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Multan e inhabilitan a cuatro empresas por falsear información en licitaciones públicas

Las sanciones incluyen su inscripción en el Directorio de Proveedores Sancionados, impidiéndoles participar en futuras contrataciones con el gobierno federal

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

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La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó este lunes a cuatro empresas por proporcionar información falsa con el fin de obtener o celebrar contratos públicos relacionados con obras hidráulicas y desarrollo de software.

Las compañías afectadas son Constructora Rusva, S.A. de C.V., B&G Construcción y Rehabilitación de Redes, S.A. de C.V., Eyasa y Mustache Software.

Las resoluciones se publicaron hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF), e incluyen multas económicas, inhabilitaciones temporales y la inscripción de las empresas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide participar en futuras contrataciones con el Gobierno federal.

Constructora Rusva y B&G Construcción y Rehabilitación de Redes recibieron cada una multa de 977mil 130 pesos y una inhabilitación por un año y seis meses. Ambas falsearon información en contratos adjudicados por la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) para obras de agua potable y perforación de pozos. Por su parte, Eyasa fue multada con 814 mil 275 pesos e inhabilitada por un año y tres meses, tras presentar datos falsos en el contrato CAEM-DGIG-PROAGUA-068-24-AD, relacionado con un diagnóstico para sistemas de captación de agua de lluvia y tecnologías ecotécnicas en zonas rurales. Finalmente, Mustache Software fue sancionada por el Órgano Interno de Control de la Lotería Nacional, al detectar información falsa en su propuesta para una licitación de desarrollo de software.

“Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras públicas. Engañar para obtener contratos públicos o en su celebración tiene consecuencias”, indicó la dependencia en un comunicado.

Las empresas tienen derecho a impugnar las resoluciones, aunque la Secretaría defenderá las sanciones por considerarlas ajustadas a derecho.