Víctor Manuel Giorgana, titular de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, señaló que la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza no tiene como objetivo criminalizar las protestas ni manifestaciones sociales.
Sostuvo que la norma dará garantías a quienes participen en dichos movimientos, sosteniendo que será empleada en los casos de legítima defensa, siendo responsabilidad de los mandos de seguridad.
PT y MC, en contra
Los diputados locales, Mariano Hernández e Ignacio Alvízar, por los partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano, respectivamente, votaron en contra de la ley, misma que fue avalada en el Legislativo con 32 sufragios a favor y cinco negativos.
En este sentido, Mariano Hernández, la comparó con la aprobada en la ciudad de México sobre el mismo tema, considerándola “una forma de represión”, y adelantó que estará al pendiente que no se utilice como un medio para atacar la libertad de asociación de los poblanos.
Mientras tanto, en igual tenor, Ignacio Alvízar, indicó que la norma está rodeada de ambigüedad y sustentada en criterios que nombró “no muy claros”, adelantando que podría ser motivo de una aplicación basada en errores.
Finalmente, opinó que las autoridades ya contaban con elementos legales para ejercer el uso de la fuerza en casos donde la violencia se hiciera presente en manifestaciones, por lo que esta ley no era necesaria.
