Las asambleas fueron presididas por los llamados mentores –dirigentes del Comité Ejecutivo, consejeros estatales, presidentes municipales y regidores, así como diputados locales y federales– y tuvieron lugar en domicilios particulares cuyos moradores fueron electos al frente de los comités seccionales.

Electos es un decir, pues varios de estos ya habían sido seleccionados o palomeados por los coordinadores operativos territoriales (COTs) de César Addi Sánchez Salinas.

El objetivo de las asambleas era que los COTs afiliaran a los asistentes y después que estos eligieran al presidente y secretario de su comité seccional.

Pero no fue así. A las asambleas asistieron simpatizantes, pero no todos entraron, solo pudieron hacerlo los que previamente fueron inscritos en una lista que tenían los mentores. Los operadores del coordinador de Organización Territorial de Puebla, César Addi Sánchez, no permitieron el acceso de los invitados de los delegados distritales locales armentistas, también denominados delegados de Enlace Territorial.

Un actor político que sí logró que recomendados suyos quedaran al frente de algunos comités seccionales de la capital del estado, fue el superdelegado de la Secretaría de Bienestar de la entidad, Rodrigo Abdala Dartigues, quien ha dejado ver sus intenciones de pelear la nominación de Morena a la Presidencia Municipal de Puebla.

Según el Comité Ejecutivo Estatal de Morena, ayer domingo se realizaron 288 asambleas, en las cuales se confirmó la afiliación de unos ocho mil o nueve mil militantes.

El resultado es muy pobre a la luz de la meta de lograr un padrón de un millón de militantes, pues eso significa que, en cada una de las dos mil 904 secciones electorales de la entidad, Morena debería contar con al menos 344 afiliados.

En las asambleas de ayer solo se consiguieron 30 o 40 nuevos militantes por sección electoral, y eso que en la construcción de esta estructura partidista se invierten más de dos millones de pesos mensuales.

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Universidades de otras entidades ofrecen maestrías cua cuá en Puebla

Entre algunos directivos de instituciones privadas de educación superior es creciente la inconformidad por la indiferencia con que la Secretaría de Educación Pública del estado ha actuado frente a sus quejas de que instituciones de otras entidades estén ofertando y ofreciendo licenciaturas y posgrados sin contar con los permisos correspondientes.

Por esta razón, a nadie debería extrañar que en los días siguientes escalen su malestar con el secretario de Educación Manuel Viveros Narciso, el gobernador Alejandro Armenta Mier y el magistrado presidente del Consejo de la Judicatura, José Eduardo Hernández Sánchez, para denunciar a dos instituciones en concreto: el Centro Universitario Latino Veracruz (Ceulver) y la Escuela de Argumentación Jurídica (EAJ).

El Ceulver es una institución con cuenta con al menos dos Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios vigentes para el estado de Veracruz: El REVOE 20192939, para la maestría en Juicios Orales, y el REVOE 20190368, para la maestría en Derecho Procesal Penal, autorizados en marzo y junio de 2019 respectivamente.

Según la SEP federal, el Ceulver no cuenta con planteles o sedes en los estados de Puebla y Tlaxcala, lo cual es falso, pues sí los tiene y hasta los publicita en la avenida 14 Oriente 3609 de Puebla capital, en la privada Niños Héroes número 1 de la colonia Ojo de Agua de San Martín Texmelucan y en la calle Carlos I. Bentancourt 950, Primer Barrio de Huejotzingo.

La inconformidad sobre el Ceulver, que en Puebla es operado por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia Gerardo Gutiérrez Gayosso, es que este se vale del tráfico de influencias y de presiones a abogados para hacerse de alumnos en sus maestrías.

Según la queja, el magistrado Gutiérrez Gayosso actúa en complicidad con los jueces Daniel Mendoza Guillén, Juan González Bello, Aurora Emilia Velázquez Casquera, Adolfo Hernández Martínez, Mario Cortés Aldama y Juan Carlos Malpica Aladro, conminando a los abogados postulantes de sus juzgados para que se inscriban en las maestrías o les manden alumnos.

La Escuela de Argumentación Jurídica, propiedad del rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Serafín Ortiz Ortiz, tiene REVOEs autorizados para esa entidad, pero con los mismos ya opera en Puebla promoviendo su nuevo campus en el bulevar Atlixco número 40 de la colonia La Paz, a unos pasos de la Fuente de Los Frailes, sin que nada ni nadie los moleste.

Un caso que también ya ha sido reportado es el del juez Daniel Mendoza Medel, que usa la Sala de Juicios Orales del Poder Judicial de Puebla para ofrecer cursos de capacitación en el Instituto Nacional Jurídico Pericial (Inajupe).

Daniel Mendoza es juez unitario del Tribunal Estatal de Enjuiciamiento.

La queja y quizás hasta un desplegado en contra de estas instituciones a las que califican como el Cartel Universitario será suscrito por los rectores, dueños y directivos de centros e institutos universitarios particulares pertenecientes a la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Media Superior y Superior (AUIEMSS).

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El cargo Al ritmo que arrancaron las asambleas de Morena Puebla, difícilmente conseguirá un millón de afiliados apareció primero en Reto Diario.