Este fin de semana se publicaron los resultados de la segunda convocatoria para el nombramiento de 11 supervisiones de Educación Superior que quedaron pendientes, con las mismas irregularidades de la primera convocatoria.
Entre las personas seleccionadas hay al menos dos que ni siquiera cumplen con el requisito de contar con maestría o doctorados afines a la educación: María del Carmen Lobato Miñón y Araceli Rodríguez Lara.
La primera ya había sido supervisora en 2017 gracias a los buenos oficios del entonces subsecretario de Educación Superior, Ignacio Alvízar Linares, sin embargo, su nueva designación violenta varios de los requisitos que se exigieron en la nueva convocatoria, ya que María del Carmen sólo tiene estudios acreditados de licenciatura en Ingeniería Química de la BUAP, pero no estudios de postgrado en educación.
Tampoco cuenta con una antigüedad mínima de 5 años en funciones o prácticas docentes, de apoyo técnico pedagógico o de dirección de una institución de educación superior, por lo que sería conveniente que la SEP explicara qué autoridades le expidieron las constancias con las que pudo justificar estos requisitos fundamentales.
En la misma situación se encuentra Araceli Rodríguez, quien según el Registro Nacional de Profesiones sólo cuenta con licenciatura en Educación Media en el área de Ciencias Naturales, pero no maestría ni doctorado. Para no dejar dudas sobre su nombramiento, la SEP debería hacer públicos los documentos con los que supuestamente cumplió las bases de la segunda convocatoria.
Las otras designaciones recayeron en Emelia Odette Castellanos Cervantes, María Eugenia de la Calleja Méndez, Hassive Maylet Fortozo Cruz, Claudia González Gutiérrez, Luis Manuel González Ruiz, Dolores Ciria Martínez Espinoza, Rocío Estela Meza Cabrera, Mireya Minero Rubio y Araceli Navarro Pérez.
De estas repiten como supervisoras de Educación Superior, aunque todavía no se sabe en qué zonas escolares, Emelia Odette Castellanos, pese a que en realidad se desempeña como secretaria técnica de la Sección 51 del SNTE desde 2016; María Eugenia de la Calleja, Claudia González y Araceli Navarro.
Otros de los seleccionados son: Hassive Maylet Fortozo, quien podría verse envuelta en un conflicto de interés, pues además de laborar para la SEP lo hace en el Instituto Universitario Puebla (IUP) de Gustavo Santín Nieto; y Luis Manuel González, quien nunca ha sido docente en una institución de educación superior, por lo que incumple con varios de los puntos de la convocatoria, en particular el del apartado cuarto de la evaluación: producción, desempeño y gestión académica.
Los últimos de la lista son: Dolores Ciria Martínez, quien es directora del Centro de Estudios Superiores en Alta Dirección y Desarrollo Académico (Cesadyda) de la Sección 51 del SNTE; Rocío Estela Meza, a quien tampoco se le conocen prácticas docentes ni de dirección al frente de una institución de educación superior; y Mireya Minero, cuya antigüedad de 5 años en nivel de educación superior es cuestionable, y eso considerando que estuvo de comisión los dos últimos años para cursar un doctorado.
Como usted podrá observar, no hay un cambio sustancial en estos nombramientos con respecto a lo que ocurría en anteriores gobiernos. En la SEP de la 4T de Puebla se mantienen las prácticas clientelares del pasado con honrosas excepciones, pues las supervisiones se continúan entregando a recomendados de políticos, líderes del SNTE, y de la subsecretaria de Educación Superior, América Rosas Tapia.
Para ver el listado completo de la primera y la segunda convocatoria, y conocer quiénes de los seleccionados no acreditan el cumplimiento de los requisitos establecidos por la SEP, haga clic aquí.
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Limpia en la Secretaría de Gobernación
En las últimas horas vienen dándose una serie de despidos en la Secretaría de Gobernación del estado que alcanzan al subsecretario de Desarrollo Político, Pierre Ramos Luis, y a su enlace administrativo, Jesús López.
Otro que también habría salido de la dependencia es Armando Pelayo, adscrito a la Coordinación de Asesores de la Segob, y tres subordinados suyos.
Estos ajustes se suman a los despidos previos del subsecretario de Gobernación, Ardelio Vargas Fosado; su coordinador de Delegaciones, Hugo Cruz Cruz, y de los coordinadores de Protección Civil, José Luis Flores Gómez y José Antonio Ramírez Hernández, supuestamente por ineficientes.
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