El organismo rector de jueces y magistrados presentó ambas denuncias penales por considerar que los magistrados actualmente suspendidos incurrieron en operaciones riesgosas de lavado de dinero, ya que los citados funcionarios judiciales realizaron transacciones inusuales de dinero que no corresponden con los salarios que devengaban como servidores públicos.
El Consejo de la Judicatura detalló que en el caso de Luna Altamirano encontró irregularidades graves en la tramitación y resolución de 12 juicios de amparo y apelaciones penales; conducta que coincidió con la obtención de ingresos no justificados distintos a los que cobraba por el desempeño si su cargo.
En lo que se refiere a Figueroa Cacho, la Judicatura Federal detalló que realizó operaciones bancarias y transacciones financieras inusuales con empresas dedicadas a la compra-venta de metales y joyas del Estado de Jalisco, incluyendo el cobro de cheques expedidos a nombre de tres mujeres desconocidas y posteriormente endosados a su favor.
Ante las irregularidades cometidas por ambos magistrados actualmente suspendidos sin goce de sueldo, el CJF advirtió que mantendrá la vigilancia sobre todos los funcionarios del Poder Judicial, con el propósito de que “se conduzcan con ética y los más altos estándares de calidad e imparcialidad, en el desempeño de sus funciones”.
De igual forma, defendió su decisión de divulgar los nombres de los jueces y magistrados que son suspendidos de sus cargos para ser investigados y sancionados, argumentando que se trata de una “política pública de transparencia y rendición de cuentas”.
Por último, destacó que existen más de mil 200 jueces y magistrados dentro del Poder Judicial, la mayoría de los cuales actúan con ética y lealtad a lo que marca la Constitución.
