Lo hace sin importar que hay un litigio abierto por el delito de despojo de esos terrenos y que recientemente la justicia federal falló en contra de los invasores, quienes han construido inmuebles en esa zona al margen de la ley y buscaban un amparo para que las edificaciones no sean demolidas.

Como una muestra clara de la impunidad que hay en Puebla, Carlos Talavera ha anunciado la apertura del “Tianguis de Autos Villaverde, Morillotla”, con una extensa campaña publicitaria en redes sociales, como si no hubiera sendos procesos judiciales contra la invasión de tierras, mismos que fueron iniciados por la Fundación Julita y Antonio.

Talavera fue por muchos años un operador electoral al servicio del PRI y siempre está metido en problemas legales.

En los últimos 13 años ha pisado la cárcel en tres ocasiones, por los supuestos delitos de homicidio en defensa propia, por violar la Ley de Amparo y por daños y lesiones cometidas contra comerciantes del tianguis de San Martín Texmelucan. Por el tercer episodio purgó una pena de cinco años de prisión.

Aunque el hecho más relevante es que, el 14 de diciembre de 2025, perdió un pleito judicial que duró más de 10 años por haber ocupado de manera ilegal el predio de La Ciénega, en donde desarrolló el tianguis de autos de Villa Verde. El terreno fue recuperado por el ISSSTE y ahora en esa área se van a construir viviendas populares del Fovissste. Que por cierto este miércoles arrancó oficialmente dicho proyecto.

En la década de los años 1990, Carlos Talavera estuvo al servicio de los gobiernos del PRI para desestabilizar y agredir a dos objetivos claros: al primer gobierno de oposición en la capital del estado, que fue encabezado por el panista Gabriel Hinojosa Rivero, y la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre.

Es un personaje que siempre está metido en líos y al mismo tiempo, se tiene la sospecha de que es protegido del poder político en turno, ya que constantemente se libra de los procesos legales que se emprenden en su contra.

Ahora hay un aspecto que llama la atención. Carlos Talavera es padre de la joven Annete Michelle Talavera Herrera, quien es la directora del organismo público descentralizado Convenciones y Parques de Puebla, que depende del Gobierno del estado. Además, es diputada local suplente de Morena.

Todo hace suponer que sus problemas acaban dañando la imagen de su hija y que Carlos Talavera, en esta ocasión, no tiene el respaldo del Gobierno del estado, pues de lo contrario no lo habrían desalojado –por un mandato judicial– del predio de La Ciénega, acción que ocurrió hace ocho meses.

Le cambió la geografía al municipio de Puebla

En este espacio periodístico se ha documentado ampliamente que, desde hace tres años, grupos armados invadieron los terrenos que eran parte de La Covadonga, una fábrica textil que surgió a finales del siglo XIX. Y que al parecer hay una protección judicial a los autores de los despojos, ya que los juicios en su contra caminan más lento que un caracol.

A principios de este mes de julio, en una de las dos áreas invadidas de La Covadonga y que tiene una extensión de 5 mil metros cuadrados, se empezó a desplegar propaganda de que pronto habría la apertura de un tianguis de autos.

Fue hasta el 17 julio pasado que apareció un video de Carlos Talavera difundido en Facebook, en donde asume la autoría del proyecto de instalar un centro de compraventa de automotores ligeros y pesados en la zona de La Covadonga.

Es contradictorio en su mensaje que da en el primer video, ya que Talavera está ocupando un terreno que fue objeto del delito de despojo y, al mismo tiempo, invita a la gente a ir a ese lugar a comprar vehículos porque se ofrece “seguridad jurídica” de que los automotores no son robados. Es como “el pato tirándole a las escopetas”.

Un aspecto que resalta en la propaganda desplegada por Talavera es indicar que el tianguis se ubica en el municipio de Tenancingo, Tlaxcala, pese a que la colonia Agrícola Ignacio Zaragoza, que es donde está la zona en conflicto, lleva más de un siglo siendo parte del territorio del municipio de Puebla.

Lo que está haciendo Talavera es ceñirse a la estrategia que han usado los invasores de aparentar que el área es tlaxcalteca y no de Puebla, una situación que les ha ayudado a engañar a mucha gente para venderles predios de manera ilegal y que los contratos sean avalados, de manera “chueca”, por registradores y notarios de Tlaxcala.

Ahora es pertinente preguntarse: ¿los invasores han engañado a Carlos Talavera haciéndole creer que son los dueños legítimos del predio? Difícil creer en esta posibilidad.

¿O no será que Carlos Talavera les estaría vendiendo “protección” a los invasores? Tal vez sí.

