La protesta, convocada a través de redes sociales, tiene como principal objetivo visibilizar la crisis de desapariciones que afecta a cientos de familias en Puebla y en el resto del país, exigiendo avances en las investigaciones y la localización de sus seres queridos.  

De acuerdo con la convocatoria, la movilización iniciará alrededor de las 17:00 o 18:30 horas en las zonas aledañas al estadio, sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, coincidiendo con la llegada masiva de aficionados al encuentro programado para las 20:00 horas. Se espera una asistencia de aproximadamente 44 mil espectadores al partido, considerado uno de los eventos deportivos más importantes previos al Mundial 2026.  

Bajo el lema “La pelota vuelve a casa, ¿y nuestr@s desaparecid@s cuándo regresarán?”, el colectivo busca aprovechar la atención nacional e internacional que genera el duelo entre España y Perú para poner en el centro del debate público la problemática de las desapariciones forzadas.  

“Las cifras oficiales no reflejan la realidad”, han señalado integrantes del colectivo, quienes denuncian que diariamente se registran nuevos reportes de personas desaparecidas sin que existan avances significativos en su búsqueda.

Se espera que el evento transcurra de manera pacífica, tal como lo ha anunciado el propio colectivo. Este tipo de acciones se suman a otras movilizaciones que familias de desaparecidos han realizado en diferentes estados del país para mantener el tema en la agenda pública.

El cargo Voz de los Desaparecidos en Puebla alista manifestación pacífica en el Cuauhtémoc durante el España vs Perú apareció primero en Reto Diario.

“Una cosa es el contenido de un documento, o sea, no estamos a favor de las conclusiones, eso no cambia, y estamos también por continuar trabajando de la mano con todos los organismos internacionales. Nosotros colaboramos con el Alto Comisionado (de la ONU) desde siempre, es de lo más importante”, declaró la funcionaria.

¿Qué dijo el Comité de la ONU?

El Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, por sus siglas en inglés) publicó el 2 de abril de 2026 un reporte en el que señala indicios fundados de que en México se han cometido y continúan cometiéndose desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, al identificar patrones de ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes periodos y regiones.

El organismo también alertó sobre la crisis forense (más de 4 mil 500 fosas clandestinas halladas, miles de restos sin identificar) y la insuficiencia de las medidas adoptadas hasta ahora, por lo que activó el artículo 34 de la Convención para llevar el caso ante la Asamblea General de la ONU y solicitar apoyo técnico y financiero.

El 6 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el documento durante la conferencia de prensa matutina de la Presidencia, al argumentar que este reporte no contempla las acciones recientes emprendidas por su gobierno.

“Varios temas no fueron considerados por esta comisión. Por eso se rechazó el documento”, dijo.

La mandataria federal cuestionó la metodología del informe, argumentando que extrapola datos principalmente de años anteriores (2009-2017 en algunos estados) sin incorporar plenamente las actualizaciones y reformas enviadas por México.

Alto número de desaparecidos sin carpetas de investigación

El propio Gobierno federal ha reconocido recientemente que más de 130 mil personas permanecen desaparecidas o no localizadas en el Registro Nacional (cifra que supera los 132 mil según algunos reportes hasta febrero-marzo 2026). Se trata de un acumulado histórico desde hace varios años, no solo del actual gobierno.

Sin embargo, organizaciones como Causa en Común y datos oficiales han puesto en evidencia que, de esa cifra total, solo existen alrededor de 3 mil 869 carpetas de investigación formales abiertas, lo que refleja una brecha importante entre los registros y las indagatorias judiciales activas.

El Gobierno ha señalado que muchos reportes carecen de datos suficientes para iniciar una búsqueda o investigación plena, y ha anunciado medidas para fortalecer las obligaciones de las fiscalías en este rubro.

Además, apenas fue en julio de 2025 cuando entró en vigor la reforma legal que hace obligatorio abrir una carpeta de investigación por cada registro de persona desaparecida. La propia Sheinbaum ha explicado: “antes no era obligatorio y eso generó un rezago muy grande”.

Si bien es un paso fundamental para el avance en la materia, está por verse si esta medida, de la mano de la Estrategia Nacional de Seguridad, está teniendo resultados concretos; es probable que esta sea la razón por la cual no está contemplada en el reporte de la ONU.

