A través de un comunicado, el organismo señaló que la intervención habría sido realizada por Diana Alejandra Palafox Romero, quien presuntamente se ostentaba como doctora utilizando dos cédulas apócrifas y sin cumplir con los estudios requeridos por la Ley General de Salud para ejercer la profesión.

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El colegio explicó que las personas interesadas en someterse a procedimientos estéticos o reconstructivos deben verificar que el médico cuente con cédulas expedidas por la Dirección General de Profesiones, además de certificación vigente emitida por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. También indicó que los documentos deben estar visibles en consultorios y clínicas autorizadas por Cofepris.

La agrupación recordó que la reforma a la Ley de Salud del Estado de Puebla aprobada en junio de 2025 incorporó el artículo 259 Bis 1, el cual establece como requisito para ejercer cirugía plástica contar con cédula profesional de especialidad y un certificado vigente que acredite capacidad y experiencia conforme al artículo 81 de la Ley General de Salud.

El organismo también señaló que los procedimientos deben realizarse en hospitales o clínicas certificadas y con anestesiólogos acreditados. Además, recomendó consultar registros oficiales de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, así como del Consejo Mexicano de la especialidad, para corroborar la preparación de los médicos.

El caso de Blanca Adriana Vázquez Montiel provocó revisiones sobre la regulación de clínicas estéticas en Puebla. El gobierno estatal informó previamente que reforzará inspecciones en establecimientos que operen sin registro o incumplan disposiciones sanitarias relacionadas con procedimientos quirúrgicos y atención médica especializada.

El cargo Colegio de Cirujanos Plásticos Poblanos alerta por falsos especialistas tras caso Detox apareció primero en Reto Diario.

Durante años, una parte del mercado de la belleza ha querido vivir en una zona gris. Se presenta como “spa”, “clínica estética”, “centro corporal”, “beauty bar”, “wellness center”, “cabina de masaje”, “centro de rejuvenecimiento” o “consultorio integral”. Pero para la ley sanitaria mexicana el nombre comercial no es lo decisivo. Lo relevante es otra cosa: qué se hace ahí, con qué instrumentos, sobre qué parte del cuerpo, con qué riesgo, con qué personal, con qué sustancias y cómo se anuncia al público.

La Ley General de Salud no deja el tema a la improvisación. El artículo 3.°, fracción I, considera materia de salubridad general la organización, control y vigilancia de la prestación de servicios y de establecimientos de salud. La fracción II del mismo artículo incluye la atención médica. Es decir, cuando un establecimiento presta servicios que buscan prevenir, curar, rehabilitar, modificar o intervenir el cuerpo humano, deja de ser un simple negocio de belleza y entra al campo sanitario.

La competencia tampoco es difusa. El artículo 17 Bis de la Ley General de Salud establece que la Secretaría de Salud ejercerá atribuciones de regulación, control, vigilancia y fomento sanitario a través de la Cofepris. Además, el artículo 13 distribuye competencias entre Federación y entidades federativas; por eso, en la práctica, la autoridad estatal –Coepris o su equivalente– puede intervenir dentro de su esfera de competencia, conforme a la Ley General de Salud, reglamentos, normas oficiales y acuerdos de coordinación.

El primer bloque es el más evidente: clínicas, hospitales, quirófanos ambulatorios y centros donde se practiquen actos quirúrgicos. Aquí no hay margen de duda. El artículo 198, fracción V, de la Ley General de Salud establece que requieren autorización sanitaria los establecimientos en que se practiquen actos quirúrgicos u obstétricos. Esto incluye, por su propia naturaleza, cirugías estéticas como liposucciones, rinoplastias, abdominoplastias, implantes, levantamientos, transferencias de grasa, blefaroplastias y cualquier otro procedimiento médico quirúrgico.