El cargo Carlos Talavera está atrás del tianguis de autos que se abrirá en las tierras invadidas de La Covadonga apareció primero en Reto Diario.

Lo que llama la atención es que el documento viene de un consultorio de la empresa Fifty Doctors, la cual es una cadena de hospitales “boutique” y de torres médicas que, para el caso de Puebla, ha registrado un acelerado crecimiento al contar con tres complejos en un corto tiempo.

Fifty Doctors se destacó por el escándalo de hace un par de años en que se puso al descubierto que en un consultorio de esta firma atendía una mujer llamada Marilyn Cote, quien era una falsa médica que ejercía la Psiquiatría, cuyo caso se puso al descubierto por la denuncia de los pacientes a los que dañó, pues la empresa en donde atendía nunca pudo –o nunca quiso– detectar los fraudes que cometía esta mujer.

Ahora vuelve a aparecer el nombre de la firma Fifty Doctors en un caso de falsificación de la identidad de un médico.

Aunque el mayor cuestionamiento se tendría que dirigir contra el juez de Control Salvador Hernández Martínez, quien lleva el juicio por la invasión de La Covadonga, pues el togado aceptó un falso certificado médico a favor del acusado principal.

Una situación que debería ser objeto de investigación y sanción por parte del Consejo de la Judicatura, encabezado por Pedro Antonio Martínez Hernández, pues el juez no estaría garantizando el principio de legalidad en la actuación del Poder Judicial.

Este tipo de asuntos pone al descubierto que en el aparato de administración de justicia de Puebla hay una protección hacia el llamado “Cartel del Despojo”, que no es otra cosa que una red de abogados, grupos de choque, notarios púbicos y empresarios que se coluden para cometer robos de bienes inmuebles.

El falso diagnóstico

En la noche del 9 de febrero de 2025, se cometió una segunda invasión a los terrenos de la ex fábrica textil La Covadonga. Un grupo armado ingresó al lugar para apropiarse de las tierras y de paso, golpearon y privaron de la libertad a dos agentes de la Policía Auxiliar que vigilaban la zona. Los uniformados aparecieron en Tlaxcala dentro de la cajuela de un automotor.

Para el mes de marzo de 2025 se logró que se judicializara la demanda que se presentó ante el Ministerio Público y en la cual se señalaba que el despojo lo habría cometido José Guadalupe N., “El More”, quien hasta la fecha sigue teniendo bajo su posesión los terrenos invadidos, que se ubican en el norte del municipio de Puebla.

El pasado 25 de mayo se convocó a una audiencia judicial para intentar vincular a un proceso penal a “El More”, por los presuntos delitos de despojo y de agresiones físicas contra dos policías. El acusado no respondió al citatorio del juzgado, por lo cual se ordenó que fuera presentado con el uso de la fuerza pública.

Todo hacía suponer que, con esas condiciones, el pasado 22 de junio de este año, ahora sí se realizaría la audiencia en cuestión, tras una larga espera de 15 meses. Esa expectativa acabó en otra nueva suspensión.

El secretario del juzgado les comunicó a los abogados de la parte que denuncia la invasión que “El More” había presentado un certificado médico, en donde un galeno le ordena estudios específicos para detectar si está infectado con el virus SARS-CoV-2, es decir, el COVID-19. Una situación que despertó fuertes sospechas en los afectados por el despojo de la ex fábrica La Covadonga.

Había algo que no cuadraba en el documento médico, pues al acusado supuestamente le recetaron Azitrocin y al mismo tiempo le diagnosticaban un posible contagio del SARS-COV-2, lo cual no es lógico, ya que el medicamento es un antibiótico de amplio espectro y en el tratamiento del COVID-19 no se usan antibióticos.

Eso llevó a que los abogados de la parte acusadora solicitaran la intervención del Ministerio Público, mismo que logró localizar al médico que firma el certificado, quien al comparecer declaró no conocer a José Guadalupe N., no haber emitido el certificado médico en cuestión y él mismo expuso que se falsificó su firma, algo que se evidencia, pues la rúbrica usada no se parece en nada a la suya.

Lo que no queda claro es cómo se obtuvo el papel membretado de la empresa Fifty Doctors.

En la imagen que hay sobre esta columna se ve en la parte izquierda la firma falsa y en la parte derecha la rúbrica real del médico, de quien se omite su nombre por motivos de seguridad.

Resulta entendible que alguien dedicado a invadir propiedades recurra a usar documentos falsos, pues es parte de su modus operandi.

Lo que no es aceptable es que el juez Salvador Hernández Martínez no haya verificado la autenticidad del certificado médico comentado con anterioridad.

Eso despierta la pregunta: ¿en el juzgado actuaron con negligencia o con complicidad?

