“Se está protegiendo al pueblo de México frente a cualquier acto injusto de la autoridad, eso no cambia en lo más mínimo; al contrario, se fortalece. Entonces, quien habla en contra de la Ley de Amparo y miente diciendo que ‘no se está respetando la retroactividad’ —ese derecho constitucional— es mentiroso; o mienten deliberadamente o de plano no han leído y actúan por consigna, la verdad. Es así de sencillo, llano y claro”, puntualizó.

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El coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, destacó que es absolutamente falso que la reforma a Ley de Amparo recientemente aprobada sea regresiva y limite la defensa de las personas, ya que lo que se busca es hacer de este recurso jurídico un procedimiento más ágil, más cercano, acortar plazos en trámites y dar paso en materia de justicia digital.

“Va a ser una justicia más moderna, más cercana, más accesible, esa es la finalidad primordial del juicio de amparo en esta reforma”, agregó.

Explicó que con esta reforma sigue habiendo una defensa plena de los derechos. Mientras que para acudir a la suspensión se realizaron modificaciones para evitar su abuso para dificultar u obstaculizar el combate al lavado de dinero, así como para proteger a quienes por un error se bloquearon sus cuentas, con la finalidad de no afectar a personas que acrediten el origen lícito de sus recursos.

“El amparo debe proteger los derechos humanos de todas las personas, pero no puede ser instrumento en manos de delincuentes para generar daños a la sociedad”, agregó.

Puntualizó que, en el caso de los créditos fiscales firmes, con la reforma las diferentes etapas del procedimiento de cobro no se pueden impugnar, sino que lo que se impugna es la resolución final, con ello no se afecta la defensa de los particulares, ni de los deudores.

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Respecto a la retroactividad, hizo hincapié en que, no es válida en materia procesal, es decir, todas las etapas de los juicios de amparo que ya hayan concluido no se pueden modificar; sin embargo, los procedimientos que continúan realizándose, así como los que se realizarán en el futuro, ahora se regirán por la reforma a Ley de Amparo.

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La reforma modifica los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo y añade un nuevo transitorio para restringir la suspensión de leyes y actos de autoridad cuando se trate de materias fiscales, de seguridad nacional o de interés público, así como para impedir que los jueces concedan amparos con efectos generales. Con ello, las sentencias de amparo sólo beneficiarían a quien las promueva, eliminando la posibilidad de que un fallo judicial frene la aplicación de una norma para toda la población.

El punto más controvertido fue el artículo tercero transitorio, propuesto por el morenista Hugo Eric Flores Cervantes, quien explicó que la reforma distingue entre etapas concluidas y pendientes de los juicios en curso: las primeras se regirán por la ley vigente y las segundas por las nuevas reglas. Según el legislador, “se trata de derecho procesal puro”, por lo que no implica afectación a derechos adquiridos.

Sin embargo, diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano denunciaron que la modificación representa una “trampa jurídica” para aplicar la ley de forma retroactiva. El coordinador del PRI, Rubén Moreira, acusó a Morena de intentar aprobar el cambio “mientras el país dormía”, y la panista Paulina Rubio Fernández calificó el transitorio de “más manoseado que una moneda en un camión”.

Durante el debate, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, defendió la reforma como un paso necesario para frenar el abuso del juicio de amparo por parte de grandes despachos y deudores fiscales. Señaló que existen más de 2 mil créditos fiscales impugnados que suman 100 mil millones de pesos, muchos de ellos pendientes desde hace más de 15 años. “Queremos que los poderosos paguen lo justo y se termine el uso indebido del amparo”, afirmó.

El dictamen pasará nuevamente al Senado de la República, donde continuará la discusión sobre la constitucionalidad de la reforma y el alcance del polémico transitorio que, según la oposición, pone en riesgo la certeza jurídica y la independencia del Poder Judicial en México.

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El dictamen, turnado a las comisiones de Justicia y de Hacienda, continuará con la discusión de 307 reservas, aunque la bancada oficialista prevé aceptar solo tres modificaciones relacionadas con el artículo 128, el artículo 129 y el primero transitorio, informó el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

“Va a haber modificaciones, hasta ahora tres, si mal no recuerdo: 128, 129 y el primero transitorio, párrafo segundo de la Ley de Amparo. Se corregirá la retroactividad aprobada en el Senado”, explicó Monreal durante la sesión.

