“(…) Por tanto procedería conceder el amparo a la parte quejosa, pues conforme a lo expuesto por la Suprema Corte, un medio de defensa sí puede ser planteado antes de que inicie el plazo correspondiente”, sentencia la magistrada.
Lo anterior fue avalado por el magistrado presidente, José Francisco Cilia López, y José Ybrain Hernández Lima.
De este modo, el 3 de diciembre de 2013, de forma inédita, la CAIP, al no tener otra opción legal, acató la orden de los magistrados federales y cambió oficialmente por primera vez en su historia una resolución emitida.
Por lo tanto, ordenó a las dos dependencias del gobierno estatal entregar información de sus despedidos.
En entrevista posterior a la sesión extraordinaria, Federico González, culpó al Tribunal Colegiado del Poder Judicial federal de no haber estudiado a fondo el asunto
En cambio, sus compañeros celebraron la resolución de las autoridades federales y lo vieron de manera positiva al señalar que se marcaría un precedente para actuar y estudiar mejor sus resoluciones.
González Magaña insistió en tener la razón y a regañadientes acató la disposición, y argumentó o recordó que el juez segundo de distrito le había dado la razón.
Insistencia en opacidad
El segundo amparo que perdió CAIP, bajo el expediente 366/201, fue el 11 de diciembre del 2013, cuando juez décimo de distrito le ordenó corregir la resolución del sobreseimiento
Pero CAIP ahora no acató la orden de juez federal y recurrió al recurso de revisión de la sentencia, todo para no ordenar la entrega del número de despedidos de las 14 dependencias estatales restantes.
El juez federal les había ordenado dejara insubsistente la resolución reclamada en el sentido de sobreseer y emitiera otra en la que entre a fondo de los recursos interpuestos, algo similar a lo que demostraron los magistrados.
Pero el organismo prefirió alargar el proceso legal de amparo en lugar de dar la orden inmediata para transparentar la información. Fueron finalmente nueve meses más de espera, para que el tribunal colegiado ratificara la orden.
Los despedidos
Ahora, como en el primer amparo perdido por CAIP, tendrá que convocar a sesión extraordinaria, para dar la orden de entrega a las 14 dependencias estatales descentralizadas de la información del número de sus despedidos de febrero del 2011 a agosto de 2012.
Hasta la fecha se conoce que el 87 por ciento del personal que laboraban para en el anterior sexenio fue despedido en los primeros tres años de la administración de Rafael Moreno Valle Rosas.
Cifras oficiales han revelado que fueron despedidos 8 mil 441 de los 9 mil 687 trabajadores de confianza que se desempeñaban en las 16 dependencias estatales centrales hasta el 31 de enero del 2011, un día antes del cambio de gobierno.
Pero si se suman los 2 mil 80 despedidos, según otros datos proporcionados de 15 instituciones descentralizadas y de la Secretaría de Salud, la cifra de bajas llega a 10 mil 521 personas en la primera mitad del sexenio morenovallista.
Pero apenas 110 extrabajadores recibieron finiquitos, lo que significa que uno de cada cien despedidos o el 1.04 por ciento fue indemnizado, según otra respuesta de la Secretaría de Finanzas bajo el expediente 136/SFA-08/2013.
Todas las cifras han sido reveladas a este reportero mediante 34 solicitudes de información y el amparo ganado ante instancias federales a lo largo de cerca de tres años.