El cargo Usan certificado falso de Fifty Doctors para evitar proceso contra el invasor de La Covadonga apareció primero en Reto Diario.

Eso sin contar que el juez tardó dos años en judicializar la carpeta de la investigación por la invasión de 8.5 hectáreas de la exfactoría, que se creó en 1897 y ahora en lugar de ser un lugar emblemático de la industria textil, es un sitio que ha sido objeto de varios despojos.

Enrique López Criollo es el juez que está en medio de esta polémica, pues fue quien se negó a proceder contra el principal autor de la invasión de La Covadonga y ahora, de manera anómala, lo vuelven a poner al frente del caso para determinar la responsabilidad penal del acusado de apropiarse de los predios de la ex factoría.

Lo correcto era nombrar a un nuevo juez para hacerse cargo de dicho asunto, sobre todo porque un tribunal colegiado del ámbito federal determinó que fue incorrecto no vincular a proceso al principal responsable del despojo de los predios.

Solo por no encontrar la calle en el mapa

Todo inició cuando un grupo armado se apoderó de más de ocho hectáreas de La Covadonga el 9 de abril de 2023.

De inmediato, los directivos de la Fundación Julita y Antonio –que es propietaria de los terrenos de la ex fábrica textil de La Covadonga– interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, misma que integró una carpeta de investigación en donde se señala a Jorge N. como el presunto autor del delito de despojo.

Once meses más tarde, el juez Enrique López Criollo decidió no vincular a proceso a Jorge N., pero no porque no hubiera pruebas en su contra, sino por una nimiedad.

Resulta que la calle en donde están domiciliadas las hectáreas en cuestión antes se llamaba Antigua Carretera Federal a Tlaxcala y en años recientes, el Ayuntamiento de Puebla le cambió el nombre de Emilio Carranza.

En ese sentido, el juez indicó que no podía localizar en un mapa la calle en donde la denuncia indicaba que se había cometido el despojo, razón por la cual decidió que no había motivos para proceder contra el presunto autor de la invasión de tierras.

Con ello desechaba todas las evidencias que había, desde testimonios de cómo se cometió de manera violenta el despojo, así como imágenes de la invasión y se aportaban datos de cómo los autores del ilícito habían lotificado las tierras y estaban vendiendo los predios, engañando a los compradores al hacerles creer que son los auténticos propietarios.

Luego del fallo del juez López Criollo, la parte agraviada presentó un recurso de apelación ante la Décima Primera Sala Unitaria en Materia Penal del Poder Judicial de Puebla, misma que declaró el caso sobreseído.

Ante ese fallo, la Fundación Julita y Antonio inició un juicio de amparo directo. En ese sentido, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito les dio la razón a los quejosos, por lo cual ordenó que se repusiera el procedimiento del juicio.

El asunto regresó a la cancha de la misma sala del Poder Judicial de Puebla, que declaró improcedente el fallo de calificar sobreseído el juicio, pero no vinculó a proceso al responsable de la invasión.

Otra vez la Fundación Julita y Antonio recurrió a un juicio de amparo indirecto, mismo que ganó el 9 de enero de este año.

Con este último fallo, se le ordena a la Décima Primera Sala del Poder Judicial de Puebla que haga los siguientes cambios: que se revoque la resolución del juez Enrique López Criollo en la que no vinculó a proceso a Jorge N. y se dicte un nuevo resolutivo, tomando en cuenta todas las pruebas que aportó el Ministerio Público contra el presunto autor de la invasión de tierras.

Lo que parecía ser un atisbo de que ahora sí se haría justicia, resultó ser un episodio oscuro del Poder Judicial poblano porque se volvió a nombrar al juez Enrique López Criollo para que emita un nuevo fallo.

Todo hace suponer que la designación del nuevo juez fue una gestión que lograron los abogados del presunto responsable del despojo.

Es decir, en el Poder Judicial le hacen más caso al acusado que a las victimas de un delito.

El cargo Al juez que se negó a procesar a invasores de Covadonga le vuelven a asignar el caso apareció primero en Reto Diario.

Así lo informó el apoderado legal de la Fundación Julita y Antonio, Jesús González Schmal, quien detalló que el hecho se remonta al 9 de abril de 2023, cuando un grupo de aproximadamente 50 personas armadas ingresó y ocupó ilegalmente el terreno propiedad de la fundación.

Ante la negativa inicial del TSJ para vincular a proceso al imputado, la Fundación promovió un amparo federal. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal concedió la protección y ordenó a la Sala Unitaria reconsiderar todas las pruebas aportadas por la institución y el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Foto: Especial

Con esta resolución, el juez de control deberá fijar fecha para establecer medidas cautelares y determinar el plazo de cierre de la investigación complementaria.

