En junio de este año, una serie de correos electrónicos y comentarios en redes sociales señaló como acosador sexual a Gerardo Tejeda Foncerrada, presidente del Consejo de Directores de la Escuela Libre de Derecho A.C., una prestigiada institución académica de Puebla.
La acusación original provino de una trabajadora de esa casa de estudios, de nombre Adalit Lozada Aguilar, quien incluso interpuso la denuncia 993/2011 en la Agencia Especializada en Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales.
El escándalo, sin embargo, con el paso de los meses, tomó otro rumbo: de un supuesto acoso sexual se pasó a un asunto meramente laboral.
La historia no tiene desperdicio.
De acuerdo con el despacho de abogados Álvarez y Asociados, representado por Laura Gabriela Galicia Marín y Napoleón Álvarez Nieto, en junio de 2012 Adalit Lozada externó su deseo de no laborar más en la Escuela Libre de Derecho, por lo que el personal administrativo procedió a calcular su finiquito.
No obstante, la empleada se negó a recibirlo argumentando que se trataba de una cantidad ínfima, casi ofensiva, y que sus pretensiones eran mucho mayores.
La institución le señaló que no podía pagarle la cifra que solicitaba por ser excesiva y al no obtener una respuesta favorable, procedió a hablar con Tejeda Foncerrada, quien le manifestó que ratificaba la decisión del personal administrativo.
Adalit Lozada respondió que lo lamentaba mucho, pero que de una u otra manera lograría el pago del dinero que exigía por el fin de la relación laboral.
Fue ahí que tomó la decisión de presentar la denuncia argumentando un presunto acoso sexual por parte del directivo.
Según los abogados de éste, quienes proporcionaron al columnista un resumen de los hechos y el expediente completo del caso, esta averiguación previa, lejos de corresponder a una realidad, fue un instrumento de presión para lograr el pago del finiquito.
El pasado 4 de julio, ambas partes llegaron a un acuerdo y ante el presidente de la Junta Especial número 1 de la local de Conciliación y Arbitraje, firmaron el convenio número 1302/2011, mediante el cual la Escuela Libre de Derecho pagó a Adalit Lozada la cantidad de 30 mil pesos “por concepto de todas y cada una de las prestaciones que reclamó”.
De la misma forma, la ex empleada compareció ante el Ministerio Público para desistirse de su denuncia y solicitar el archivo de la misma, otorgando su “perdón” a Tejeda Focerrada “en el entendido de que no tiene más elementos que aportar tomando en cuenta que el asunto es eminentemente de índole laboral…” (sic).
Desde entonces, pese a ello, la reputación del presidente del Consejo de Directores ha estado en entredicho, e incluso ha sido causa de ataques verbales injustificados en contra de sus familiares más cercanos.
Pero el asunto está totalmente concluido. No hay delito que perseguir y Gerardo Tejeda Foncerrada no debe nada a nadie. Es inocente. Así consta en los archivos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ).
Un caso, sin duda, de la Puebla Real.
