De acuerdo con el reporte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) planteó que los elementos de ICE podrían colaborar en tareas relacionadas con la protección de estadios, control de perímetros y coordinación de seguridad en las ciudades sede.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses señalaron que el uso de uniforme por parte de los agentes dependerá de las decisiones que tome cada sede anfitriona de la Copa del Mundo.

NBC detalló que funcionarios del DHS aseguraron que los oficiales asignados no tendrán como objetivo realizar operativos migratorios ni revisar el estatus legal de aficionados, trabajadores o asistentes a los encuentros deportivos.

La posibilidad de que ICE participe en la seguridad del torneo ha generado debate entre organizaciones civiles y grupos defensores de migrantes, debido a la preocupación que podría provocar entre comunidades latinas y extranjeras que asistirán al Mundial.

Estados Unidos será una de las sedes principales del Mundial 2026 junto con México y Canadá. El torneo contará con partidos en distintas ciudades estadounidenses y se espera la llegada de millones de visitantes internacionales.

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El pacto bipartidista separa la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) —responsable del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)— del resto del paquete presupuestario, permitiendo que cinco proyectos de ley de gastos (que cubren alrededor del 75% del presupuesto federal, incluyendo Defensa, Salud, Educación y Transporte) se financien hasta el 30 de septiembre. El DHS, en cambio, recibirá una prórroga temporal de dos semanas (hasta el 13 de febrero) a niveles actuales, mientras continúan las negociaciones sobre reformas a las operaciones de aplicación migratoria.

El entendimiento surge tras semanas de tensión, agravada por la indignación demócrata ante las muertes de dos ciudadanos estadounidenses —Renee Good y Alex Pretti— a manos de agentes federales en Minneapolis durante operativos de ICE. Los demócratas exigían “guardrails” o salvaguardas, como el fin de patrullas indiscriminadas (“roving patrols”), el uso obligatorio de cámaras corporales, identificación de agentes, prohibición de máscaras y políticas de uso de fuerza alineadas con estándares locales, para aprobar fondos al DHS.

El presidente Donald Trump respaldó el acuerdo en Truth Social, afirmando que “republicanos y demócratas se han unido para financiar a la gran mayoría del Gobierno hasta septiembre, mientras se extiende la financiación al Departamento de Seguridad Nacional”. Agregó que “lo único que puede frenar al país es otro cierre prolongado y perjudicial del Gobierno”, y expresó esperanza en una votación bipartidista.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, confirmó el pacto y destacó que permite avanzar en la financiación general mientras se presiona por cambios en las tácticas de ICE. Fuentes legislativas indicaron que el Senado podría votar el acuerdo este viernes, aunque persisten “obstáculos menores” en detalles finales. Sin embargo, el cierre parcial no está completamente descartado: la Cámara de Representantes —controlada por republicanos y actualmente en receso— deberá regresar a Washington para aprobar la versión modificada.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, advirtió que la votación podría retrasarse hasta el lunes, lo que implicaría un breve lapso de financiación (posible “shutdown” de fin de semana) para algunas agencias, aunque no afectaría operaciones esenciales como pagos de Seguridad Social o militares en activo.

Este es el segundo impasse presupuestario en meses, tras el cierre récord de 43 días en 2025. Analistas ven el acuerdo como una victoria táctica para los demócratas, que mantienen presión sobre la agenda migratoria de Trump sin paralizar por completo al Gobierno.

La Casa Blanca y líderes del Congreso exhortaron a una aprobación rápida para evitar impactos en servicios públicos, nóminas federales y operaciones clave. Las negociaciones sobre reformas al DHS continuarán en las próximas dos semanas.

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La acción contó con la participación de infantes de Marina que despegaron en helicópteros desde el portaaviones USS Gerald R. Ford para ejecutar el abordaje del buque. En un comunicado, el mando militar estadounidense aseguró que la operación envía un “mensaje claro” de que “no existe refugio seguro para los criminales”, en el marco de los esfuerzos por combatir “actividades ilegales transnacionales” en el hemisferio occidental.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, describió al Olina como parte de la llamada “flota fantasma”, compuesta por petroleros sospechosos de transportar petróleo sometido a embargo que intentan evadir a las fuerzas de EE. UU. mediante cambios de bandera o rutas clandestinas. Según Noem, el buque “había partido de Venezuela antes de ser interceptado”.

La operación se realizó sin resistencia por parte de la tripulación y las autoridades no han precisado el número de detenidos. El abordaje se suma a una serie de interceptaciones recientes de buques vinculados a envíos de crudo sospechados de violar sanciones o realizar actividades ilícitas en la región del Caribe y en rutas marítimas internacionales.

El uso de unidades navales como el USS Gerald R. Ford y la mención de la “flota fantasma” reflejan el enfoque de las fuerzas estadounidenses en reforzar la seguridad marítima y frenar el tráfico ilegal de combustibles en el hemisferio occidental.

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