Por otro lado, respecto a un segundo predio invadido con construcciones irregulares, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y del Trabajo otorgó amparo a la Fundación Julita y Antonio. La sentencia ordena a la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Puebla dar curso a la denuncia ciudadana presentada el 24 de julio de 2025, e iniciar el procedimiento para designar personal que supervise y verifique los hechos denunciados.

La dependencia municipal se había negado previamente a realizar la inspección, por lo que el 13 de agosto de 2025 se recurrió al Poder Judicial Federal, que resolvió favorablemente. Esta decisión obliga al gobierno municipal a actuar conforme a su Código Reglamentario.

El presidente municipal José Chedraui declaró el 9 de diciembre de 2025 que solo actuaría una vez que la autoridad judicial lo indicara, al tratarse de un conflicto entre particulares. Con las resoluciones federales y estatales recientes, se espera que el Ayuntamiento proceda en consecuencia.

Foto: Especial

Finalmente, González Schmal lamentó la situación: “Ha sido una experiencia muy triste porque, además, no todos los ciudadanos que sufren de una invasión pueden responder con una defensa legal adecuada”.

La Fundación reiteró su compromiso por recuperar los predios y evitar que casos similares queden en impunidad, exhortando a la ciudadanía a no adquirir terrenos en la zona de La Covadonga sin verificar su legalidad.

El cargo Vinculan a proceso a Jorge N. por despojo e invasión en La Covadonga tras amparo federal apareció primero en Reto Diario.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal concedió el amparo promovido por la fundación —a través de su apoderado legal, Jesús González Schmal— contra la resolución del 7 de febrero de 2025 emitida por la Décima Primera Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ), que confirmó la no vinculación a proceso del imputado Jorge N., señalado como responsable de la invasión violenta.

Foto: Especial

Los magistrados Norma Angélica Delgadillo Rodríguez, Miriam Huerta Lechuga (ponente) y Arturo Mejía Ponce de León resolvieron por unanimidad amparar y proteger a la institución, ordenando que la Décima Primera Sala revoque la determinación del juez de control Enrique López Criollo y realice un nuevo fallo considerando todas las pruebas aportadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la fundación, que en la etapa inicial fueron desechadas indebidamente. La resolución federal establece:

“La Justicia de la Unión ampara y protege a Fundación Julita T. Viuda de del Valle y Antonio del Valle (…) contra el acto reclamado (…) para los efectos especificados en el último considerando de esta ejecutoria”.

La FGE, por su parte, ya reintegra la carpeta de investigación (7677/2023) para su pronta judicialización y lograr la vinculación a proceso de Jorge N., por los delitos de despojo, fraccionamiento y venta ilegal de lotes.

Cabe recordar que el 9 de abril de 2023, la fundación fue víctima de una invasión violenta con despojo del terreno, que ha sido utilizado irregularmente por invasores para fraccionamientos y ventas fraudulentas.

Foto: Especial

La institución enfatizó la importancia de dar a conocer este caso para alertar a la sociedad: quienes pretendan comprar terrenos o inmuebles en La Covadonga podrían ser defraudados por los responsables del despojo.

Con este amparo, la Fundación Julita y Antonio avanza en la recuperación legal del predio y en la procuración de justicia. El proceso penal continúa en curso.

El cargo Victoria legal: Fundación Julita y Antonio gana amparo contra invasor de predio en La Covadonga apareció primero en Reto Diario.

El despojo e invasión de 129 mil metros cuadrados de la ex fábrica textil La Covadonga tuvieron un componente fundamental: Agustín Sánchez Hamud y Verónica Sánchez Veana, quienes son los notarios públicos 1 y 2 de Xicohténcatl, Tlaxcala, respectivamente, crearon un “fraccionamiento clandestino” para aparentar que esa superficie se había adquirido por una cesión de derechos y lo más grave, cambiaron las ubicaciones geográficas para engañar a muchos compradores de predios de que los terrenos estaban en territorio tlaxcalteca y que no pertenecen el municipio de Puebla.

La exfábrica textil La Covadonga se creó en 1897 y desde esa época se asentó que, dicha factoría, está al norte de la Angelópolis. Incluso sus obreros crearon el primer Sindicato Textil de Puebla en la década de los años 20, del siglo pasado.

En 1930 se fundó la colonia Agrícola Ignacio Zaragoza por lo obreros de La Covadonga. Una década más tarde, en 1941, el Congreso local de Puebla le dio estatus de pueblo y al llegar los años 60, se convirtió toda esa zona en una junta auxiliar de la capital.

