Por una mezcla de incapacidad y tráfico de influencias, la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla solapa a tres universidades privadas que funcionan sin contar con las debidas certificaciones de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (Revoe), que es la garantía que da legalidad a los programas de licenciatura o de posgrado. Aunque se han presentado sendas denuncias de que estas empresas dedicadas a la enseñanza están al margen de a ley, la SEP “no mueve un dedo en su contra”.
Y es que atrás de esas universidades aparecen los intereses de personajes como el empresario Carlos Slim, quien es el hombre más rico de México; de Serafín Ortiz Ortiz, el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y de Gerardo Gayosso Gutiérrez, quien es magistrado del Poder Judicial de Puebla, entre otros.
Las instituciones que no tienen en regla los Revoes son: Universidad Tecnológica de México (Unitec), la Escuela de Argumentación Jurídica de Puebla A. C. y el Centro Universitario Latino Veracruz (Ceulver).
Las tres, entre otros programas, se dedican fundamentalmente a la carrera de Derecho.
Todo apunta a que en la SEP se tiene la consigna de no tocar los beneficios económicos que se obtienen en esas universidades privadas.
Aunque también hay otro problema más grave: resulta que la SEP carece de personal calificado para revisar de manera permanente las más 260 instituciones de educación superior privadas que hay en el estado de Puebla. Nadie supervisa que cada universidad cuente con los Revoes que acrediten la legalidad de los estudios que imparten.
No hace mucho, un grupo de rectores de universidades se reunieron con la subsecretaria de Educación Superior, Lizbeth Martínez Serrano, para pedirle que se actúe contra las instituciones que funcionan fuera de la legalidad. La funcionaria no pudo ofrecer una respuesta a las demandas.
Solo les recomendó mejor acudir a la delegación en Puebla de la SEP federal, la cual, todo mundo sabe, es una instancia que tiene menos recursos para actuar en torno a dicho problema.
De plano, otro funcionario de la SEP les dijo a los rectores que nadie está revisando si las universidades privadas están en regla con sus Revoes, ya que no hay personal para cumplir con esa labor.
No es mentira lo anterior, la última vez que la SEP de Puebla actuó contra una universidad privada que no tenía Revoes emitidos en el estado, tal como lo marcan las normas, fue cuando Luis Maldonado Venegas se desempeñó como titular de esta dependencia y eso ocurrió entre los años 2011 y 2013.
Los responsables de actuar contra esa anomalía fueron María del Carmen Salvatori Bronca, quien era la subsecretaria de Educación Superior, así como José Antonio Fraga Valle, quien era el director de Educación Superior de la SEP poblana.
Es decir, en los últimos 13 años no se ha cumplido con la normatividad federal y estatal que exige a las universidades contar con los Revoes, que deben ser emitidos por la autoridad educativa de la entidad en donde se imparten los programas de licenciatura o de posgrado.
Estudiantes quedan en la indefensión
De las tres universidades que se exponen en esta columna, dos carecen de Revoes emitidos en Puebla y sus certificaciones son de otros estados del país. La tercera de plano no cuenta con Revoes de ningún lado.
El problema de tener Revoes de otro estado es que los alumnos quedan en estado de indefensión frente a posibles fraudes, programas educativos incumplidos o cualquier otro abuso.
Ya que para solucionar una anomalía los estudiantes afectados tendrían que ir a reclamar ante la autoridad educativa que emitió el Revoe, es decir llevar sus problemas a otra entidad. Al mismo tiempo, esa misma autoridad se puede declarar incompetente para intervenir en un asunto que ocurrió en otro estado.
La norma local marca que es necesario que las universidades asentadas en Puebla tengan Revoes autorizados por la SEP del estado o en el ámbito federal.
La Escuela de Argumentación Jurídica de Puebla A. C., que se especializa en licenciatura y estudios de posgrado en Derecho, no tiene Revoes de Puebla. Sus certificaciones se las otorgó la SEP de Tlaxcala.
Dichos permisos los obtuvo por estar incorporada a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, cuyo rector Serafín Ortiz Ortiz, está involucrado en dicho centro educativo de Puebla que se ubica en el bulevar Atlixco, casi con esquina con la avenida Juárez y de la fuente de los Frailes.
El Ceulver sería propiedad del magistrado Gerardo Gayosso Gutiérrez, en sociedad con otros miembros del Poder Judicial poblano.
Lo cual es grave que, siendo los encargados de aplicar la justicia en Puebla, el Ceulver que imparte licenciatura, maestrías y un doctorado en Derecho, no tramitó Revoes en Puebla, tal como lo marca la ley, sino que sus certificaciones son originarias de Veracruz. Esta universidad tiene su domicilio en la 14 Oriente 3609, de la colonia Resurgimiento, en la capital poblana.
La Unitec acaba de estrenar un nuevo campus en el bulevar 5 de Mayo 2510, colonia Ladrillera de Benítez, en un predio que comparte con el banco BBVA y cuyo acoplamiento requirió de una fuerte inversión.
Se sabe que la Universidad Tecnológica de México no tiene, para el caso de Puebla, Revoes ni estatales ni federales. Utiliza acuerdos intersecretariales para acreditar la legalidad de sus más de 30 programas de licenciatura.
El dueño original de Unitec era el empresario Ignacio Guerra Pellegaud, quien en 2008 vendió la universidad a la firma Laureate International Universities, que está soportada por financieras de Estados Unidos como son los fondos Wengen Alberta, LP; Kohlberg Kravis Roberts & Co, y Cohen Private Ventures.
Hasta donde se sabe, hay otro poderoso inversionista: Carlos Slim, quien ofrece el arrendamiento de los edificios que ocupan los campus de Unitec en siete entidades federativas, mediante la compañía Impulsora de Desarrollo Económico de América Latina.
Aclaración
Por un problema de fuerza mayor no se publicó esta columna en el portal de La Jornada de Oriente el lunes de esta semana, pese a que se anunció en la edición impresa. Se pide una disculpa a los lectores.
