“Una cosa es el contenido de un documento, o sea, no estamos a favor de las conclusiones, eso no cambia, y estamos también por continuar trabajando de la mano con todos los organismos internacionales. Nosotros colaboramos con el Alto Comisionado (de la ONU) desde siempre, es de lo más importante”, declaró la funcionaria.

¿Qué dijo el Comité de la ONU?

El Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, por sus siglas en inglés) publicó el 2 de abril de 2026 un reporte en el que señala indicios fundados de que en México se han cometido y continúan cometiéndose desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, al identificar patrones de ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes periodos y regiones.

El organismo también alertó sobre la crisis forense (más de 4 mil 500 fosas clandestinas halladas, miles de restos sin identificar) y la insuficiencia de las medidas adoptadas hasta ahora, por lo que activó el artículo 34 de la Convención para llevar el caso ante la Asamblea General de la ONU y solicitar apoyo técnico y financiero.

El 6 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el documento durante la conferencia de prensa matutina de la Presidencia, al argumentar que este reporte no contempla las acciones recientes emprendidas por su gobierno.

“Varios temas no fueron considerados por esta comisión. Por eso se rechazó el documento”, dijo.

La mandataria federal cuestionó la metodología del informe, argumentando que extrapola datos principalmente de años anteriores (2009-2017 en algunos estados) sin incorporar plenamente las actualizaciones y reformas enviadas por México.

Alto número de desaparecidos sin carpetas de investigación

El propio Gobierno federal ha reconocido recientemente que más de 130 mil personas permanecen desaparecidas o no localizadas en el Registro Nacional (cifra que supera los 132 mil según algunos reportes hasta febrero-marzo 2026). Se trata de un acumulado histórico desde hace varios años, no solo del actual gobierno.

Sin embargo, organizaciones como Causa en Común y datos oficiales han puesto en evidencia que, de esa cifra total, solo existen alrededor de 3 mil 869 carpetas de investigación formales abiertas, lo que refleja una brecha importante entre los registros y las indagatorias judiciales activas.

El Gobierno ha señalado que muchos reportes carecen de datos suficientes para iniciar una búsqueda o investigación plena, y ha anunciado medidas para fortalecer las obligaciones de las fiscalías en este rubro.

Además, apenas fue en julio de 2025 cuando entró en vigor la reforma legal que hace obligatorio abrir una carpeta de investigación por cada registro de persona desaparecida. La propia Sheinbaum ha explicado: “antes no era obligatorio y eso generó un rezago muy grande”.

Si bien es un paso fundamental para el avance en la materia, está por verse si esta medida, de la mano de la Estrategia Nacional de Seguridad, está teniendo resultados concretos; es probable que esta sea la razón por la cual no está contemplada en el reporte de la ONU.

Rosa Icela Rodríguez enfatizó que el rechazo a las conclusiones del Comité no implica cerrar puertas al diálogo ni al trabajo cotidiano en búsqueda de personas, identificación forense y atención a familias.

El cargo Rechaza Rosa Icela Rodríguez conclusiones del Comité de la ONU sobre desapariciones forzadas apareció primero en Reto Diario.

Durante la conferencia de prensa matutina de la Presidencia, la mandataria federal aseguró que el documento del organismo internacional contiene interpretaciones con las que su gobierno no coincide.

“No estamos de acuerdo con todos los argumentos que sustenta este informe”, afirmó.

Cuestiona metodología: “no todo es desaparición forzada”

Sheinbaum señaló que uno de los principales desacuerdos radica en la forma en que el Comité clasifica los casos.

El organismo –explicó– agrupa distintos tipos de ausencia bajo una misma categoría, lo que, desde la postura del Gobierno mexicano, distorsiona el análisis.

“Hay casos que tenían violencia familiar y deciden no tener contacto con sus familias… ese comité dice que todo es lo mismo y decimos: ‘perdón, no es lo mismo’”, sostuvo.

La presidenta enfatizó que la desaparición forzada implica la participación del Estado, por lo que no todos los casos deben analizarse bajo ese criterio.

La mandataria federal insistió en que el informe debe contemplar las medidas implementadas en 2025 para atender la crisis de desapariciones.

Entre las acciones recientes destacan la actualización de registros y bases de datos, el fortalecimiento de mecanismos de búsqueda y la coordinación con fiscalías y autoridades locales

Según Sheinbaum, estas medidas reflejan que el Estado mexicano no tolera ni encubre este tipo de delitos.

La realidad en México

El posicionamiento ocurre en medio de una crisis de desapariciones que se han acumulado durante años.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en México se contabilizan más de 100 mil personas desaparecidas, una cifra que ha sido señalada por organismos internacionales y colectivos de víctimas.

El tema ha generado presión tanto interna como externa para mejorar los procesos de búsqueda y combatir la impunidad, así como fortalecer los mecanismos de identificación forense.

Relación con organismos internacionales

El informe al que respondió el Gobierno fue elaborado por el Comité contra la Desaparición Forzada, instancia encargada de supervisar el cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Aunque Sheinbaum rechazó parte de sus conclusiones, aseguró que su postura no responde a un conflicto político, sino a diferencias técnicas.

“No es enojo… no pueden acusar a un gobierno que ha luchado contra la desaparición forzada”, declaró.

El cargo “No estamos de acuerdo”: Sheinbaum descalifica informe de la ONU sobre desapariciones en México apareció primero en Reto Diario.