Ahora resulta que esa área, según los notarios Agustín Sánchez Hamud y Verónica Sánchez Veana, no es parte de Puebla, sino que pertenece al ficticio rancho La Moratilla, registrado en Tenancingo, Tlaxcala.

Los fedatarios han emitido escrituras en las que literalmente le cambiaron la geografía a Puebla y Tlaxcala, sin que hubieran intervenido los congresos locales de ambos estados.

Todo con el propósito de que los terrenos invadidos –en los últimos dos años– se pudieran lotificar y vender a compradores que ignoraban el despojo del que fue objeto la fundación propietaria de La Covadonga, un centro de producción textil que cerró sus puertas en 2006 por la pérdida de mercado.

A docenas de personas las defraudaron haciéndoles creer que estaban comprando predios a los legítimos propietarios; que los terrenos estaban libres de gravamen en el municipio de Tenancingo, Tlaxcala; y que era mentira que estuvieran en la colonia Agrícola Zaragoza, al norte de la capital del estado de Puebla.

Ello fue posible mediante un juicio ilegal de cesión de derecho que, es tan burdo e incongruente, que la sentencia nunca menciona cuál es el tamaño de la superficie que cambió de propietario.

Es tan ridícula esa sentencia judicial que, es equivalente a que la factura de un auto no mencionara el precio del vehículo o el contrato bancario de un crédito no registrara el monto del dinero que se le prestó a un cuentahabiente.

Todo eso pudo ocurrir por la complicidad que hubo de la Dirección de Notarías y Registro Públicos de Tlaxcala, en la época en que estuvo al frente Dora Delia Hernández Roldán, puesto que esta instancia debía haber verificado la legalidad de los actos de los fedatarios Agustín Sánchez Hamud y Verónica Sánchez Veana, algo que nunca ocurrió.

Los cuestionamientos contra los fedatarios y la Dirección de Notarías y Registro Públicos

se desprende de una carta que –desde octubre pasado—se hizo llegar a la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, por parte de Jesús González Schmal, quien es el apoderado legal de la Fundación Julita y Antonio, la cual es la propietaria de los terrenos de la ex fábrica La Covadonga.

En la misiva se le pide a la titular del Poder Ejecutivo que se investigue a los notarios Agustín Sánchez Hamud y Verónica Sánchez Veana, tras describir como han creado “un fraccionamiento clandestino”.

Y se le solicita a la mandataria que se proceda tal como, a mediados de este año, ocurrió con el fedatario Alejandro Moreno Morales, a quien se le retiró la patente notarial 2 de Zacatelco, Tlaxcala, por haber incurrido en anomalías en su ejercicio público.

Dos meses más tarde, se envió una segunda carta a la gobernadora de Tlaxcala, en donde se le expone que muestra de la ilegalidad con que han actuado los notarios en cuestión es que, el 19 de julio de este año, se demolieron algunos inmuebles que se levantaron en la zona invadida y que fue un acto ordenado por autoridades de Puebla.

Ante tal hecho –el derrumbe de las casas—un grupo de 13 compradores de predios buscaron ampararse contra la demolición de los inmuebles y el Juzgado Tercero de Distrito de Tlaxcala declaró sobreseído el expediente 1248/2025, lo cual es un reflejo de que no había una razón jurídica a favor de los solicitantes de la protección federal.

En la misiva se indica por parte de Jesús González Schmal:

“… están siendo víctimas muchas familias de Tlaxcala y Puebla por el engaño instrumentado con un falso contrato de compraventa, protocolizado por los notarios N° 1 y N° 2 (Agustín Sánchez Hamud y Verónica Sánchez Veana, ambos en Xicohténcatl), acogido indebidamente por la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado de Puebla (Dora Nelia Hernández Roldan), mediante el cual de un predio obtenido por una supuesta cesión de derechos de una prescripción adquisitiva en un predio rústico denominado “Rancho La Moratilla” localizado en Tenancingo, Tlaxcala (en cuya sentencia ni siquiera se consigna una superficie determinada), con la que se pretende acreditar tales derechos de propiedad de lotes en un fraccionamiento clandestino, derivado de una invasión parcial (83 mil m2) del “Ex Rancho La Covadonga” de la Ciudad de Puebla”. (Sic)

“En un segundo caso, pero de idéntico modus operandi se utilizó el falso derecho de la sentencia de la prescripción adquisitiva de La Moratilla para trasladar en dos partes de 24 y 22 mil m2, otra superficie a favor de la Fábrica Agua Inmaculada, S.A. de C.V., representada en el acto por su administrador único Eymard Arguello Mancilla; dándose el mismo desdoblamiento de la ubicación del Rancho La Moratilla, para supuestamente acreditar derechos sobre el Ex Rancho La Covadonga de Puebla Capital, cuyos invasores intentaron la creación de un fraccionamiento clandestino, que finalmente fue demolido el 19 de julio de 2025 por parte de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano de dicho municipio sede de la Capital del Estado”. (Sic)

El cargo Exhiben ante la gobernadora Lorena Cuéllar a los dos notarios tlaxcaltecas que crearon un fraccionamiento clandestino en Puebla apareció primero en Reto Diario.

