El objetivo es dotar de mayor certeza jurídica a los procedimientos de registro y calificación de contratistas, estableciendo con claridad las atribuciones de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno como autoridad responsable de administrar los padrones y los procesos de calificación, fortaleciendo así los principios de eficiencia, eficacia y transparencia en la obra pública estatal.

Asimismo, se actualiza y armoniza las referencias normativas, sustituyendo las denominaciones de ordenamientos jurídicos que han sido modificados o aprobados por las correspondientes referencias a las leyes actualmente vigentes, con la finalidad de garantizar la congruencia del marco jurídico y brindar mayor certeza en la aplicación de este ordenamiento.

Durante el análisis del dictamen, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales consideró que los requisitos para obtener la calificación que permita ejecutar obra pública deben permanecer establecidos en el reglamento correspondiente y no quedar sujetos a determinaciones administrativas de una dependencia. En ese sentido, se pronunció por mantener la redacción vigente del artículo 57.

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Por su parte, el diputado Marcos Castro Martínez expresó la necesidad de precisar si la atribución corresponde a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, al órgano interno de control o a los comités de obra municipales, a fin de evitar posibles afectaciones al ámbito competencial de los ayuntamientos.

En su intervención, la diputada Norma Estela Pimentel Méndez respaldó las reformas a la Ley de Obra Pública al señalar que se sustentan en los artículos 108 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen que el manejo de los recursos públicos y los procedimientos de contratación deben regirse por los principios de eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia.

Añadió que incorporar estas disposiciones directamente en la ley, y no únicamente en el reglamento, brindará mayor certeza jurídica, fortalecerá la rendición de cuentas y contribuirá al combate a la corrupción.

A la sesión del órgano colegiado asistieron las diputadas Norma Estela Pimentel Méndez y Fedrha Isabel Suriano Corrales, así como los diputados Óscar Mauricio Céspedes Peregrina, Marcos Castro Martínez y Jaime Alejandro Aurioles Barroeta.

El cargo Comisión del Congreso avala reformas para fortalecer la transparencia en la obra pública estatal apareció primero en Reto Diario.

La decisión, explicó la mandataria, responde a solicitudes formales y a lo que establece la normativa vigente en materia administrativa.

“Hubo solicitudes de que se abriera una investigación y así dice la ley, tiene que abrirse de manera automática. Lo que tiene que revisarse es si se violó alguna norma en ese sentido”, señaló.

Qué se investiga

El caso se deriva de una investigación periodística que documentó que Marcelo Patrick Ebrard habría residido en la sede diplomática en Reino Unido entre junio de 2021 y enero de 2022, mientras realizaba estudios. De acuerdo con la información difundida, durante ese periodo contó con servicios del personal asignado a la residencia oficial.

Ante ello, el gobierno federal busca determinar:

• Si hubo uso indebido de instalaciones diplomáticas
• Si se incurrió en beneficios no permitidos por la normativa
• Si existió alguna falta administrativa o legal

Sheinbaum evita prejuzgar

La presidenta insistió en que no corresponde al Ejecutivo adelantar conclusiones y que el proceso debe centrarse en la revisión legal.

“Bueno, lo que hay que ver es si hubo alguna falta legal, jurídica y en todo caso normar si no existen esas normas. Normar las características de las Embajadas”, indicó.

Con ello, dejó abierta la posibilidad de que, más allá del caso concreto, se revisen los lineamientos que regulan el uso de inmuebles diplomáticos.

Postura de Ebrard

Por su parte, Marcelo Ebrard reconoció públicamente la estancia de su hijo en la residencia, pero rechazó cualquier irregularidad.

“No usamos ningún recurso indebidamente”, afirmó, al sostener que la conducta fue “intachable” y que durante ese periodo se desarrollaron actividades como una exposición sobre salud mental en el contexto de la pandemia.

Marco ético en la Cancillería

El caso ha puesto bajo revisión los criterios del propio marco normativo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuyo Código de Ética —firmado en 2021 por el propio Ebrard cuando era canciller— establece que los servidores públicos deben:

• No aprovecharse del cargo para beneficios personales
• Evitar privilegios indebidos
• Garantizar un trato equitativo a la ciudadanía

Investigación en curso

Con la apertura formal del proceso, será la Secretaría Anticorrupción la encargada de determinar si existió o no una falta administrativa. Mientras tanto, el gobierno federal mantiene la postura de que el caso debe resolverse conforme a derecho y sin anticipar juicios.

El tema se suma a la agenda de transparencia y rendición de cuentas en la actual administración, en un contexto donde el escrutinio público sobre el uso de recursos y privilegios en el servicio exterior se mantiene en aumento.

El cargo Gobierno federal abre investigación por estancia del hijo de Ebrard en embajada de México en Londres apareció primero en Reto Diario.

Entre los expedientes retomados se encuentran investigaciones relacionadas con obras públicas, incluido el caso del Museo Internacional del Barroco, donde se revisa la ejecución y el uso de recursos públicos. Además, la dependencia reportó la presentación de 16 denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado por presuntos actos de corrupción cometidos por personas servidoras públicas.

Foto: Ulises Raziel Juárez Guarneros / EsImagen

En el mismo periodo, la Secretaría recibió 214 denuncias ciudadanas contra servidores públicos. 178 de estos casos ya fueron concluidos y 46 continúan en proceso o fueron turnados a las autoridades investigadoras correspondientes, dependiendo de la naturaleza de las irregularidades detectadas.

