La reforma modifica los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo y añade un nuevo transitorio para restringir la suspensión de leyes y actos de autoridad cuando se trate de materias fiscales, de seguridad nacional o de interés público, así como para impedir que los jueces concedan amparos con efectos generales. Con ello, las sentencias de amparo sólo beneficiarían a quien las promueva, eliminando la posibilidad de que un fallo judicial frene la aplicación de una norma para toda la población.

El punto más controvertido fue el artículo tercero transitorio, propuesto por el morenista Hugo Eric Flores Cervantes, quien explicó que la reforma distingue entre etapas concluidas y pendientes de los juicios en curso: las primeras se regirán por la ley vigente y las segundas por las nuevas reglas. Según el legislador, “se trata de derecho procesal puro”, por lo que no implica afectación a derechos adquiridos.

Sin embargo, diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano denunciaron que la modificación representa una “trampa jurídica” para aplicar la ley de forma retroactiva. El coordinador del PRI, Rubén Moreira, acusó a Morena de intentar aprobar el cambio “mientras el país dormía”, y la panista Paulina Rubio Fernández calificó el transitorio de “más manoseado que una moneda en un camión”.

Durante el debate, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, defendió la reforma como un paso necesario para frenar el abuso del juicio de amparo por parte de grandes despachos y deudores fiscales. Señaló que existen más de 2 mil créditos fiscales impugnados que suman 100 mil millones de pesos, muchos de ellos pendientes desde hace más de 15 años. “Queremos que los poderosos paguen lo justo y se termine el uso indebido del amparo”, afirmó.

El dictamen pasará nuevamente al Senado de la República, donde continuará la discusión sobre la constitucionalidad de la reforma y el alcance del polémico transitorio que, según la oposición, pone en riesgo la certeza jurídica y la independencia del Poder Judicial en México.

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El dictamen, turnado a las comisiones de Justicia y de Hacienda, continuará con la discusión de 307 reservas, aunque la bancada oficialista prevé aceptar solo tres modificaciones relacionadas con el artículo 128, el artículo 129 y el primero transitorio, informó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

“Va a haber modificaciones, hasta ahora tres, si mal no recuerdo: 128, 129 y el primero transitorio, párrafo segundo de la Ley de Amparo. Se corregirá la retroactividad aprobada en el Senado”, explicó Monreal durante la sesión.

Principales cambios de la reforma

La reforma introduce ajustes en los plazos, requisitos y modalidades del juicio de amparo, con el objetivo de hacerlo más ágil y digital. Entre los principales puntos destacan:

• Reconocimiento del interés legítimo, individual o colectivo, sin que la lesión deba ser “actual” o el beneficio “directo”.
• Juicios en línea, con expedientes electrónicos con el mismo valor legal que los físicos.
• Ampliación de plazos procesales: los jueces contarán con hasta 90 días naturales para dictar sentencia (antes eran 60).
• Regulación de suspensiones en materia fiscal y bancaria, en especial en casos de congelamiento de cuentas o cobro de créditos fiscales.
• Sanciones a funcionarios que incumplan las resoluciones judiciales.

El artículo tercero transitorio establece que los casos en trámite continuarán bajo las normas vigentes al momento de su inicio, aunque Morena planteó ajustes para evitar interpretaciones sobre retroactividad.

Debate legislativo: choques entre oficialismo y oposición

Durante la discusión en el pleno, el ambiente se tornó tenso por las críticas de la oposición, que acusó que la reforma limita los mecanismos de defensa ciudadana y vulnera el artículo 1° constitucional.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, aseguró que el cambio “es inconstitucional y contraviene el Estado de derecho”.

“Votaremos en contra porque es un paso más a la dictadura, a la destrucción del Estado de derecho y libertades. Están demoliendo la democracia mexicana”, expresó.

Desde el PAN, Germán Martínez Cázares lanzó duras críticas al bloque oficialista, al afirmar que los argumentos contra los “abogados poderosos” eran incongruentes.

“El amparo más cuantioso en la República fue promovido por el despacho Arámburu-Saldívar contra el Fobaproa… desvergonzados, al diablo con su amparo, vivan los derechos humanos”, exclamó.