El caso de la cirugía plástica, estética y reconstructiva es todavía más claro. El artículo 272 Bis de la Ley General de Salud exige que cualquier procedimiento médico quirúrgico de especialidad sea realizado por profesionales con cédula de especialista y certificado vigente. El artículo 272 Bis 1 añade que la cirugía plástica, estética y reconstructiva debe realizarse en establecimientos o unidades médicas con licencia sanitaria vigente y por profesionales especializados. Esto significa que no basta con tener fama en redes, batas, fotografías de antes y después, ni cursos privados: debe haber especialidad, certificación, licencia sanitaria y establecimiento autorizado.

El Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica refuerza esta obligación. El artículo 95 Bis 1 define la cirugía estética o cosmética como el procedimiento quirúrgico que se realiza para cambiar o corregir el contorno o forma de diferentes zonas o regiones de la cara y del cuerpo. El artículo 95 Bis 2 señala que toda cirugía estética o cosmética deberá efectuarse en establecimientos o unidades médicas con licencia sanitaria. Por tanto, una cirugía estética no se vuelve menos regulada porque se anuncie como “procedimiento de belleza”. Sigue siendo cirugía.

El segundo bloque comprende consultorios, clínicas de medicina estética, dermatología estética, control de peso, reducción corporal, aplicación de inyectables, tratamientos con aparatología, procedimientos con láser o cualquier intervención que implique atención médica ambulatoria. El Reglamento de Prestación de Servicios de Atención Médica, artículo 7, fracción III, define establecimiento para la atención médica como todo aquel, cualquiera que sea su denominación, que preste servicios de atención médica ambulatoria o para internamiento. Esa frase –“cualquiera que sea su denominación”– es clave: la autoridad no tiene que aceptar el nombre comercial si la actividad real es sanitaria.

El artículo 47 de la Ley General de Salud obliga a los establecimientos de servicios de salud a presentar aviso de funcionamiento ante la Secretaría de Salud. El artículo 200 Bis también establece que deberán dar aviso de funcionamiento aquellos establecimientos que no requieran autorización sanitaria. En otras palabras: si no requieren licencia, ello no significa que no tengan obligación sanitaria; puede existir al menos obligación de aviso, responsable sanitario y cumplimiento de reglamentos y normas oficiales.

Además, el reglamento exige condiciones mínimas de operación. El artículo 18 establece que los establecimientos donde se presten servicios de atención médica deberán contar con responsable. El artículo 21 exige personal suficiente e idóneo. El artículo 23 obliga a que los profesionales de la salud exhiban título, certificados, diplomas y documentos correspondientes. El artículo 24 exige conservar archivo actualizado de la documentación del personal profesional, técnico y auxiliar.

El tercer bloque es el de reducción de peso, moldeamiento corporal y ciertos tratamientos que se presentan como estéticos, pero prometen modificar el cuerpo. Aquí la regulación también existe. El artículo 57 del Reglamento de Prestación de Servicios de Atención Médica señala que los establecimientos de control y reducción de peso para pacientes ambulatorios se consideran consultorios. El artículo 58 precisa que los consultorios quedan restringidos a procedimientos de atención médica que no requieran hospitalización. Por tanto, un centro de reducción de peso no puede operar como simple “estética” si realiza actos médicos o promete resultados corporales bajo atención profesional.

El cuarto bloque incluye spas, masajes, centros corporales, tratamientos reductivos, aparatología estética, cavitación, radiofrecuencia, ultrasonido, drenajes postquirúrgicos, moldeamiento o procedimientos similares. La palabra “masaje” no aparece como categoría general en todos los artículos, pero el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad sí regula los servicios y procedimientos de embellecimiento. Su artículo 63 señala que son aquellos que modifican características del cuerpo humano mediante técnicas físicas, aparatos o equipos, o productos y métodos. Si el masaje se ofrece solo como relajación, el análisis puede ser distinto; pero si se publicita como reducción, moldeamiento, postoperatorio, rehabilitación, terapia, eliminación de grasa o modificación corporal, entra al terreno regulado.