Así lo informó el representante de la Fundación Julita y Antonio, Jesús González Schmal, quien explicó que los quejosos pretendían demostrar que los terrenos invadidos pertenecían a Tlaxcala y, por tanto, frenar la demolición de las construcciones que ya establecieron.

Debido a que los invasores no pudieron aportar pruebas, no hay impedimento para que la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del Municipio de Puebla continúe con la demolición de los inmuebles irregulares.

Cabe recordar que la madrugada del 19 de julio, autoridades de los tres niveles de gobierno dieron cumplimiento a una orden judicial y retiraron una treintena de inmuebles totalmente deshabitados y bardas perimetrales, en cerca de 9 hectáreas, que se construyeron para despojar el predio conocido como La Covadonga a sus legítimos propietarios.

Según el acuerdo municipal del 30 de abril de 2024, la propia autoridad del ayuntamiento estableció que se retiraran y demolieran las obras ejecutadas en el predio, como medida de seguridad, de carácter preventivo y de inmediata ejecución, con el apoyo de la dependencia municipal antes mencionada.

Ante el retraso en el cumplimiento de dicho acuerdo, el equipo legal de la Fundación Julita y Antonio, interpuso un amparo federal para que la autoridad de la ciudad de Puebla cumpliera con el mismo.

En consecuencia, la juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo, Blanca Alicia Luna, les otorgó un amparo para que la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano Municipal (SGyDU) procediera a la demolición dictada desde abril del 2024.

Con esta resolución, la Fundación Julita y Antonio continúa el camino legal para demostrar la propiedad legítima del terreno y su recuperación.

El cargo Juez federal sobresee amparo y avala demolición en La Covadonga apareció primero en Reto Diario.

La parte más grave de este asunto es que dicha estafa se ha podido “cocinar” con la participación abierta del aparato notarial del estado de Tlaxcala, que ha permitido que se expidan y se registren escrituras de terrenos que pertenecen al norte del municipio de Puebla, pero que se han anotado en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la vecina entidad aparentando que están dentro de geografía tlaxcalteca.

En este entramado, quien aparecería como un actor clave es Jeremy Martín Rocha Domínguez, quien es el titular de la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, pues ha sido esta instancia la que autorizó las claves para dar validez a las escrituras ilegales en donde se dice que es territorio tlaxcalteca la colonia Agrícola Ignacio Zaragoza, que tiene décadas, y tal vez siglos, de ser parte del territorio poblano.

Sin ir más lejos, hace un par de semanas compareció ante el Cabildo de la ciudad de Puebla la titular de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de la capital, Karina Romero Sainz, quien ante la invasión de la ex fábrica textil de La Covadonga justificó que su dependencia no ha intervenido por un mandato judicial, pero no porque el área no pertenezca al territorio de la Angelópolis.

Quienes viven en la colonia Agrícola Ignacio Zaragoza pagan el impuesto predial en el municipio de Puebla desde hace décadas, votan en los comicios de la capital, tienen código postal de la Angelópolis, les recoge la basura el servicio de limpia del Ayuntamiento poblano, pagan todos los servicios públicos en la ciudad que gobierna José Chedraui Budib, cuando los asaltan llaman a la policía poblana y si no tienen agua potable le reclaman a la empresa Concesiones Integrales, misma a la que le erogan tarifas mensuales por la dotación del líquido.

Por lo que ahora resulta incongruente que el aparato notarial de Tlaxcala diga que ese territorio es de Tenancingo, un municipio tlaxcalteca.

Tal situación se plantea en el contenido de varias escrituras. Estos son algunos ejemplos:

Según el contrato 2461, que está anotado en la Dirección de Notarías y Registros Públicos del Estado de Tlaxcala, se establece que una extensión de 23 mi 963.51 metros cuadrados de la zona de La Covadonga es territorio de Tenancingo, Tlaxcala, y que tiene a salvo los gravámenes en ese municipio. Cuando apenas tres meses antes se pagó en Puebla el impuesto predial de esa propiedad por parte de la Fundación Julita y Antonio.