Por su parte, Elías Lixa, también del PAN, recordó que “el gobierno no tiene derechos, tiene obligaciones; los ciudadanos son quienes tienen derechos”.

Morena y aliados defienden la reforma

El diputado Reginaldo Sandoval (PT) defendió que las modificaciones fortalecen el acceso a la justicia mediante la digitalización de los procedimientos y la reducción de cargas procesales.

“Ya no será posible detener facultades esenciales del Estado con amparos exprés o medidas cautelares que solo benefician a quienes evaden la ley o protegen recursos ilícitos”, señaló.

La presidenta Claudia Sheinbaum también respaldó la medida y descartó que implique la eliminación del derecho al amparo.

“No se elimina el amparo; se busca agilizar los procesos judiciales. Si se demuestra que no hay delito, se devuelven los recursos; si lo hay, continúa la investigación”, dijo en conferencia.

Votos divididos y posturas críticas dentro de Morena

Aunque la mayoría oficialista respaldó la reforma, hubo votos en contra y abstenciones dentro de la coalición. La ministra en retiro Olga Sánchez Cordero se abstuvo, al igual que los diputados del PT Greycy Durán y Javier Vázquez Calixto.

También votaron en contra Ana Érika Santana (PVEM) y Martha Aracely Cruz Jiménez (PT), esta última argumentando que la reforma afectará el interés colectivo de los pueblos indígenas.

Cruz Jiménez propuso una reserva para garantizar el derecho de las comunidades a interponer amparos “cuando los actos reclamados produzcan un beneficio cierto, directo o indirecto, individual o colectivo”.

Lo que sigue

Tras su aprobación en lo general, la Cámara de Diputados continuará el debate en lo particular de las reservas durante la madrugada. Una vez aprobadas las modificaciones acordadas, el dictamen será enviado al Senado para su revisión final.

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Con 76 votos a favor y 39 en contra en lo general, y 70 contra 39 en lo particular, los senadores avalaron la iniciativa impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y respaldada por la mayoría de Morena y sus aliados. El dictamen también reforma el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Entre los principales cambios se encuentran:

• La definición más estricta del interés legítimo, que ahora debe representar una lesión real, diferenciada y no meramente hipotética.
• Limitaciones al amparo en materia fiscal, al impedir que se otorgue suspensión contra el cobro de créditos fiscales firmes.
• La obligación de que las garantías en estos casos se constituyan únicamente mediante billete de depósito o carta de crédito emitida por instituciones autorizadas.
• La ampliación de plazos procesales, como el dictado de sentencias en amparo indirecto, que pasó de 60 a 90 días naturales.
• La implementación de herramientas digitales para agilizar el trámite de juicios en línea.

El punto más polémico: la retroactividad

El debate más álgido giró en torno al primer artículo transitorio, impulsado por el morenista Manuel Huerta, que establece que los juicios actualmente en trámite deberán resolverse bajo las nuevas disposiciones.

La oposición advirtió que esta retroactividad afectará directamente a los más de 700 mil amparos en curso, dejando a miles de ciudadanos sin la posibilidad de defenderse con las reglas con las que iniciaron su proceso.

“La reforma no fortalece al amparo, fortalece a las autoridades; favorece la concentración de poder en el gobierno y reduce los contrapesos ciudadanos”, denunció la senadora panista Guadalupe Murguía.

Por su parte, la priista Carolina Viggiano sostuvo que con la nueva definición de interés legítimo se limitan las acciones colectivas para proteger recursos naturales, al tiempo que se abre la puerta para que las autoridades incumplan sentencias con pretextos legales.

Oficialismo defiende cambios

En contraste, Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, afirmó que la reforma “fortalece al juicio de amparo como escudo ciudadano frente al poder, pero cierra los resquicios que han permitido abusos procesales”.

El morenista Manuel Huerta argumentó que el transitorio no es inconstitucional y que busca evitar que se usen amparos como mecanismos dilatorios en sentencias fiscales firmes.

Próximos pasos

Tras su aprobación en el Senado, la minuta fue enviada a la Cámara de Diputados, donde continuará el proceso legislativo.

Mientras tanto, juristas y legisladores de oposición advirtieron que la reforma terminará siendo impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que vulnera los principios básicos de la Constitución y debilita la protección de los ciudadanos frente a abusos de autoridad.

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