Ese mismo artículo 63 prohíbe atribuir a los servicios de embellecimiento cualidades preventivas, rehabilitatorias o terapéuticas. El artículo 64 ordena que la publicidad de estos servicios se limite a resultados reales en la apariencia física, comprobados técnica y científicamente. El artículo 65 exige que la publicidad sea congruente con la función o uso aprobado, señale riesgos, contraindicaciones y efectos secundarios, y que el anunciante cuente con recursos técnicos, humanos y materiales adecuados. No es válido prometer milagros corporales sin soporte sanitario.

El quinto bloque es el de tatuajes, perforaciones, micropigmentación, microblading y modificación corporal. Aquí la Ley General de Salud es expresa. El artículo 268 Bis señala que tatuadores, perforadores y micropigmentadores deben contar con autorización sanitaria. El propio artículo define al tatuador, perforador y micropigmentador. El artículo 268 Bis 1 prohíbe realizar estos procedimientos en menores de edad cuando no estén acompañados o no exista autorización de quienes ejerzan patria potestad o tutela.

La regulación reglamentaria también apunta a tarjeta de control sanitario. El Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, en el artículo 224 Bis 1, establece que tatuadores, micropigmentadores y perforadores deben contar con tarjeta de control sanitario, con vigencia de dos años.

Finalmente, el sexto bloque es la publicidad. Aquí está una de las zonas más relevantes hoy: redes sociales. La Ley General de Salud, artículo 300, establece que la Secretaría de Salud autorizará la publicidad que se refiera a salud, tratamiento de enfermedades, rehabilitación, ejercicio de disciplinas para la salud y productos o servicios regulados. El artículo 301 remite a los productos y servicios determinados en el Reglamento de Publicidad. Y el artículo 302 prevé que las entidades federativas coadyuven con la Secretaría en materia de publicidad dentro de sus jurisdicciones.

El Reglamento de Publicidad cierra la puerta a la simulación digital. El artículo 2, fracción VII, define medio de difusión de manera amplia e incluye medios electrónicos, informáticos, de telecomunicaciones y otras tecnologías. Por tanto, una publicación en redes sociales no queda fuera del control sanitario por no ser televisión, radio o periódico.

El artículo 76 del Reglamento de Publicidad obliga a los anunciantes a obtener autorización o presentar aviso, según corresponda. El artículo 78 exige a los medios de difusión asegurarse de que la publicidad tenga permiso o aviso. El artículo 79, fracción I, exige permiso para publicidad de prestación de servicios de salud, salvo servicios otorgados en forma individual. La fracción VI del mismo artículo exige permiso para servicios y procedimientos de embellecimiento.

Además, el artículo 86 exige aviso para actividades profesionales, técnicas, auxiliares y especialidades, y el artículo 87 señala el contenido del aviso, incluyendo servicio, medio publicitario, duración, versiones, título del mensaje y documentación que sustente afirmaciones categóricas. Esto es especialmente relevante para médicos, especialistas, técnicos, centros de belleza, clínicas y prestadores que usan Instagram, Facebook, TikTok o páginas web para ofrecer servicios.

La conclusión es sencilla: la belleza no está fuera de la salud pública. Cuando un establecimiento corta, inyecta, anestesia, perfora, pigmenta, aplica sustancias, usa aparatos, promete reducir, modelar, rehabilitar, rejuvenecer, tratar o modificar el cuerpo, deja de ser solo una actividad comercial. Entra a un régimen sanitario. Y cuando además lo anuncia en redes sociales, también entra al régimen de publicidad sanitaria. La autoridad no regula el glamour, regula el riesgo. Pero en los hechos dicha regulación no es sino una falacia. El monstruoso caso de Blanca Adriana Vázquez Montiel lo reconfirma.

El cargo Los médicos fake de Puebla y el mercado de la belleza estética apareció primero en Reto Diario.