En un comunicado conjunto, las autoridades señalaron que el documento no tomó en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Estado mexicano, lo que, aseguraron, provoca que sus conclusiones no coincidan con la definición de desaparición forzada del propio comité ni con la realidad actual del país.

El Gobierno destacó que el mecanismo internacional utilizado por el comité está diseñado para contextos donde las desapariciones son generalizadas y sistemáticas por parte del Estado, situación que, afirmó, no corresponde al México actual, donde se han impulsado cambios estructurales en la materia.

Asimismo, subrayó que el informe se enfoca principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante administraciones anteriores, y en casos de cuatro estados, por lo que calificó la resolución como parcial y sesgada, además de lamentar que no se haya considerado la información actualizada entregada el pasado 27 de marzo.

El propio comité, según el comunicado, reconoce que no existen indicios de una política federal para cometer desapariciones forzadas de manera sistemática, lo que, a decir del Gobierno, refleja una diferencia con periodos previos.

Las autoridades también señalaron falta de rigor jurídico en la argumentación del informe, así como posibles conflictos de interés entre algunos de sus integrantes.

En cuanto a las acciones emprendidas, el Gobierno reiteró que no tolera ni ordena desapariciones forzadas, y destacó reformas legislativas e institucionales impulsadas recientemente. Entre ellas, mencionó la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la obligación de abrir carpetas de investigación desde el primer reporte, la creación de una Base Nacional de Carpetas, una Plataforma Única de Identidad y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.

También resaltó la coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y la Fiscalía General de la República, así como el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con personal especializado.

Finalmente, el Gobierno de México reiteró que mantiene cooperación con organismos internacionales, pero enfatizó que esta debe basarse en diagnósticos que reflejen la situación actual del país.

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Apunta que la militarización acompaña la crisis.

Y explica:

Desde 2006, con el inicio de la mal llamada “guerra contra el narcotráfico” –un apresurado invento de Felipe Calderón para legitimarse en el poder–, México ha experimentado una transformación profunda y sostenida en su política de seguridad pública, marcada por una creciente militarización.

Esta estrategia se ha intensificado a lo largo de los gobiernos de Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, consolidándose como una política de Estado.

Entre 2007 y 2024, las Fuerzas Armadas se enfrentaron al menos una vez al día con grupos civiles armados.

El recurso sistemático a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad ha sido una constante durante este periodo.

Más de 100 mil elementos han sido desplegados para funciones tradicionalmente civiles, como la vigilancia, el control migratorio y la investigación de delitos.

Este protagonismo militar ha estado acompañado por un incremento en las violaciones a derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y abusos contra personas detenidas.

Aunque la militarización ha sido justificada por la supuesta debilidad de las policías civiles, esta narrativa no se sostiene frente a los datos.

En 2015, las policías estatales y municipales alcanzaron su mayor número histórico, con más de 133 mil agentes en cada nivel.

Sin embargo, a partir de 2016 comenzó una disminución progresiva de estas corporaciones, al tiempo que se incrementaba el despliegue militar: en solo un año, el número de efectivos pasó de 40 mil 931 a 69 mil 476.

Este proceso no se tradujo en una mejora de la seguridad; por el contrario, entre 2015 y 2018 los homicidios aumentaron un 77 por ciento.

La reducción de la Policía Federal y su incorporación a la Guardia Nacional en 2019 evidenció un abandono de la apuesta por el fortalecimiento de las instituciones civiles.

Aunque el discurso oficial hablaba de profesionalización policial, en la práctica se profundizó la dependencia del Ejército.

Para 2022, al menos once estados del país ya contaban con más elementos militares que policías estatales.

En 2023, el número de efectivos castrenses asignados a tareas de seguridad pública alcanzó los 145 mil 931, superando con creces a las fuerzas civiles.

La creación de la Guardia Nacional consolidó esta tendencia.

Aunque constitucionalmente fue concebida como una institución civil, desde sus orígenes ha operado bajo una lógica claramente militar.

Bajo el liderazgo de los tres últimos gobiernos, se ha debilitado de forma sistemática el apoyo a las policías locales, privilegiando un modelo centralizado y militarizado cuya legitimidad y eficacia han sido cada vez más cuestionadas.

A pesar del despliegue masivo de fuerzas militares en tareas de seguridad pública, los niveles de violencia en México no han disminuido.

Entre 2007 y 2024 se registraron 452 mil 254 homicidios y 101 mil 933 desapariciones.

Estas cifras incluyen al menos 49 mil 100 mujeres, 140 periodistas y 221 personas defensoras del territorio, lo que evidencia el impacto desproporcionado sobre poblaciones específicas.

Tan solo en 2023 se contabilizaron 31 mil 602 homicidios, lo que equivale a un promedio alarmante de 85 asesinatos por día.

A pesar de ser una política sostenida en el tiempo, la militarización en el país no ha logrado reducir la violencia ni fortalecer el Estado de derecho.

Su implementación ha estado marcada por la violación de derechos humanos, la falta de controles civiles y el debilitamiento de las capacidades civiles de seguridad.

La presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública ha sustituido, en vez de complementar, a las instituciones policiales y civiles.

Esto ha contribuido no solo a la normalización del uso de la fuerza, sino también a la reproducción de dinámicas de violencia.

La militarización, lejos de ser una solución, se ha convertido en parte del problema.

De este tamaño, la gran tragedia mexicana.

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