La revelación ocurre luego de la polémica generada por un episodio del podcast DesCasadas, espacio conducido por Nay Salvatori, en el que participantes realizaron comentarios considerados ofensivos hacia hombres de edad avanzada, lo que provocó críticas en redes sociales y cuestionamientos sobre la manera en que se aborda el envejecimiento desde espacios públicos.

Un salario público bajo la lupa

De acuerdo con reportes periodísticos publicados, Hilda Salvatori Bojalil forma parte del personal del ISSSTEP como especialista en nutrición y tiene entre sus funciones la atención de derechohabientes, incluidos adultos mayores.

La cifra señalada, cercana a los 83 mil pesos mensuales, generó atención debido a que coincide con un momento de controversia pública en torno a expresiones relacionadas con personas de la tercera edad.

La polémica por el podcast DesCasadas

El debate surgió tras la circulación de fragmentos de un episodio de DesCasadas, un podcast enfocado en conversaciones sobre relaciones personales, experiencias de vida y temas cotidianos, conducido por Nay Salvatori.

En el material difundido en redes sociales, usuarias y usuarios criticaron comentarios realizados durante la conversación al considerar que contenían expresiones despectivas hacia personas mayores.

Las reacciones colocaron nuevamente bajo escrutinio a la legisladora poblana, quien además de su actividad política mantiene presencia en espacios digitales y de entretenimiento.

Contraste entre funciones profesionales y discurso público

El caso generó cuestionamientos debido a que la actividad laboral de Hilda Salvatori Bojalil está relacionada con la atención y cuidado de la salud de personas adultas mayores, mientras que la polémica alrededor del podcast estuvo relacionada con comentarios sobre ese mismo sector de la población.

Especialistas y usuarios en redes sociales han señalado la importancia de mantener un trato digno hacia las personas mayores, particularmente desde ámbitos vinculados con servicios públicos y atención médica.

Antecedentes

Nayeli Salvatori es diputada local de Puebla por Morena y previamente ha desarrollado actividades en medios de comunicación y redes sociales. Su estilo directo y sus publicaciones en plataformas digitales han generado controversias en distintos momentos.

La discusión actual abrió un nuevo debate sobre los límites entre la libertad de expresión, el humor en contenidos digitales y la responsabilidad de quienes tienen cargos públicos o vínculos con instituciones gubernamentales.

Hasta ahora, no se ha difundido una postura pública de Hilda Salvatori Bojalil respecto a la polémica ni sobre los señalamientos relacionados con su percepción salarial.

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La propuesta, turnada para análisis legislativo, busca armonizar la legislación estatal con las reformas impulsadas a nivel federal por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, particularmente en materia de disciplina presupuestaria, racionalidad en pensiones y estructura municipal.

Uno de los principales puntos de la iniciativa establece un tope a las llamadas “pensiones doradas” para personal de confianza de organismos públicos descentralizados, fideicomisos, comisiones, empresas de participación estatal y otros órganos públicos. La propuesta señala que las jubilaciones o pensiones no deberán exceder la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Poder Ejecutivo Federal y del Gobierno del Estado.

Asimismo, la reforma contempla restricciones a prestaciones financiadas con recursos públicos. Consejerías electorales, magistraturas y titulares de áreas administrativas de organismos electorales no podrán contratar seguros de gastos médicos privados, seguros de vida, pensiones privadas, cajas de ahorro especiales ni regímenes extraordinarios de retiro.

En materia municipal, el proyecto propone que los ayuntamientos se integren por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta un máximo de 15 regidurías, además de mantener criterios de paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género.

Otro de los cambios incluidos plantea que el presupuesto anual del Congreso de Puebla no exceda el 0.70 por ciento del presupuesto de egresos estatal, como parte de una política de austeridad y racionalidad del gasto público.

La iniciativa también considera reglas para magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa, las cuales permanecerían en el cargo por un periodo improrrogable de 15 años.

De acuerdo con la exposición de motivos, la reforma responde al mandato federal que establece como fecha límite el 30 de mayo de 2026 para que las entidades armonicen sus marcos jurídicos en materia de límites a pensiones y jubilaciones del sector público.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local para su estudio y eventual discusión en el Pleno.

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La presidenta estatal del partido, Olga Romero Garci-Crespo, planteó que la separación del cargo busca evitar conflictos de interés, actos anticipados de campaña o el uso indebido de recursos públicos durante el proceso interno de selección de candidaturas.

“Que renuncien a la función pública quienes quieran un cargo”, expresó la dirigente al referirse a funcionarios de cualquier nivel de gobierno que pretendan competir en la próxima contienda electoral.

La medida forma parte de los lineamientos internos que Morena prepara rumbo a 2027, cuando en Puebla se renovarán los 217 ayuntamientos y el Congreso local.

En el mismo contexto, la dirigencia estatal informó que los presidentes municipales emanados del partido serán convocados a sesiones en la Escuela Municipalista, en la Ciudad de México, donde se revisará su desempeño como parte del proceso de evaluación para quienes busquen la reelección.

Las reuniones contemplan revisar aspectos como el cumplimiento de responsabilidades, la transparencia en el ejercicio del gobierno y la relación con la ciudadanía. Morena gobierna actualmente alrededor de 55 municipios en el estado.

Durante el encuentro con medios también se señaló que los gobiernos emanados del partido deben apegarse al decálogo de principios de Morena, que establece la obligación de informar de manera periódica sobre el uso de los recursos públicos.

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