Con el propósito de fortalecer el marco jurídico en materia de transparencia y protección de datos personales en el Estado de Puebla, al establecer disposiciones claras y estrictas que garanticen que los datos personales sean tratados con mayor seguridad y privacidad; así como prohibir su transferencia, comercialización o uso indebido por parte de sujetos obligados o proveedores tecnológicos contratados, el diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez presentó una iniciativa.
La propuesta para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla indica que los sujetos obligados deben asegurar la protección de los datos personales en su posesión.
Lo anterior, con los niveles de seguridad adecuados previstos por la normatividad aplicable y no podrán ser comunicados, difundidos, transferidos, distribuidos o comercializados a terceros, ni tratados en plataformas, sistemas tecnológicos o contratos de servicios, salvo que medie el consentimiento expreso, por escrito o mediante medio de autenticación fehaciente de la persona titular de la información.
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Asimismo, la iniciativa plantea como atribuciones de la Unidad de Transparencia el garantizar que los datos personales bajo resguardo de los sujetos obligados no podrán ser comunicados, difundidos, transferidos, distribuidos o comercializados a terceros, salvo que medie consentimiento expreso, por escrito o mediante medio de autenticación fehaciente del titular de la información. Esta obligación subsistirá aún después de concluida la relación contractual, administrativa o laboral con el sujeto obligado.
Derivado de lo anterior, se consideran causas de sanción usar, sustraer, divulgar, transferir, comercializar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, sin causa legítima, conforme a las facultades correspondientes, la información, así como los datos personales que se encuentren bajo la custodia de los sujetos obligados o que sean tratados en plataformas, sistemas tecnológicos o contratos de servicios, y a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión.
“El tratamiento de los datos personales es una cuestión cotidiana que se vincula con el despliegue de las atribuciones previstas en la normativa. Por ello, esas actividades deben sujetarse a ciertos principios y medidas de seguridad para salvaguardar el derecho que tienen los titulares a la protección de sus datos personales y a la libre determinación de su información”, indica la iniciativa del diputado Rafael Micalco.