El punto de partida: la despenalización y la resolución histórica de la Suprema Corte

En 2009, la reforma a la Ley General de Salud despenalizó la posesión de pequeñas cantidades de diversas sustancias, incluyendo hasta 5 gramos de cannabis para consumo personal. Portar esa cantidad no genera una acusación automática por delito, siempre que se trate de uso individual.

El giro definitivo llegó el 28 de junio de 2021, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018. Por mayoría calificada, la Corte declaró inconstitucional la prohibición absoluta del consumo lúdico o recreativo de cannabis y THC en la Ley General de Salud. Argumentó que dicha prohibición vulneraba el derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin que existiera una justificación proporcional para proteger la salud pública o el orden social.

Esta resolución obligó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a otorgar autorizaciones a personas adultas (mayores de 18 años) para sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer, transportar y consumir cannabis con fines personales. Las autorizaciones no permiten importar, comerciar, suministrar ni distribuir la sustancia. Es decir: se puede consumir de forma legal si se obtiene el permiso, pero no existe un mercado regulado para comprarla.

Hasta la fecha, miles de personas han solicitado estos permisos ante Cofepris (más de 21 mil entre 2021 y 2024, según reportes oficiales), aunque la tasa de aprobación ha sido variable y muchos trámites se resuelven vía amparos judiciales.

Foto: Leslie Flores / EsImagen

El límite de referencia de 5 gramos y el debate reciente en la Suprema Corte

La Ley General de Salud mantiene como límite de referencia los 5 gramos para posesión simple. Portar esa cantidad (o menos) no se considera delito si se acredita el consumo personal. Sin embargo, en febrero de 2026, la SCJN analizó si este tope debía aplicarse de forma automática para imputar el delito de narcomenudeo.

En un caso concreto (un amparo en revisión derivado de una detención en Ciudad Juárez con 14.26 gramos), la Corte determinó que superar los 5 gramos no implica criminalización automática. Los jueces deben evaluar caso por caso: contexto, ausencia de indicios de venta (como bolsitas o balanzas) y si realmente se trata de consumo personal. La mayoría de ministros se inclinó por flexibilizar el criterio, pero faltó un voto para emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad que cambiara la norma para todo el país.

Resultado: el límite de 5 gramos sigue vigente como referencia legal, pero ya no es una “dictadura de la báscula”. La posesión superior puede justificarse si se demuestra uso personal, aunque sin permiso previo de Cofepris sigue exponiendo a riesgos legales.

El “vacío legal”: derecho reconocido, pero sin regulación integral

Aquí radica el punto clave del panorama actual en México: existe un vacío legal. La SCJN reconoció el derecho al consumo adulto recreativo y obligó a Cofepris a emitir permisos de autoconsumo, pero el Congreso de la Unión nunca ha aprobado una ley integral que regule producción, distribución, venta, impuestos, prevención de riesgos y consumo en espacios públicos.

Proyectos de ley han sido discutidos y aprobados en una cámara para luego estancarse en la otra. Sin un marco normativo completo, el consumo queda en un limbo: es constitucionalmente protegido para quien obtiene su permiso o se ampara, pero la compra sigue dependiendo del mercado informal, la siembra casera es la única vía práctica para la mayoría y no hay estándares sanitarios, límites claros de edad o zonas de consumo reguladas.

Especialistas y activistas coinciden en que este vacío genera ambigüedad: crece el consumo (según encuestas como la Encodat), pero sin controles ni protección al consumidor. El uso medicinal, regulado desde 2017, avanza por separado, pero el lúdico sigue en la indefinición.

Foto: Leslie Flores / EsImagen

Restricciones que persisten

Aunque el consumo personal está permitido bajo los criterios judiciales:

• Solo en espacios privados (no en vía pública sin autorización expresa)
• Nunca frente a menores de edad ni sin consentimiento de terceros
• Los permisos de Cofepris no autorizan la comercialización

¿Qué sigue?