Principales cambios de la reforma

La reforma introduce ajustes en los plazos, requisitos y modalidades del juicio de amparo, con el objetivo de hacerlo más ágil y digital. Entre los principales puntos destacan:

• Reconocimiento del interés legítimo, individual o colectivo, sin que la lesión deba ser “actual” o el beneficio “directo”.
• Juicios en línea, con expedientes electrónicos con el mismo valor legal que los físicos.
• Ampliación de plazos procesales: los jueces contarán con hasta 90 días naturales para dictar sentencia (antes eran 60).
• Regulación de suspensiones en materia fiscal y bancaria, en especial en casos de congelamiento de cuentas o cobro de créditos fiscales.
• Sanciones a funcionarios que incumplan las resoluciones judiciales.

El artículo tercero transitorio establece que los casos en trámite continuarán bajo las normas vigentes al momento de su inicio, aunque Morena planteó ajustes para evitar interpretaciones sobre retroactividad.

Debate legislativo: choques entre oficialismo y oposición

Durante la discusión en el pleno, el ambiente se tornó tenso por las críticas de la oposición, que acusó que la reforma limita los mecanismos de defensa ciudadana y vulnera el artículo 1° constitucional.

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, aseguró que el cambio “es inconstitucional y contraviene el Estado de derecho”.

“Votaremos en contra porque es un paso más a la dictadura, a la destrucción del Estado de derecho y libertades. Están demoliendo la democracia mexicana”, expresó.

Desde el PAN, Germán Martínez Cázares lanzó duras críticas al bloque oficialista, al afirmar que los argumentos contra los “abogados poderosos” eran incongruentes.

“El amparo más cuantioso en la República fue promovido por el despacho Arámburu-Saldívar contra el Fobaproa… desvergonzados, al diablo con su amparo, vivan los derechos humanos”, exclamó.

Por su parte, Elías Lixa, también del PAN, recordó que “el gobierno no tiene derechos, tiene obligaciones; los ciudadanos son quienes tienen derechos”.

Morena y aliados defienden la reforma

El diputado Reginaldo Sandoval (PT) defendió que las modificaciones fortalecen el acceso a la justicia mediante la digitalización de los procedimientos y la reducción de cargas procesales.

“Ya no será posible detener facultades esenciales del Estado con amparos exprés o medidas cautelares que solo benefician a quienes evaden la ley o protegen recursos ilícitos”, señaló.

La presidenta Claudia Sheinbaum también respaldó la medida y descartó que implique la eliminación del derecho al amparo.

“No se elimina el amparo; se busca agilizar los procesos judiciales. Si se demuestra que no hay delito, se devuelven los recursos; si lo hay, continúa la investigación”, dijo en conferencia.

Votos divididos y posturas críticas dentro de Morena

Aunque la mayoría oficialista respaldó la reforma, hubo votos en contra y abstenciones dentro de la coalición. La ministra en retiro Olga Sánchez Cordero se abstuvo, al igual que los diputados del PT Greycy Durán y Javier Vázquez Calixto.

También votaron en contra Ana Érika Santana (PVEM) y Martha Aracely Cruz Jiménez (PT), esta última argumentando que la reforma afectará el interés colectivo de los pueblos indígenas.

Cruz Jiménez propuso una reserva para garantizar el derecho de las comunidades a interponer amparos “cuando los actos reclamados produzcan un beneficio cierto, directo o indirecto, individual o colectivo”.

Lo que sigue

Tras su aprobación en lo general, la Cámara de Diputados continuará el debate en lo particular de las reservas durante la madrugada. Una vez aprobadas las modificaciones acordadas, el dictamen será enviado al Senado para su revisión final.

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Con posturas encontradas entre los partidos políticos, ya que, por un lado, Morena y sus aliados defienden que la reforma reforzará este instrumento jurídico y evitará abusos; por otro, la oposición argumenta que vulnera los derechos de los ciudadanos y busca blindar al poder público.