Rosa Icela Rodríguez enfatizó que el rechazo a las conclusiones del Comité no implica cerrar puertas al diálogo ni al trabajo cotidiano en búsqueda de personas, identificación forense y atención a familias.

El cargo Rechaza Rosa Icela Rodríguez conclusiones del Comité de la ONU sobre desapariciones forzadas apareció primero en Reto Diario.

Durante la conferencia de prensa matutina de la Presidencia, la mandataria federal aseguró que el documento del organismo internacional contiene interpretaciones con las que su gobierno no coincide.

“No estamos de acuerdo con todos los argumentos que sustenta este informe”, afirmó.

Cuestiona metodología: “no todo es desaparición forzada”

Sheinbaum señaló que uno de los principales desacuerdos radica en la forma en que el Comité clasifica los casos.

El organismo –explicó– agrupa distintos tipos de ausencia bajo una misma categoría, lo que, desde la postura del Gobierno mexicano, distorsiona el análisis.

“Hay casos que tenían violencia familiar y deciden no tener contacto con sus familias… ese comité dice que todo es lo mismo y decimos: ‘perdón, no es lo mismo’”, sostuvo.

La presidenta enfatizó que la desaparición forzada implica la participación del Estado, por lo que no todos los casos deben analizarse bajo ese criterio.

La mandataria federal insistió en que el informe debe contemplar las medidas implementadas en 2025 para atender la crisis de desapariciones.

Entre las acciones recientes destacan la actualización de registros y bases de datos, el fortalecimiento de mecanismos de búsqueda y la coordinación con fiscalías y autoridades locales

Según Sheinbaum, estas medidas reflejan que el Estado mexicano no tolera ni encubre este tipo de delitos.

La realidad en México

El posicionamiento ocurre en medio de una crisis de desapariciones que se han acumulado durante años.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en México se contabilizan más de 100 mil personas desaparecidas, una cifra que ha sido señalada por organismos internacionales y colectivos de víctimas.

El tema ha generado presión tanto interna como externa para mejorar los procesos de búsqueda y combatir la impunidad, así como fortalecer los mecanismos de identificación forense.

Relación con organismos internacionales

El informe al que respondió el Gobierno fue elaborado por el Comité contra la Desaparición Forzada, instancia encargada de supervisar el cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Aunque Sheinbaum rechazó parte de sus conclusiones, aseguró que su postura no responde a un conflicto político, sino a diferencias técnicas.

“No es enojo… no pueden acusar a un gobierno que ha luchado contra la desaparición forzada”, declaró.

El cargo “No estamos de acuerdo”: Sheinbaum descalifica informe de la ONU sobre desapariciones en México apareció primero en Reto Diario.

En un comunicado conjunto, las autoridades señalaron que el documento no tomó en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Estado mexicano, lo que, aseguraron, provoca que sus conclusiones no coincidan con la definición de desaparición forzada del propio comité ni con la realidad actual del país.

El Gobierno destacó que el mecanismo internacional utilizado por el comité está diseñado para contextos donde las desapariciones son generalizadas y sistemáticas por parte del Estado, situación que, afirmó, no corresponde al México actual, donde se han impulsado cambios estructurales en la materia.

Asimismo, subrayó que el informe se enfoca principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante administraciones anteriores, y en casos de cuatro estados, por lo que calificó la resolución como parcial y sesgada, además de lamentar que no se haya considerado la información actualizada entregada el pasado 27 de marzo.

El propio comité, según el comunicado, reconoce que no existen indicios de una política federal para cometer desapariciones forzadas de manera sistemática, lo que, a decir del Gobierno, refleja una diferencia con periodos previos.

Las autoridades también señalaron falta de rigor jurídico en la argumentación del informe, así como posibles conflictos de interés entre algunos de sus integrantes.

En cuanto a las acciones emprendidas, el Gobierno reiteró que no tolera ni ordena desapariciones forzadas, y destacó reformas legislativas e institucionales impulsadas recientemente. Entre ellas, mencionó la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la obligación de abrir carpetas de investigación desde el primer reporte, la creación de una Base Nacional de Carpetas, una Plataforma Única de Identidad y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.

También resaltó la coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y la Fiscalía General de la República, así como el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con personal especializado.

Finalmente, el Gobierno de México reiteró que mantiene cooperación con organismos internacionales, pero enfatizó que esta debe basarse en diagnósticos que reflejen la situación actual del país.

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