El criterio jurisprudencial continúa evolucionando. La SCJN ha dejado claro que el libre desarrollo de la personalidad debe ponderarse caso por caso, y el debate sobre flexibilizar aún más los límites o impulsar una ley integral sigue abierto en el Poder Legislativo.

En este 420, la celebración ocurre en un México donde fumar cannabis en casa con permiso es legal, pero comprarla no. Un país que avanzó por la vía judicial, pero que aún espera que el Congreso cierre el vacío normativo y pase del limbo a una regulación clara y responsable. Mientras tanto, la ley dice: consumo personal sí, mercado legal todavía no.

El cargo 420 en México: ¿Qué dice realmente la ley sobre el consumo de cannabis? apareció primero en Reto Diario.

En menos de un mes, la capital poblana ha registrado al menos tres robos con el mismo modus operandi en clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el sistema IMSS-Bienestar. Unidades en las colonias Bugambilias, San Bartolo y, más recientemente, la Clínica 21 en la colonia Anzures el 30 de marzo, han sido saqueadas por delincuentes que ignoran los anaqueles comunes para dirigirse específicamente a un objetivo: los medicamentos controlados.

¿Qué son y por qué están bajo llave?

Los medicamentos controlados son sustancias farmacéuticas que, por su composición química y efectos en el organismo, tienen el potencial de generar dependencia física o psicológica, tolerancia o ser utilizados con fines no terapéuticos. Según la Ley General de Salud (LGS) en México (artículos 226 al 245), estos fármacos se dividen en grupos según su peligrosidad y valor médico.

Entre los insumos sustraídos en estas clínicas se encuentran principalmente:

• Opioides: Analgésicos potentes como la morfina o el fentanilo de uso médico, utilizados para tratar el dolor extremo en pacientes oncológicos o tras cirugías mayores.

• Psicotrópicos y Sedantes: Medicamentos como las benzodiazepinas (clonazepam, diazepam) y barbitúricos, empleados para trastornos psiquiátricos, crisis convulsivas o estados de ansiedad severa.

Su resguardo estricto en el área de farmacia no es burocracia, sino una medida de seguridad nacional. La Cofepris exige que estos productos se guarden en cajas fuertes o áreas con acceso restringido, ya que su administración requiere una receta médica especial (con código de barras y folios autorizados) para evitar sobredosis mortales o el desarrollo de adicciones graves.

El “mercado negro” y el valor del desvío

Fuera de las clínicas del IMSS, estos medicamentos adquieren un valor estratosférico por tres vías principales:

1. Venta ilegal para consumo recreativo: Muchos de estos sedantes y opioides son buscados por personas con adicciones, quienes pagan precios excesivos en el mercado informal ante la imposibilidad de obtener una receta legal.

2. Desvío a la delincuencia organizada: Algunos fármacos controlados son utilizados para “cortar” o potenciar drogas sintéticas, incrementando la peligrosidad de las sustancias en las calles.

3. Venta directa sin receta: Existe un mercado de pacientes que, aunque padecen enfermedades reales, optan por comprar en puestos informales o internet para evitar los trámites institucionales, ignorando que los medicamentos robados pierden su garantía de seguridad.

El impacto: pacientes sin alivio

El robo de estos insumos no solo representa una pérdida financiera para el Estado, sino una crisis de salud inmediata para los derechohabientes. Cuando una clínica es saqueada, se interrumpen tratamientos críticos para pacientes con cáncer, pacientes psiquiátricos o personas con enfermedades crónicas dolorosas.

Además, la Cofepris ha emitido alertas sanitarias recientes, advirtiendo que consumir estos medicamentos robados es un riesgo mortal. Al ser extraídos de la cadena de suministro oficial, se pierde el control sobre su temperatura, almacenamiento y autenticidad, pudiendo estar contaminados o ser falsificados, lo que convierte un intento de curación en una amenaza directa a la vida del paciente.

El cargo Golpe al IMSS en Puebla: el mercado negro que acecha a las farmacias institucionales apareció primero en Reto Diario.