Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la mandataria explicó que la consulta, disponible a través del portal de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), busca construir de manera participativa las reglas que garanticen el respeto a los derechos de las audiencias.

“La consulta pública que se está emitiendo es tanto para las empresas que se dedican a la telecomunicación como para las personas, para que todos podamos participar en la definición de estos lineamientos, desde quienes tienen una radio comunitaria hasta las grandes empresas o la ciudadanía en general”, señaló.

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La presidenta enfatizó que los nuevos lineamientos no buscan censurar a los medios de comunicación, sino fortalecer los mecanismos de autorregulación, respetando la libertad de expresión, la pluralidad y el derecho constitucional de la población a recibir información veraz.

“No es estar multando. El objetivo es un proceso de autorregulación del medio, porque el medio nombra a su propio regulador o defensor de audiencias”, afirmó.

Los lineamientos definirán obligaciones para medios de comunicación

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, explicó que los lineamientos, emitidos por la CRT, tienen como propósito hacer efectivos los derechos de las audiencias y establecer criterios claros que eviten interpretaciones discrecionales de la legislación.

Precisó que las disposiciones serán obligatorias para concesionarias de televisión abierta, radio, televisión y audio de paga, así como para programadoras de uso comercial, público y social.

Entre los principales derechos que deberán garantizar los medios destacan:

• Recibir información veraz y oportuna, evitando difundir información falsa, descontextualizada o presentar hechos antiguos como actuales.
• Distinguir claramente entre información noticiosa y opinión, mediante avisos, cortinillas o elementos gráficos.
• Separar el contenido informativo de la publicidad, para que las audiencias identifiquen cuándo se trata de mensajes comerciales.
• Garantizar el derecho de réplica, informando los mecanismos para solicitarlo cuando una persona considere que se difundió información inexacta sobre ella.
• Fortalecer la accesibilidad para personas con discapacidad, mediante herramientas que favorezcan la inclusión de personas con discapacidad auditiva y representaciones visuales respetuosas.

Código de Ética y defensorías de audiencias serán obligatorios

Los lineamientos también establecen que todos los concesionarios deberán contar con un Código de Ética y designar una persona defensora de las audiencias, quien será responsable de atender las quejas presentadas por la ciudadanía bajo principios de imparcialidad, independencia, objetividad y transparencia.

En el caso de radios y televisoras comunitarias, indígenas y afromexicanas, la persona defensora deberá pertenecer a la propia comunidad.

Asimismo, se contempla un mecanismo escalonado para la atención de quejas. En primera instancia, las inconformidades serán atendidas por la defensoría de audiencias; si las recomendaciones no son cumplidas o la audiencia considera que sus derechos no fueron restituidos, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones podrá intervenir e imponer las sanciones previstas en la ley, incluidas multas económicas.

Con la apertura de esta consulta pública, el Gobierno federal busca que los nuevos lineamientos sean resultado de un proceso participativo, en el que intervengan tanto la industria de las telecomunicaciones como especialistas y ciudadanía, antes de su entrada en vigor.

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El legislador señaló que, antes de avanzar en la construcción de un marco jurídico, se prevé abrir un proceso de consulta con distintos sectores sociales, con el objetivo de evaluar la viabilidad de la medida y garantizar que cuente con respaldo ciudadano.

Indicó que ya existen antecedentes en el país, como el caso de San Luis Potosí, donde se ha legislado en la materia, lo que permite considerar la posibilidad de replicar un esquema similar en Puebla.

Gaspar Ramírez subrayó que, aunque se ha identificado una ruta legal para impulsar la iniciativa, es necesario construirla con sustento social, por lo que planteó la importancia de dialogar con las partes involucradas antes de su eventual presentación formal.

El diputado reiteró que el análisis continúa y que cualquier propuesta será resultado de un proceso de revisión y consenso previo.

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Desde la Junta de Gobierno y Coordinación Política, su presidente, Pavel Gaspar Ramírez, confirmó que se pondrá en marcha un proceso de análisis que incluirá foros y mesas de trabajo con actores externos. La intención es construir una propuesta con sustento técnico y respaldo social, ante un entorno digital que rebasa la regulación vigente.

En ese contexto, legisladores de distintas fuerzas políticas señalaron que el debate debe considerar tanto la realidad familiar actual, donde la supervisión del uso de tecnología por parte de menores es limitada, como experiencias de otros estados que ya han avanzado en regulaciones similares. Coincidieron en que el enfoque debe combinar medidas preventivas y educativas, incluyendo la posible regulación de dispositivos dentro de escuelas, la definición de tiempos de uso y el fortalecimiento del papel de madres y padres de familia en la formación digital.

El Congreso prevé iniciar en los próximos días la etapa de consulta pública, en paralelo al diseño de una ruta legislativa que permita aterrizar la propuesta del Ejecutivo estatal.

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