En la Universidad Iberoamericana Puebla se llevó a cabo el Foro “Pensar, Decir y Manifestarse: Los Derechos Humanos y la Vigilancia de las Comunicaciones”, mismo que estuvo a cargo de organizaciones civiles del país y en donde se efectuó un recuento de los daños de la puesta en marcha y ejecución de la Ley Bala, así como un análisis sobre la recién aprobada Ley de Telecomunicaciones. Dicho espacio se dividió en dos mesas de trabajo, la primera titulada “Los 13 principios: Vigilancia de las Comunicaciones y los Derechos Humanos” y la segunda que llevó por nombre “La Ley Bala: Un recuento de los daños”.
La primera conferencia estuvo a cargo de Katitzia Rodríguez de Electronic Frontier Foundation, Katarzyna Szymielewicz de la Panoptykon Foundation y Luis Fernando García de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, todos ellos moderados por Mayeli Sánchez Martínez del Colectivo ADA.
Durante su participación Katitzia Rodríguez destacó el alto impacto que tienen las nuevas tecnologías en la represión de manifestaciones y la vigilancia de las mismas, esto porque el desarrollo de equipos de detección de rostros y datos hacen que los manifestantes se sientan intimidados. “Este tipo de vigilancia hace que el anonimato se pierda y la invasión a la privacidad se vuelve una herramienta para quienes detentan el poder”.
Asimismo, la activista argentina señaló que existen ya varios métodos de vigilancia y control, uno de ellos es la recién aprobada geolocalización y otra técnica llamada IMSI Catcher, en la primera las autoridades y el Estado pueden solicitar información a las empresas para obtener conversaciones, números y la ubicación de cualquier persona; en la segunda, las corporaciones policiacas y de inteligencia realizan este mismo trabajo pero de manera clandestina, es decir, se ubican en un punto de la marcha e interceptan las comunicaciones de todas las personas que se encuentran en la zona y en la hora de la protesta.
Por su parte, la activista polaca, Katarzyna Szymielewicz, señaló que ante esta ola de represión por parte del Estado, es fundamental que entre las propias organizaciones se cuiden y exhortó a la ciudadanía a que tengan mayor precaución en el manejo de sus redes sociales ya que con las leyes que actualmente se están aprobando el Estado tiene mayor control sobre la información que ahí se maneja.
Finalmente, Luis Fernando García afirmó que del total de averiguaciones previas más del 64% no pasa a juicio, lo cual hace que el proceso se quede en el vacío y la información en manos de las autoridades y con ello abriendo una puerta para el abuso de poder. La retención de datos y la geolocalización son lo mismo solo que una atenta hacia lo pasado – conversaciones de tres años a la fecha- y la segunda toma la información en tiempo real. “En el 2009 solo la Procuraduría tenía acceso a los datos de las personas, hoy con la nueva ley un sinfín de instituciones tendrán paso a la información”.
En lo que corresponde a la conferencia “La ley Bala: Un recuento de los daños” esta estuvo integrada por Lucila Quintero Rosas, hija de la activista Enedina Rosas; Leopoldo Maldonado de la organización Artículo 19; Roberto Alonso de la AMEDI Capítulo Puebla; Javier Montes Bautista, presidente auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan y Simón Hernández de ProDH, todo ellos moderados por la directora del IDHIE, Galilea Cariño Cepeda.
Durante su intervención Lucila Quintero y Javier Montes expusieron su versión de los hechos en cuanto a la detención con violencia de la que fue víctima su madre, opositora al Gasoducto Morelos, Enedina Rosas, la cual fue interceptada por la policía en la carretera Izúcar de Matamoros. Mientras tanto, el Presidente Auxiliar de Chalchihuapan señaló que cuentan con más de 300 pruebas para evidenciar la brutalidad policía de la que fueron víctimas, elementos que proporcionarán al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia, durante su vista a la localidad.
De igual forma, Roberto Alonso del Capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información destacó que el orden social no se alcanzará con más policías y abundó que la protesta es un punto importante en toda sociedad, pues es un catalizador que exalta la dignidad humana y la libertad de expresión. “Existe un retroceso democrático y eso lo podemos observar en lo lento que resulta analizar y echar atrás dicha ley pese a lo rápida que fue su aprobación por parte del Congreso del estado”.
Cerraron este Foro los activistas Leopoldo Maldonado y Simón Hernández, ambos integrantes del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, quienes abundaron que la represión se ha convertido en un fenómeno global y cuya exageración en México coincide con la llegada del PRI al poder. “Nos preocupa lo que pasa en Puebla y en el país, las consecuencias de dicha represiones son notorias y un ejemplo de ello es lo sucedido en Chalchihuapan”, concluyeron.
