A través de un pronunciamiento, el organismo nacional manifestó su preocupación por las declaraciones realizadas por las legisladoras en un espacio digital, donde se hicieron referencias despectivas hacia las personas mayores con frases como “huele a baúl” y “se están pudriendo”.

La CNDH sostuvo que dichas expresiones “no representan simples opiniones desafortunadas, sino una transgresión directa a las garantías legales que el Estado mexicano está obligado a proteger, constituyendo una flagrante violación a los derechos humanos, una manifestación explícita de edadismo y un acto de violencia institucional”, al vulnerar la dignidad de este sector de la población.

Exige al Congreso de Puebla fijar postura

Ante estos hechos, el organismo hizo un llamado al Congreso del estado de Puebla para que emita un posicionamiento oficial y adopte medidas que prevengan este tipo de conductas entre sus integrantes.

En ese sentido, pidió que el Poder Legislativo implemente “códigos éticos rigurosos que impidan el uso de discursos discriminatorios por parte de sus integrantes en cualquier plataforma pública o digital”.

Asimismo, consideró urgente que tanto las diputadas involucradas como el resto de las y los legisladores sean sometidos a procesos de sensibilización en materia de vejez y derechos humanos, con el propósito de evitar que se repitan expresiones que fomenten la discriminación.

“Una disculpa no repara el daño”

La CNDH enfatizó que, debido a su calidad de representantes populares, Nayeli Salvatori y Grace Palomares están sujetas a un estándar ético y legal más alto, ya que su responsabilidad es garantizar los derechos de la ciudadanía y no vulnerarlos.

El organismo también advirtió que una retractación pública resulta insuficiente para reparar el impacto de este tipo de declaraciones.

“Una simple retractación en redes sociales motivada por la presión política no repara el daño moral infligido. La discriminación arraigada en discursos públicos normaliza la exclusión y el maltrato hacia las personas mayores. Cualquier postura que pretenda validar estas conductas bajo la bandera del humor o el contexto informal resulta inaceptable en un Estado constitucional de derecho”, señaló.

Recuerdan derechos de las personas mayores

La Comisión recordó que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores reconoce el derecho de este sector a vivir con calidad, libre de violencia y con respeto irrestricto a su integridad física y moral.

Además, subrayó que la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores obliga al Estado mexicano a promover su inclusión y reconocerlas como sujetos plenos de derechos.

Finalmente, la CNDH reiteró que la violencia verbal y cualquier forma de discriminación por razón de la edad son incompatibles con un Estado democrático y de derecho, por lo que insistió en la necesidad de fortalecer la protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores y erradicar cualquier práctica de edadismo desde los espacios públicos e institucionales.

El cargo CNDH condena dichos de Nayeli Salvatori y Grace Palomares; exige al Congreso de Puebla frenar discursos discriminatorios apareció primero en Reto Diario.

Por unanimidad de votos, el Pleno de la Corte resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 67/2025, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), e invalidó partes sustanciales de la legislación local aprobada por el Congreso de Tlaxcala. Entre los puntos clave, se declaró la invalidez de la expresión “de existir indicios” contenida en el artículo 31, que permitía a la autoridad determinar de manera unilateral y discrecional la supuesta simulación de una desaparición, sin una valoración integral de pruebas ni respeto al derecho de audiencia.

La SCJN consideró que esta disposición vulneraba el debido proceso y resultaba desproporcionada, ya que imponía a la persona afectada la carga de demostrar que no simuló su desaparición, lo cual implica probar hechos negativos de muy difícil comprobación.

Aunque el máximo tribunal reconoció que la definición de ausencia por desaparición prevista en la norma local es limitada, determinó que puede interpretarse de forma compatible con la Constitución y los tratados internacionales, garantizando una protección reforzada a las víctimas.

El fallo establece que la invalidez surtirá efectos retroactivos a partir de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda (publicada el 17 de noviembre de 2017). Esto obligará a revisar todos los procedimientos iniciados con base en la legislación tlaxcalteca que resulten incompatibles con la sentencia.

La Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas tenía como objetivo proteger los derechos y el patrimonio de las personas desaparecidas y de sus familias cuando se desconoce su paradero y se presume la comisión de un delito. Sin embargo, la Corte subrayó que ciertas disposiciones locales contravenían estándares constitucionales y de derechos humanos.

Organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos celebraron el fallo, al considerar que fortalece las garantías procesales en uno de los delitos más graves que enfrenta el país, donde miles de personas permanecen desaparecidas.

La SCJN ha emitido en los últimos años múltiples resoluciones sobre leyes estatales en materia de desaparición, buscando homologarlas con la legislación federal y los estándares internacionales.

Hasta el momento, ni el Congreso de Tlaxcala ni el Gobierno estatal han emitido un pronunciamiento oficial sobre los ajustes legislativos que deberán realizar como consecuencia de esta sentencia.

El cargo SCJN frena discrecionalidad y refuerza protección a víctimas de desaparición en Tlaxcala apareció primero en Reto Diario.

Mediante la Acción de Inconstitucionalidad 73/2025, resuelta por unanimidad en el Pleno con proyecto del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, la Corte invalidó los artículos 22 (en su porción “sea mayor de edad”) y 24, fracción I, inciso b), de la Ley Número 239 de Reconocimiento y Derechos de las Personas de la Comunidad LGBTTTIQ+ del Estado de Guerrero.

Contexto del caso

La demanda fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la ley estatal publicada en junio de 2025, que sí permitía el trámite administrativo de rectificación registral por identidad de género, pero lo condicionaba exclusivamente a personas mayores de 18 años. Esta limitación, según la CNDH, violaba derechos fundamentales de las infancias y adolescencias trans e intersex. La SCJN coincidió y expulsó del orden jurídico local esa barrera etaria, reconociendo que la identidad de género no depende de un umbral cronológico.

Qué decidió la Corte y cómo funciona actualmente el trámite en Guerrero

Antes de la sentencia, el procedimiento en Guerrero era administrativo, sencillo y basado en la autopercibidad: se realizaba ante el Registro Civil con solicitud, identificación, testigos y sin requisitos médicos, quirúrgicos o psicológicos. Sin embargo, quedaba vedado para menores. Ahora, la restricción de edad queda inmediatamente sin efecto. La Corte vinculó al Congreso de Guerrero para que, en un plazo de 12 meses, emita una nueva regulación que establezca un procedimiento específico para niñas, niños y adolescentes. Este deberá ser:

• Ágil, gratuito, sencillo, confidencial y eficaz
• Basado en el consentimiento libre e informado del menor, con acompañamiento obligatorio de madres, padres o tutores (o representantes legales)
• Con asistencia de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
• Sin exigencias estigmatizantes (como cirugías, tratamientos hormonales o certificados médicos)
• En caso de falta de consentimiento de los representantes, se prevé un procedimiento judicial sumario que priorice el interés superior del menor y su autonomía progresiva.

Los documentos resultantes no deberán reflejar los cambios de identidad de género para preservar la confidencialidad.

Argumentos legales utilizados por la Corte

La SCJN consideró que la prohibición absoluta por edad vulnera los artículos 1° (igualdad y no discriminación) y 4° (libre desarrollo de la personalidad) de la Constitución federal, así como tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Entre los razonamientos clave destacan:

• La identidad de género es un componente esencial de la identidad personal y no está condicionada por la edad: “El acceso al procedimiento de rectificación […] es un acto de autorreconocimiento directamente vinculado con la esfera de la conciencia personal, que no está condicionada a la edad”.
• La restricción es discriminatoria y paternalista, pues asume que los menores carecen de madurez sin fundamento, ignorando la autonomía progresiva y el interés superior del niño (Observación General Nº7 del Comité de los Derechos del Niño).
• No supera el test de proporcionalidad: proteger a las infancias es legítimo, pero la medida absoluta no es la menos restrictiva; existen alternativas que permiten escuchar al menor
• Especial impacto en personas intersex, a quienes se les impone una asignación binaria registral que no refleja su realidad

La Corte citó expresamente la Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga a los Estados a establecer mecanismos administrativos accesibles para el reconocimiento de la identidad de género sin requisitos desproporcionados.

