Las medidas cautelares impuestas por la jueza Miriam Huerta Lechuga el 24 de mayo a Andrés García Viveros han sido rotas por el propio imputado desde el primer momento, una vez que, pese a haber sido separado de su cargo en el ayuntamiento de Puebla, ha seguido enviando órdenes a los secretarios con el supuesto aval de Claudia Rivera Vivanco.
Esta violación a las medidas cautelares afecta gravemente lo impuesto por la jueza, pues el espíritu de las también llamadas “providencias” busca que “quien se sienta legitimado procesalmente pueda solicitar al juzgador, a manera de prevención, que la persona contra quien va a enderezar una acción, haga o deje de hacer determinada cosa”.
La jueza le impuso las medidas cautelares a García Viveros no sólo para preservar o restituir el goce de los derechos fundamentales de su joven víctima, quien, faltaba menos, lo denunció por hostigamiento sexual.
Lo hizo también para evitar que el depredador —coordinador ejecutivo de la presidencia municipal— lastimara los derechos de otras subordinadas suyas.
Pero esas medidas cautelares van más allá al ordenar la jueza que García Viveros fuera retirado de su cargo en lo que se realiza el proceso penal.
Lo que se busca con esas “providencias” es provocar que el imputado pierda el poder que lo ha llevado a actuar de la manera que lo hizo con su víctima, en aras de evitar la realización de un daño de difícil o imposible reparación.
(Disculpe el hipócrita lector el lenguaje que borda mediocremente en lo jurídico).
El siguiente silogismo explica muy bien el eje de la trama.
Todo pulpo tiene tentáculos.
García Viveros es un pulpo.
García Viveros tiene tentáculos.
¿Qué hacen sus tentáculos?
Extender su influencia, el dominio o la presión.
Es decir: extender su poder.
Ese poder que en teoría perdió una vez que la jueza Huerta Lechuga le impuso las medidas cautelares.
La primera evidencia de que ese poder seguía intacto fue cuando quien esto escribe publicó días antes de la elección del 7 de junio que García Viveros seguía manejando su brutal estructura a través de un tipo con apellido de pirata y filibustero: Morgan.
Alejandro Adolfo González Morgan, director de Oficialía de Partes, quien despacha en la misma área de la célebre oficina que ocupa virtualmente su jefe.
Morgan habla con el coordinador ejecutivo de la Presidencia (en pausa) todos los días.
Y lo hace para recibir órdenes, cruzar la información que recaba y ponerse de acuerdo en la habitual entrega de los recursos económicos generados.
Morgan es el personero de García Viveros y es uno de los que baja las órdenes de su jefe a los secretarios.
Es, pues, de los que les dice qué hacer, cómo hacerlo y con quién hacerlo.
La segunda evidencia de que las medidas cautelares impuestas por la jueza han sido rotas la dio el periodista Ignacio Juárez en un reportaje publicado en ContraRéplica Puebla el viernes pasado.
Y ésta tuvo que ver con la intempestiva renuncia a la Contraloría municipal de José María Sánchez Carmona.
Nacho Juárez desveló así la trama:
Más tardó el funcionario en dar a conocer su salida que en conocerse las verdaderas razones: todo fue un ajuste de cuentas.
García Viveros le cobró muy caro su negativa de avalar al grupo de despachos que quería imponer para el proceso de entrega-recepción y que recibirán 15 millones de pesos para las tareas.
También lo ajustició por las constantes confrontaciones con su protegida Pamela Galindo Jiménez y, de paso, por rechazar ampliar el tiempo de las auditorías que tienen en vilo a la administración riverista.
Qué historia.
Y qué terrible que las medidas cautelares impuestas por la jueza sean la burla de García Viveros.
Metafóricamente hablando: el depredador se quitó el condón.
¿Qué pensarán en el Poder Judicial de este brutal desacato?
Fitis ritis in mermerus, locutus aproni