Según ese contrato –suscrito en abril de 2024– que avaló Verónica Sánchez Veana, quien es la notaria pública Dos de San Pablo del Monte, la empresa Agua Inmaculada Sociedad Anónima de Capital Variable pagó 25 mil pesos por esa propiedad, sin importar que un año antes se había iniciado un litigio por el delito de despojo de dicha área, en un juzgado de Puebla.

Una segunda escritura, también con la identificación de contrato 2461 y la clave catastral R-07986-27-01, establece que Agua Inmaculada, mediante su apoderado legal Eymard Argüello Mancilla, compró 22 mil 128.96 metros cuadrados, pero en la cantidad de 4 mil pesos. Nunca se explica por qué en dos predios de casi la misma extensión, por uno de ellos se pagó un precio menor en un 80 por ciento.

Otra escritura, emitida en la misma fecha que las dos anteriores, pero con el contrato 2460, establece que la ciudadana Aidé Guadalupe Ortega Bello, compró 2 mil 824.26 metros cuadrados por 4 mil pesos. Es decir, pagó lo mismo que la venta de un lote de 22 mil metros cuadrados.

Hay otra escritura que establece que por mil pesos más, una mujer llamada Marisol Galindo Galindo adquirió un lote de 4 mil 621.43 metros cuadrados, que es el doble del predio de Aidé Guadalupe Ortega. Es decir, la compradora de esta última extensión acabó erogando 5 mil pesos.

A todos los anteriores compradores, según las escrituras de la notaria Verónica Sánchez Veana, les vendió un personaje llamado José Luis Hernández Ortega, quien argumentó que el 1 de enero de 2013 un particular de nombre Guadalupe López Martínez le cedió los derechos de los terrenos de La Covadonga, que ahora identifica como Rancho La Moratilla.

Nunca se dice en los documentos oficiales la forma en que Guadalupe López habría adquirido la propiedad.

Es importante apuntar que los terrenos de La Covadonga fueron invadidos en abril de 2023 por un grupo armado y que fue denunciado, por el delito de despojo, en esa fecha.

Por lo que resulta incongruente que, cinco meses más tarde, el Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Xicohténcatl, Tlaxcala, emite una sentencia de juicio de usucapión a favor de José Luis Hernández Ortega para reconocerle la cesión de derechos que supuestamente le hizo Guadalupe López Martínez, sin tomar en cuenta que el predio está en litigio por el delito de despojo.

Algo que se sale de toda lógica es que en los documentos el juicio y en la sentencia, nunca se menciona la extensión del predio que se reclama.

En todo juicio civil o penal, si no se establece el tamaño y las colindancias de un bien inmueble que está en disputa, es imposible que proceda el litigio.

Pero en los procedimientos “mágicos” de Tlaxcala se adjudica un terreno a un particular que no se dice cuanto mide el predio.

Por si fuera poco, de un día para otro, en el juzgado se estableció que la zona de La Covadonga dejó de pertenecer a Puebla y ahora es de Tlaxcala, sin que mediara un procedimiento legislativo.

Y todo eso lo avala el aparato de notarios públicos de Tlaxcala, que tiene la obligación de revisar la legalidad de un contrato entre particulares.

El cargo La empresa Agua Inmaculada “compró” los terrenos invadidos de Covadonga en colusión con el aparato notarial de Tlaxcala apareció primero en Reto Diario.

Una de estas operaciones permitió adjudicar a la empresa Agua Inmaculada uno de los terrenos que, en abril de 2023, le fue despojado a la ex fábrica textil La Covadonga.

El cargo Una notaria, funcionarios públicos y el Registro de la Propiedad de Tlaxcala avalan la venta ilegal de terrenos en Puebla apareció primero en Reto Diario.

Esa situación ocurre gracias a la inoperancia de las autoridades encargadas de la procuración de justicia y de desarrollo urbano, que “no mueven un dedo” contra dicho asentamiento ilegal y que está fuera de toda norma de planeación.

Lo que acontece en La Covadonga –que actualmente pertenece a la fundación privada Julita y Antonio– es una muestra clara de que en Puebla gozan de plena impunidad los grupos dedicados a la invasión de bienes inmuebles.

En el caso de despojo de los terrenos de la ex fábrica textil, se han levantado dos denuncias penales y una más de carácter administrativo ante el Ayuntamiento de Puebla, sin que ninguna autoridad local actué en lo más mínimo contra dicho latrocinio.

No es un asunto menor, pues en ese apropiamiento ilegal de un terreno de 2.3 hectáreas intervino un grupo armado que, entre otras cosas, privó de la libertad a dos policías a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del estado. Sin embargo, para la Fiscalía General del Estado (FGE) lo acontecido no es suficiente para intervenir.