Implicaciones para el derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes

Esta resolución fortalece el derecho humano a la identidad al reconocer que las infancias y adolescencias trans e intersex tienen derecho a que sus documentos oficiales reflejen quiénes son desde temprana edad. Evita estigmas, discriminación y afectaciones psicológicas derivadas de la discordancia entre su identidad autopercibida y su registro civil. Además, garantiza el libre desarrollo de la personalidad y el acceso efectivo a otros derechos (educación, salud, trabajo futuro). Como señaló la propia Corte, “las niñas, niños y adolescentes trans e intersex no pueden ser excluidos del procedimiento […] por el solo hecho de ser menores de 18 años”.

Impacto como precedente constitucional en otras entidades

Al tratarse de una declaración de inconstitucionalidad emitida por la Suprema Corte, se sienta un criterio constitucional vinculante que otros jueces del país pueden (y deben) aplicar directamente. Cualquier ley estatal que mantenga restricciones de edad similares podrá ser impugnada con éxito mediante amparos o acciones de inconstitucionalidad, promoviendo una armonización nacional. Esto amplía el estándar establecido en fallos previos (como el de Puebla en 2022) y obliga a los congresos locales a revisar sus legislaciones para garantizar mecanismos inclusivos para menores. En palabras de la Corte, el Estado mexicano está obligado a garantizar que “todas las personas, incluidas las menores de 18 años, puedan adecuar sus documentos oficiales […] a su identidad de género autopercibida”.

Esta decisión no solo transforma la realidad registral en Guerrero, sino que marca un avance significativo en la protección de las infancias trans en México, colocando el interés superior del menor y su autonomía por encima de visiones adultocéntricas. El Congreso guerrerense tiene ahora la responsabilidad de legislar con perspectiva de derechos humanos para hacer efectivo este derecho.

El cargo Niños y adolescentes en Guerrero ya pueden modificar su género en el acta de nacimiento apareció primero en Reto Diario.

La decisión se enmarca en el cumplimiento de una resolución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitida en 2023, que señaló omisiones de las administraciones municipales pasadas en la atención a las víctimas. Dicho resolutivo quedó sin ejecución hasta el cambio de gobierno local.

Mónica Silva Ruiz, síndica del ayuntamiento, confirmó que el proyecto habitacional ya cuenta con la aprobación formal de las personas beneficiarias, quienes avalaron el diseño de las casas y dejaron constancia legal de su conformidad, lo que despeja el camino para iniciar la construcción este mismo año.

De acuerdo con la funcionaria, el compromiso institucional es concluir la obra antes de que termine 2026, de manera que las viviendas puedan ser entregadas durante el primer semestre del año siguiente.

El plan contempla una inversión pública de 13 millones de pesos para edificar las casas en un predio de uso habitacional ubicado en la colonia San Aparicio Las Fuentes, sobre la calle 124 B número 70, con una extensión cercana a los 900 metros cuadrados.

El proyecto se retrasó por un error en la asignación de responsabilidades, ya que la Secretaría de Movilidad e Infraestructura no tiene facultades para ejecutar este tipo de obras. Ante ello, el ayuntamiento trabaja en una reconfiguración jurídica para trasladar la ejecución a la dependencia competente.

La tragedia ocurrió el 31 de octubre de 2021, cuando una toma clandestina en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) provocó una explosión que devastó una parte de la junta auxiliar. El saldo fue de 59 viviendas colapsadas, 265 personas afectadas, cinco fallecimientos y al menos 11 heridos de gravedad.

Dos años después de los hechos, la CNDH determinó que el municipio debía reparar el daño causado mediante la construcción de viviendas y la regularización de 23 colonias. Sin embargo, la resolución permaneció sin avances durante dos administraciones municipales y apenas comienza a ejecutarse.

El cargo Alista Ayuntamiento de Puebla entrega de viviendas a damnificados de explosión de 2021 en Xochimehuacán apareció primero en Reto Diario.

La síndica municipal, Mónica Silva Ruiz, informó que el Ayuntamiento de Puebla ya concluyó la etapa de socialización del proyecto con las familias y que ahora solo falta que se publique la licitación para arrancar con la obra.

La construcción de estas nueve casas forma parte de una medida recomendada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que en 2023 solicitó al municipio reparar integralmente el daño a los damnificados por la tragedia ocurrida en octubre de 2021.

