El cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) otorgado por el Congreso del Estado a 144 municipios de Puebla provocó molestia y protestas ciudadanas que han llegado a enfrentamientos. Van tres alcaldes que se echaron para atrás y ocho más que se están desistiendo.
Luego de la aprobación de las Leyes de Ingresos para 2022 con la adición del cobro del DAP y su aplicación a partir del primer minuto del mes de enero, los habitantes de 11 municipios reclamaron a sus autoridades por esta contribución.
La serie de protestas y manifestaciones realizadas durante las últimas semanas debido a que los ciudadanos argumentaron que la fórmula aplicada disparó los montos que deben cubrir de manera bimestral.
El Poder Legislativo recibió, hasta el momento, los oficios de desistimiento de los Ayuntamientos de Coxcatlán, Santiago Miahuatlán y San Gabriel Chilac, después de las movilizaciones realizadas.
Otros municipios con protestas
En el municipio de Zinacatepec las protestas se han vuelto violentas e incluso los habitantes han confrontado a los uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acusando una presunta represión a sus manifestaciones de inconformidad.
Esta misma situación se presenta en Tehuacán, Ajalpan, Coyomeapan, Tepanco de López y Nicolás Bravo, en donde sus pobladores han salido a las calles a protestar por el cobro del DAP.
Mientras que, en los municipios de San Pedro Chapulco y Zapotitlán Salinas, sus autoridades municipales convocaron a los regidores a una sesión de Cabildo para echar atrás este cobro.
Argumento para el cobro del DAP
De acuerdo con el Congreso de Puebla y las Leyes de Ingresos publicadas en el Periódico Oficial del Estado (POE), el cobro del DAP se aplicará con una nueva fórmula basada en la división del costo total del servicio entre el número de cuentas prediales registradas.
“En consecuencia, se establece una fórmula que determine una contribución que se encuentre libre de los vicios de inconstitucionalidad señalados; es decir eliminando cualquier relación del Derecho de Alumbrado Público con el consumo de energía eléctrica”.
“Lo anterior en el entendido de que cuando se utiliza como cuota para el pago de este derecho, la cantidad que resulte de dividir el gasto total del servicio de alumbrado público entre el número de sujetos obligados, se establece un esquema tributario que cumple con los parámetros de constitucionalidad ya establecidos con anterioridad por el Poder Judicial de la Federación, en estricta salvaguarda de las garantías tributarias de legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria, y en beneficio de la Hacienda Pública Municipal”.
En el caso particular del municipio de Coxcatlán, su Ley de Ingresos en su artículo 41 la cuota para el pago del DAP para cada propietario o poseedor de bienes inmuebles ubicados en la demarcación será de 349.60 pesos.
Esta cantidad deberá ser pagada de manera mensual o bimestralmente si la recaudación se realiza a través de la empresa u organismo suministrador de energía eléctrica.
Mientras que en San Gabriel Chilac se estableció una tarifa de 30.72 pesos y en Santiago Miahuatlán sería de 80.57 pesos con los que se aseguró estaría garantizada la prestación del alumbrado público.
Diputados se confrontan
Luego del desistimiento de los primeros Ayuntamientos sobre el cobro del DAP, el presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, Jorge Estefan Chidiac, se pronunció en contra de esta determinación.
Consideró que es un error que los alcaldes estén dando marcha atrás a la solicitud que hicieron, en diciembre de 2021, para obtener recursos económicos porque no hay dinero para que se les retribuya lo que dejarán de percibir, por lo que advirtió que enfrentarán dificultades financieras.
“Seguramente estos municipios nadan en dinero para renunciar a un ingreso que han tenido los últimos 20 años, es lamentable que hayan llamado a la violencia a la comunidad, pero por favor yo quisiera ir ahorita a México a tomar la Secretaría de Hacienda para que me quiten el IVA, de una vez, y si me puede quitar el Impuesto Sobre la Renta ojalá, hay que tomar Pemex para no pagar gasolina”.
Condenó que los alcaldes hayan cedido a presiones de grupos políticos que están promoviendo protestas ciudadanas para reclamar presuntos cobros excesivos por el DAP y la participación de la diputada federal por Morena, Inés Parra Juárez.
Por su parte, el diputado local por el PAN, Rafael Micalco Méndez, expresó que los ediles están en su derecho a revertir su decisión luego de reconsiderar que sí habría una afectación a la economía de los ciudadanos por el cobro del DAP.
Defendió el derecho a la libre manifestación y expresión de inconformidades de los ciudadanos y aseguró que los legisladores que votaron en contra de esta solicitud respaldan las movilizaciones siempre que estas sean pacíficas y apegadas a la ley.
“Hay un derecho para la manifestación de ideas, hay derecho para promover lo que se tenga que promover en función de los ciudadanos siempre que se haga respetando la ley, ojalá en estos municipios no se llegue a ninguna situación extrema y que lamentar, ojalá y no, pero finalmente si lo ingresaron los Cabildos, pero detrás de ellos hubo alguien”.
Expuso que más de 70 presidentes municipales no solicitaron el cobro del DAP por lo que desestimó que pudieran enfrentar alguna complicación financiera en el ejercicio fiscal 2022 porque valoraron su presupuesto y el bienestar de los ciudadanos.
