La Cámara de Diputados aprobó, tras una maratónica sesión que se extendió hasta la madrugada de este miércoles, la reforma a la Ley de Amparo, con 322 votos a favor, 128 en contra y tres abstenciones, impulsada por Morena, el PT y el PVEM. El dictamen, que ahora fue devuelto al Senado, incluye una polémica reserva sobre la aplicación de las nuevas disposiciones, que la oposición califica como retroactiva.
La reforma modifica los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo y añade un nuevo transitorio para restringir la suspensión de leyes y actos de autoridad cuando se trate de materias fiscales, de seguridad nacional o de interés público, así como para impedir que los jueces concedan amparos con efectos generales. Con ello, las sentencias de amparo sólo beneficiarían a quien las promueva, eliminando la posibilidad de que un fallo judicial frene la aplicación de una norma para toda la población.
El punto más controvertido fue el artículo tercero transitorio, propuesto por el morenista Hugo Eric Flores Cervantes, quien explicó que la reforma distingue entre etapas concluidas y pendientes de los juicios en curso: las primeras se regirán por la ley vigente y las segundas por las nuevas reglas. Según el legislador, “se trata de derecho procesal puro”, por lo que no implica afectación a derechos adquiridos.
Sin embargo, diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano denunciaron que la modificación representa una “trampa jurídica” para aplicar la ley de forma retroactiva. El coordinador del PRI, Rubén Moreira, acusó a Morena de intentar aprobar el cambio “mientras el país dormía”, y la panista Paulina Rubio Fernández calificó el transitorio de “más manoseado que una moneda en un camión”.
Durante el debate, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, defendió la reforma como un paso necesario para frenar el abuso del juicio de amparo por parte de grandes despachos y deudores fiscales. Señaló que existen más de 2 mil créditos fiscales impugnados que suman 100 mil millones de pesos, muchos de ellos pendientes desde hace más de 15 años. “Queremos que los poderosos paguen lo justo y se termine el uso indebido del amparo”, afirmó.
El dictamen pasará nuevamente al Senado de la República, donde continuará la discusión sobre la constitucionalidad de la reforma y el alcance del polémico transitorio que, según la oposición, pone en riesgo la certeza jurídica y la independencia del Poder Judicial en México.
