La propuesta para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla indica que los sujetos obligados deben asegurar la protección de los datos personales en su posesión.

Lo anterior, con los niveles de seguridad adecuados previstos por la normatividad aplicable y no podrán ser comunicados, difundidos, transferidos, distribuidos o comercializados a terceros, ni tratados en plataformas, sistemas tecnológicos o contratos de servicios, salvo que medie el consentimiento expreso, por escrito o mediante medio de autenticación fehaciente de la persona titular de la información.

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Asimismo, la iniciativa plantea como atribuciones de la Unidad de Transparencia el garantizar que los datos personales bajo resguardo de los sujetos obligados no podrán ser comunicados, difundidos, transferidos, distribuidos o comercializados a terceros, salvo que medie consentimiento expreso, por escrito o mediante medio de autenticación fehaciente del titular de la información. Esta obligación subsistirá aún después de concluida la relación contractual, administrativa o laboral con el sujeto obligado.

Derivado de lo anterior, se consideran causas de sanción usar, sustraer, divulgar, transferir, comercializar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, sin causa legítima, conforme a las facultades correspondientes, la información, así como los datos personales que se encuentren bajo la custodia de los sujetos obligados o que sean tratados en plataformas, sistemas tecnológicos o contratos de servicios, y a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión.

“El tratamiento de los datos personales es una cuestión cotidiana que se vincula con el despliegue de las atribuciones previstas en la normativa. Por ello, esas actividades deben sujetarse a ciertos principios y medidas de seguridad para salvaguardar el derecho que tienen los titulares a la protección de sus datos personales y a la libre determinación de su información”, indica la iniciativa del diputado Rafael Micalco.

El cargo Promueve diputado Rafael Micalco iniciativa para garantizar que datos personales sean tratados con seguridad y privacidad apareció primero en Reto Diario.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Pável Gaspar Ramírez, confirmó la salida del funcionario y aseguró que se trató de una decisión personal, derivada de una invitación para incorporarse, junto con , a una dependencia del Poder Ejecutivo estatal.

“Salen porque fueron llamados a incorporarse a una secretaría del Ejecutivo estatal, porque cuadros de importancia y que tienen experiencia también los requieren en algún otro lugar. Son el compañero Jesús Juárez, de la Dirección Jurídica, la compañera Lucero Rosales, de Servicios Legislativos, y Francisco Muñoz“, declaró.

Además de Juárez Lezama, también dejaron sus cargos Lucero Rosales Zacamo, directora de Servicios Legislativos, y Francisco Muñoz Violante, titular de la Unidad Técnica de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Gaspar Ramírez informó que, ante estas vacantes, la próxima sesión de la Junta de Gobierno y Coordinación Política servirá para proponer a quienes ocuparán los cargos.

Secretario general permanece en el cargo

Respecto a Julio Leopoldo de Lara Varela, secretario general del Congreso y quien también ha sido señalado por presuntas irregularidades en los procedimientos legislativos, el presidente de la Jugocopo aclaró que permanecerá en su cargo, al señalar que su designación corresponde al Pleno del Congreso y no a la presidencia del órgano de gobierno.

No obstante, evitó precisar si su permanencia será sometida a consideración de las y los diputados.

Acumuló señalamientos por presuntas irregularidades

La renuncia de Jesús Juárez Lezama ocurre después de que legisladores de oposición y del bloque mayoritario cuestionaran su desempeño y promovieran al menos seis denuncias por presuntas irregularidades en el trabajo de la Dirección Jurídica.

El caso más reciente ocurrió durante la sesión del pasado 25 de junio, cuando las diputadas Norma Estela Pimentel Méndez (PVEM), Susana Riestra Piña (PAN), Fedrha Suriano Corrales (MC) y Delfina Pozos Vergara (PRI) acusaron a la Dirección Jurídica y a la Secretaría General del Congreso de modificar el contenido de las reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información ordenadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al considerar que algunos artículos invadían facultades de la Federación.

Con esa denuncia sumaron seis los señalamientos presentados contra ambos funcionarios por presuntas violaciones al procedimiento legislativo.

Diputados piden fortalecer el área jurídica

Tras confirmarse la renuncia, el diputado local de Morena, Andrés Villegas Mendoza, expresó su confianza en que la salida de Juárez Lezama permita agilizar diversas reformas que permanecen detenidas, pese a contar con análisis jurídicos y consenso para su aprobación.

Por su parte, los diputados Marcos Castro Martínez, del PAN, y Fedrha Suriano Corrales, de Movimiento Ciudadano, consideraron que también debe analizarse la continuidad de Julio Leopoldo de Lara Varela y plantearon fortalecer el área jurídica del Congreso para que funcione de manera coordinada con las y los legisladores y evite nuevos cuestionamientos a los procesos parlamentarios.

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