Por Fermín Alejandro García
La venta de propuestas de plazas por parte de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) siempre ha sido un secreto a voces, pero nunca ha llegado a instancias judiciales. Sin embargo, ahora sí ya hay una demanda que implica al secretario general de la sección 1 del SNTSS, Sergio Herrera Vázquez, así como a por lo menos un alta funcionaria del IMSS en Puebla.
Ese caso es una minúscula muestra de lo que parece ser un enorme entramado de corrupción.
Por la epidemia del Covid–19 se tuvo que contratar a unos mil 500 trabajadores para que el IMSS en Puebla pudiera enfrentar una de las emergencias sanitarias más severas desde que nació el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Y algunos conocedores del tema estiman que por lo menos el 50 por ciento de esos puestos de trabajo habrían sido objeto de “la venta de propuestas” por parte de miembros de la sección 1 del SNTSS.
Se dice que la cantidad menor que se habría pedido, en caso de ser cierta esa versión, fue de 50 mil pesos para que el sindicato planteara la contratación de algún galeno, enfermera o un trabajador de apoyo médico.
En algunos casos, se habría exigido hasta más de 80 mil pesos por el derecho de entrar a laborar al IMSS.
Si se parte de la idea de que se habrían cobrado 50 mil pesos por cada una de las vacantes, se estaría hablando de “un negocio” de al menos unos 37.5 millones de pesos. Una cantidad nada despreciable si se toma en cuenta que rebasa todos los ingresos de la sección 1 del IMSS, que al año percibe unos 24 millones de pesos de cuotas sindicales.
El problema de fondo es que en el IMSS el sindicato tiene amplias facultades para decidir el ingreso y la contratación del personal médico, de enfermería y de apoyo, que son la esencia de dicha institución de seguridad social.
Primera audiencia
Hubo el caso de una mujer que habría pagado 60 mil pesos por una plaza de apoyo médico.
Esta mujer demandó por el incumplimiento de la adjudicación del puesto de trabajo al secretario general de la sección 1 del SNTSS, Sergio Herrera Vázquez, y al chofer del mismo, un hombre conocido con el alias de “El Cabrito”; así como a Gabriela Pérez Arcega, quien es la jefa de Personal de la delegación del IMSS Puebla y quien es una mujer muy cercana al dirigente priista y exsecretario de Finanzas en el estado, Jorge Estefan Chidiac.
Hay un segundo funcionario del IMSS demandado, del que no se tiene mayor información.
El lunes de la semana pasada, se realizó la primera audiencia de carácter conciliatorio, en la que llamó la atención por dos aspectos:
Primero: estaban citados todos los implicados, pero únicamente acudió “El Cabrito”, que es el chofer del líder sindical.
Segundo: se dice que “El Cabrito” habría propuesto a la agraviada por el timo que se le regresen 45 mil de los 60 mil pesos que supuestamente pagó por la plaza.
Eso de alguna manera es reconocer que si habría existido el tráfico y el cobro ilegal por el puesto de trabajo en cuestión.
Aún no se sabe si la demandante aceptará la propuesta de “El Cabrito”, pues ella ha peleado hasta instancias nacionales del IMSS, que incluye haber mandado una misiva al presidente Andrés Manuel López Obrador, que se le de el puesto solicitado, ya que ella pasó los exámenes de reclutamiento laboral.
La historia de este caso sería la siguiente:
Esta mujer se acercó a la sección 1 del SNTSS. Habría pagado los 60 mil pesos por “la propuesta” de la plaza y el tiempo para definir si ingreso al IMSS se alargó más de lo normal.
El padre de la joven, que es un trabajador del IMSS, empezó a cuestionar el trabajo de Sergio Herrera, el líder sindical, y esas críticas llegaron a oídos de los dirigentes, que entonces decidieron no darles la plaza aunque hubieran pagado.
Más allá del soborno sindical, esta mujer presentó los exámenes en el IMSS y los aprobó todos.
Cuando ya estaba solo a la espera de su matricula laboral, le negaron este último requisito, únicamente con el argumento de que “no te lo damos porque no queremos”.
Se entrevistó con funcionarios de la delegación del IMSS, que analizaron el caso y le respondieron que no había motivos para negarle la matricula, pero aun así no se la dieron.
La agraviada se quejó en la presidencia de la República, en donde el caso lo turnaron con Zoé Robledo Aburto, el director general del IMSS, quien a su vez pasó el asunto al Órgano de Control Interno del Seguro Social, mismo que determinó que se le debía dar la plaza a la demandante, pero el expediente lo remitió a Gabriela Pérez Arcega, la jefe de Personal en Puebla, quien le negó el ingreso laboral a la afectada.
Para nadie es un secreto que, desde hace muchos años, Gabriele Pérez obedece ciegamente las órdenes del sindicato ¿Por qué será?
