La presidenta de la Comisión Inspectora en el Congreso, Olga Lucía Romero Garci Crespo, aseveró que la revisión de cuentas públicas y sanciones aplicadas fueron con estricto apego a derecho y no “una cacería de brujas” como ocurrió en el pasado.
Destacó que el trabajo realizado por la comisión se ha conducido bajo estrictos criterios técnicos y no políticos así como lo ha realizado la Auditoría Superior del Estado (ASE) fiscalizando el uso de los recursos públicos.
Subrayó que pese a las complicaciones generadas por la pandemia de Covid-19 todos los sujetos obligados de revisión pudieron ejercer su derecho de audiencia para solventar las observaciones realizadas a sus cuentas públicas para evitar algún tipo de sanción.
“A todas las denuncias se les tiene que dar seguimiento, obviamente, y sí hay muchas irregularidades y observaciones en muchas de las auditorías que se han llevado a cabo por lo mismo; por todos estos ciudadanos que han estado metiendo sus denuncias y que no se pueden dejar en el olvido, como antes se hacía, y se tienen que tomar en cuenta y ver qué es lo que está pasando”.
Romero Garci Crespo aseveró que la Comisión Inspectora dejó de ser utilizada como “garrote político” y adelantó que al cierre del tercer periodo de sesiones dictaminaron las cuentas públicas de 49 ex alcaldes y ex titulares de organismos públicos descentralizados.