Más sorprende la siguiente situación: cuando el propietario de una modesta casa-habitación emprende una ampliación o remodelación del inmueble sin tramitar una licencia de construcción, es fácilmente detectado por los inspectores del Ayuntamiento de Puebla que proceden a clausurar la obra y multar al infractor, tal como lo marcan los reglamentos.

En cambio, con la construcción ilegal de este hotel pareciera que fuera “una obra invisible”, ya que la autoridad municipal no la ha tocado “ni con el pétalo de una rosa”.

Los trabajos de ese hotel se hacen en un predio que está catalogado para uso agrícola. Quienes construyen no pueden acreditar que son los propietarios y, por si fuera poco, la zona carece de todos los servicios públicos. No hay red de drenaje y agua potable, así como la apertura de una calle. Por lo que resulta inexplicable que la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano (SGDU) del gobierno municipal no tenga la disposición de hacer valer las normas.

Tales comportamientos despiertan la sospecha de que la falta de acción de la FGE y la SGDU podría tener como trasfondo no la negligencia, sino la complicidad de algunos servidores públicos de esas instancias oficiales con el grupo invasor de los predios.

Las dos invasiones

La ex fábrica textil de La Covadonga surgió a finales del siglo XIX y cerró sus puertas al fenecer el siguiente siglo. Como parte de la propiedad de esa vieja factoría, hay 22 hectáreas que estaban destinadas a la siembra de granos básicos y para unas canchas improvisadas de fútbol llanero.

El 9 de abril de 2023, un grupo de invasores se apropió de manera ilegal de 8.3 hectáreas y, de inmediato, se apresuró a lotificar el área en conflicto y se puso a ofrecer unos 250 terrenos a bajo precio. Para ello se echó mano de notarios públicos de Tlaxcala que aceptaron avalar contratos ilegales de compraventa.

Contra ese despojo, se presentó una denuncia penal y se agotaron todos los esfuerzos legales de parte de los abogados de la Fundación Julita y Antonio, para que los predios fueran restituidos al propietario legitimo. Las autoridades locales no hicieron nada. Siempre hubo el reporte de que “no había condiciones favorables” para intervenir.

Fue en junio pasado cuando hubo un operativo de autoridades federales, la Marina y la Guardia Nacional, que sirvió para restituir esas 8 hectáreas a la fundación en cuestión.

Mediante un amparo –obtenido en esas mismas fechas– que otorgó la jueza Cuarta de Distrito, Blanca Alicia Lugo Pérez, se logró la autorización para demoler el 80% de las casas que ya habían construido personas que fueron defraudadas con la venta ilegal de lotes.

El 9 de febrero de 2025, es decir 23 meses después del primer despojo, ocurrió una nueva invasión. En aquella ocasión fueron 2.3 hectáreas de La Covadonga.

En la madrugada de ese día, un grupo, usando armas de fuego, se apropió de los terrenos y sometieron a dos agentes de la Policía Auxiliar que vigilaban la propiedad. Los uniformados fueron golpeados, amarrados y los echaron a la cajuela de un vehículo. Horas más tarde los abandonaron en los límites entre Puebla y Tlaxcala.

Ambas invasiones han sido obra de la misma agrupación de paracaidistas, que estaría ligada a los intereses de una empresa dedicada a la venta de garrafones de agua purificada.

Por esos hechos se levantó la demanda FGEP/CDI/FIR/FIR-II/000949/2025 y desde hace siete meses la FGE –sin dar un argumento de peso– se ha negado a permitir que el recurso legal se turne a un juzgado. Es decir, para la Fiscalía “no pasó nada”.

El 24 de julio de 2025, se presentó otra denuncia, pero ahora ante la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano de la ciudad de Puebla –que preside Karina Romero Sáinz–, en donde se expone que se está construyendo una serie de obras de manera ilegal en el segundo terreno invadido.

Pasaron 15 días y lo quejosos pidieron información. La respuesta es que todavía no se hacía la inspección al área de conflicto.

Por esa razón, el 18 de agosto de este año se presentó una queja contra Karina Romero, por su inoperancia en contra del surgimiento de asentamientos humanos irregulares.

Hace dos semanas, la Contraloría informó que se está pidiendo la documentación para analizar el caso.

Mientras en el Ayuntamiento nadie hace nada contra las obras irregulares en La Covadonga, en el área de la segunda invasión, desde hace unas semanas llegaron docenas de albañiles para laborar los siete días de la semana en una obra que excede las dimensiones de una casa-habitación.

De acuerdo con el testimonio de vecinos de la zona y de los alarifes, se está construyendo un hotel, para que lo antes posible ya dé alojamiento.

El cargo Con toda impunidad, construyen un gigantesco hotel en los terrenos invadidos de Covadonga apareció primero en Reto Diario.