La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el litigio entre integrantes de la familia Jenkins, quienes enfrentan órdenes de aprehensión y permanecen prófugos, acusados de desviar 14 mil millones de pesos de la Fundación Mary Street Jenkins.
De acuerdo con el periódico La Jornada, la solicitud fue promovida por Elodia Sofía de Landa Irizar, Margarita Jenkins de Landa, María Elodia Jenkins de Landa, Juan Guillermo Eustace Jenkins, Juan Carlos y Roberto Jenkins de Landa.
Ellos combaten la impugnación de la Fiscalía General de la República (FGR) porque una juez de amparo les permitió ampliar su demanda, presuntamente fuera del plazo legal.
Este tipo de peticiones no pueden ser procesadas a menos que uno de los ministros de la SCJN la promueva, lo que ocurrió en este caso, según consta en el acuerdo publicado en estrados: “ante la falta de legitimación de los quejosos, el ministro Juan Luis Alcántara Carrancá decidió de oficio hacer suyo el escrito de solicitud de ejercicio de la facultad de atracción”.
La Jornada citó que será la primera vez en que el máximo tribunal del país intervendrá en el litigio que empezó desde 2016, cuando se denunció ante la FGR un esquema de defraudación, en el cual se constituyeron diversas fundaciones, incluso en Panamá, a las cuales se desviaron los fondos de la Fundación Jenkins.
Cabe señalar que tras estas acusaciones, el gobierno de Puebla también inició un proceso a través de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada para recuperar los bienes de la Fundación, y por orden de un juez tomó control del campus de la Universidad de Las Américas Puebla desde junio pasado.