Silva detalló que el proyecto contará con una inversión de 13 millones de pesos y estará a cargo de la Secretaría de Infraestructura. El tiempo estimado para concluir las viviendas es de cuatro meses.

#Capital | La síndica municipal de #Puebla, Mónica Silva Ruiz, #informó que una vez publicada la licitación para las casas de las #víctimas afectadas por la explosión en San Pablo Xochimehuacan, la construcción tomaría 4 meses. pic.twitter.com/YNrLttPXso

— RETO diario (@retodiariomx) September 3, 2025

Hace unas semanas, las familias involucradas firmaron un acuerdo ante notario en el que dieron su consentimiento al modelo de vivienda propuesto. Aunque no se reveló la ubicación exacta, la síndica aseguró que los nuevos hogares estarán en una zona libre de riesgo, pero cercana a su lugar de origen, para preservar parte de su dinámica comunitaria.

Una vez terminada la obra, el ayuntamiento solicitará al Congreso del Estado la desincorporación de los terrenos para hacer la entrega formal a sus nuevos propietarios.

La explosión, causada por una toma clandestina en ductos de Pemex, dejó un saldo devastador: cinco muertos, 17 heridos y más de 400 familias afectadas. Muchos de los residentes señalaron que vivían ahí desde antes de que pasaran los ductos por la zona, y durante años enfrentaron el riesgo sin apoyo real.

El cargo Gobierno municipal se alista para construir casas de víctimas afectadas por explosión en Xochimehuacan apareció primero en Reto Diario.

El organismo considera que el artículo 480 del Código Penal de Puebla vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión y la seguridad jurídica, pues establece sanciones de seis meses a tres años de prisión, además de multas, a quienes vigilen, hostiguen, intimiden u ofendan a otra persona en entornos digitales, cuando estas acciones alteren su vida cotidiana o integridad.

Ambigüedades en términos legales

La presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, señaló que el texto de la norma carece de claridad, lo que abre la puerta a interpretaciones arbitrarias por parte de jueces y autoridades.

En los documentos entregados a la SCJN, la Comisión advirtió que conceptos como “hostigar”, “intimidar” u “ofender” son ambiguos y dependen de valoraciones subjetivas, lo que podría derivar en censura previa o en sanciones penales desproporcionadas.

Además, se resaltó que términos como “vigilar” o “ofender” no exigen acreditar intención de daño, por lo que bastaría la percepción de la víctima para configurar el delito. Esto, según la CNDH, viola el principio de taxatividad, que exige que las leyes penales describan con precisión las conductas prohibidas.

Riesgos para la libertad de expresión

El organismo alertó que la ley podría afectar la labor de periodistas, activistas y ciudadanos que usan redes sociales para expresar críticas o cuestionar a las autoridades. En este sentido, advirtió que el derecho penal debe usarse como último recurso y no como herramienta de restricción de la expresión en internet.

Las dos acciones de inconstitucionalidad —registradas con los expedientes 76/2025 y 88/2025— están en trámite y pendientes de resolución por parte de la Suprema Corte.

De ser declarada inválida por la SCJN, la norma dejaría de tener efecto legal, mientras que si se ratifica su constitucionalidad, seguirá vigente y de aplicación obligatoria en Puebla.

El cargo CNDH impugna Ley de Ciberasedio en Puebla ante la Suprema Corte por ambigüedades apareció primero en Reto Diario.

“Siguen existiendo esos vicios… es desproporcional considerar delito penal el simple hecho de observar un perfil o una red social. Es lamentable tener que decirles: se les advirtió”, expresó.

Riestra Piña señaló que, a pesar de los cambios avalados por la mayoría legislativa, el artículo 480 conserva aspectos que podrían ser considerados inconstitucionales, lo que motivó a la CNDH a presentar la impugnación el pasado 11 de agosto.

“Se solicita que se declare la inconstitucionalidad del artículo 480. Es muy importante que los legisladores analicemos este documento con seriedad y asumamos la responsabilidad correspondiente; estaremos atentos a los tiempos”, concluyó.

El cargo PAN advierte que recurso de la CNDH pondría en riesgo ley contra el ciberasedio apareció primero en Reto Diario.