Investigaciones que, con toda seguridad, desencadenarán sanciones, algunas verdaderamente severas, es lo que sigue en la ruta inexorable de la limpieza al Poder Judicial del estado de Puebla que comenzó este jueves con los primeros pasos para la implementación de la reforma constitucional.
Nadie que haya cometido delitos, como parte de un mal ejercicio de su función jurisdiccional, puede sentirse a salvo con los cambios que se hicieron, como si se tratara del punto final.
Para decirlo con toda claridad, ante las dudas: Héctor Sánchez Sánchez no adquirió, con su renuncia a la presidencia del Poder Judicial, una patente de impunidad; si algo oscuro acarrea, como es lógico suponer, deberá pagar.
La limpieza interna de la casa apenas comienza.
El lunes pasado, tras alcanzar el número de 109 cabildos —siguen más todavía— que ya la avalaron, se publicó la reforma.
El martes entró en vigor y este jueves la presidencia del Tribunal Superior de Justicia tiene a una mujer, por primera vez, en la magistrada Margarita Gayosso Ponce.
Llega con pleno respaldo de sus colegas magistrados.
Es una elección natural y ella lo consigue de una manera genuina, legítima y merecida.
Al Consejo de la Judicatura arribó Carlos Palafox Galeana, un jurista de formación pura y muy sólida.
La estatura de los dos le da una nueva dimensión al Poder Judicial del estado.
En las próximas semanas, con la misma asepsia, vendrá la integración del Tribunal Constitucional y de Justicia Administrativa.
Con las reglas que marca la reforma, con la participación de los tres poderes, en su rango de intervención.
En la ruta, también deberá realizarse una operación jurídica, política y presupuestal.
Este nuevo poder y sus brazos e institutos requerirán de más recursos.
La reforma es de fondo.
El aseo interior es indispensable.
Los remiendos aquí no caben.