En materia de obra pública, la dependencia realizó 3 mil 501 pruebas de laboratorio a 225 obras ejecutadas en 67 municipios, además de más de 3 mil 700 supervisiones técnicas. Estas revisiones tuvieron como objetivo verificar la calidad de los materiales, el cumplimiento de especificaciones técnicas y la correcta ejecución de los trabajos financiados con recursos públicos.

Foto: Ulises Raziel Juárez Guarneros / EsImagen

El informe también incluyó acciones de fiscalización administrativa. Durante 2025 se registraron 141 mil 410 declaraciones patrimoniales y de intereses, lo que representó un nivel de cumplimiento del 98% entre las personas obligadas a presentar este requisito.

Finalmente, se informó que, con base en los resultados de la Auditoría Superior del Estado, Puebla se ubicó entre las entidades sin observaciones con monto pendiente y dentro del grupo de estados con mejores resultados en la fiscalización del gasto público, según los datos expuestos durante la comparecencia.

El cargo Anticorrupción abrió más de 600 expedientes por presuntas irregularidades en Puebla apareció primero en Reto Diario.

Las compañías afectadas son Constructora Rusva, S.A. de C.V., B&G Construcción y Rehabilitación de Redes, S.A. de C.V., Eyasa y Mustache Software.

Las resoluciones se publicaron hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF), e incluyen multas económicas, inhabilitaciones temporales y la inscripción de las empresas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide participar en futuras contrataciones con el Gobierno federal.

Constructora Rusva y B&G Construcción y Rehabilitación de Redes recibieron cada una multa de 977mil 130 pesos y una inhabilitación por un año y seis meses. Ambas falsearon información en contratos adjudicados por la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) para obras de agua potable y perforación de pozos. Por su parte, Eyasa fue multada con 814 mil 275 pesos e inhabilitada por un año y tres meses, tras presentar datos falsos en el contrato CAEM-DGIG-PROAGUA-068-24-AD, relacionado con un diagnóstico para sistemas de captación de agua de lluvia y tecnologías ecotécnicas en zonas rurales. Finalmente, Mustache Software fue sancionada por el Órgano Interno de Control de la Lotería Nacional, al detectar información falsa en su propuesta para una licitación de desarrollo de software.

“Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras públicas. Engañar para obtener contratos públicos o en su celebración tiene consecuencias”, indicó la dependencia en un comunicado.

Las empresas tienen derecho a impugnar las resoluciones, aunque la Secretaría defenderá las sanciones por considerarlas ajustadas a derecho.

#ComunicadoBuenGobierno

La Secretaría Anticorrupción y #BuenGobierno sancionó a las empresas Constructora Rusva, S.A. de C.V.; B&G Construcción y Rehabilitación de Redes, S.A. de C.V.; Eyasa, S. de R.L. de C.V.; y Mustache Software, S.A. de C.V.; para participar en… pic.twitter.com/PO7nfAJVRr

— Buen Gobierno México 🇲🇽 (@BuenGobierno_mx) December 29, 2025

El cargo Multan e inhabilitan a cuatro empresas por falsear información en licitaciones públicas apareció primero en Reto Diario.

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Tras la firma de esta colaboración, la rectora Lilia Cedillo Ramírez expuso que uno de los ideales de esta administración estatal y de la institución es formar buenos ciudadanos.

“No sólo es formar profesionistas con conocimientos, sino impulsar una cultura relacionada con la formación de jóvenes éticos, solidarios y comprometidos con su entorno y la sociedad. Si la universidad es capaz de entregarle a la sociedad buenos ciudadanos con estas características, estaremos cumpliendo con ese cometido”.

La doctora Lilia Cedillo recordó que la BUAP es una institución pública que se debe a la sociedad y trabaja para ello.

“Agradezco a esta dependencia estatal su disposición para trabajar de la mano y entregar buenas cuentas a la sociedad”, puntualizó.

Tras mencionar la importancia de la renovación de cuadros profesionales, Alejandro Espidio Reyes, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Puebla, destacó que la sinergia entre ambas instancias permitirá acercar las oportunidades a los estudiantes para construir una carrera en el servicio público.

“Para el gobierno del estado hay áreas estratégicas que requieren una renovación de sus cargos, la cual tiene que estar acompañada de jóvenes que compartan los mismos valores y visión del mundo. El gran capital humano se encuentra aquí en la Máxima Casa de Estudios”, señaló.

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En la Sala Audiovisual de Rectoría, en la Torre de Gestión Académica y Servicios Administrativos, Miriam Olga Ponce Gómez, abogada general de la BUAP, comentó que esta unión de esfuerzos permitirá trabajar en cuestión de integridad institucional, justicia social y desarrollo sostenible, retos que sólo pueden enfrentarse con conocimiento, formación sólida y valores humanos.

“La educación y la investigación son herramientas para comprender mejor nuestro entorno, transformar las condiciones de desigualdad y construir soluciones con sentido social. Por lo tanto, este convenio será un puente entre el conocimiento y la responsabilidad social, entre la academia y el servicio público, y, sobre todo, entre las instituciones y la ciudadanía a la que nos debemos”, aseguró.

También asistieron a esta firma de convenio Georgina Tenorio Martínez, directora de la Facultad de Derecho de la BUAP, y José Pablo Valencia Sacramento, coordinador General Jurídico de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Puebla.

El cargo Firman convenio BUAP y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Puebla apareció primero en Reto Diario.