Ahora, los 500 legisladores que conforman el Pleno tendrán que discutir y votar la minuta.

La reforma ya tuvo una primera aprobación en las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público, con 56 votos a favor, 11 en contra y una abstención.

Puntos clave de la reforma

• Limitaciones a la suspensión del acto reclamado: se establecen criterios más estrictos para otorgar suspensiones, especialmente en casos de políticas públicas o leyes aprobadas por el Congreso
• Interés legítimo: se redefine el concepto para evitar abusos procesales y garantizar que solo quienes tengan un interés directo puedan acceder al juicio de amparo
• Efectos generales: las sentencias de amparo solo tendrán efectos para quien lo promovió
• Digitalización: se implementará la firma electrónica obligatoria y se estandarizará la documentación digital para agilizar los trámites
• Fortalecimiento de medidas de cumplimiento: se endurecen las sanciones para autoridades que no cumplan con sentencias de amparo y se establecen plazos más cortos para resolver los juicios

¿En qué consiste la reforma a la Ley de Amparo?

La reforma a la Ley de Amparo tiene como objetivo modernizar y fortalecer el juicio de amparo, una herramienta esencial para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo celebró la aprobación en el Senado de la reforma a la Ley de Amparo, la cual puntualizó, que no quita el derecho a los mexicanos de tener el amparo frente a un acto de autoridad.

Asimismo, señaló que con la reforma se reducirán los tiempos en la aplicación de la justicia, especialmente en casos comerciales o de deudas fiscales.

“En el momento que se resuelva el amparo, que ya va a ser muy rápido, pues entonces o se le regresa el recurso a la persona o sigue la investigación con la cuenta congelada. No es que ahora la autoridad va a estar congelando cuentas”, dijo.

Sheinbaum explicó que, en el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, cuando se congela una cuenta por presunto lavado de dinero se permite que puedan solicitar una suspensión a este acto de autoridad, y actualmente los jueces la otorgan casi automáticamente, pero con la reforma, la suspensión no procederá hasta que se resuelva el amparo y se verá si existe o no lavado de dinero.

Finalmente, en asuntos fiscales, detalló que cuando haya la aplicación de una resolución de la Corte, no podrá haber suspensión inmediata, sino que la suspensión vendrá hacia el proceso final.

“Si otorga la suspensión un juez tiene que depositar en garantía lo que debe al fisco”, expresó.

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Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió al coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, explicar el posicionamiento de su administración: se debe respetar el Artículo 14 de la Constitución, el cual establece que no debe haber retroactividad en las leyes.

“Le pedí al doctor Arturo Zaldívar, ministro, o exministro presidente de la Corte, sobre el tema este de la retroactividad, Ley de Amparo, etcétera, que nos diera una explicación de lo que ayer platicamos, y que ayer fue mucho debate en las redes y medios sobre este tema. Entonces, él nos va a hacer una breve presentación sobre este tema”, agregó.

Por ello, el coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, sugirió de manera respetuosa a las legisladoras y los legisladores, y en el marco de un diálogo constructivo e institucional entre los Poderes de la Unión, clarificar el Artículo Primero Transitorio del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Amparo.

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“La presidenta tiene razón en ser muy enfática que en este Gobierno no se impulsan ni se avalan, ni leyes ni actos contrarios a la Constitución, y que no hay cabida aplicación retroactiva de ninguna ley en perjuicio de persona alguna”, puntualizó.

Por ello, propuso realizar las siguientes adecuaciones al artículo para darle claridad:

1. Establecer que la Ley de Amparo es una ley procesal, ya que se vive una etapa donde las leyes deben tener un efecto pedagógico para que el pueblo las entienda.
2. Que se prevea con claridad contundente que las etapas procesales concluidas generan derechos adquiridos y se rigen por las normas vigentes al momento de su actuación.
3. Aclarar que de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor de este decreto se regirán por las nuevas disposiciones, sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, es decir que, “las etapas anteriores a la entrada en vigor de la reforma no se tocan, y esto solamente al futuro para hacer más ágil el juicio de amparo y aprovechar las ventajas de la reforma”.

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