Por unanimidad de votos, el Pleno de la Corte resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 67/2025, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), e invalidó partes sustanciales de la legislación local aprobada por el Congreso de Tlaxcala. Entre los puntos clave, se declaró la invalidez de la expresión “de existir indicios” contenida en el artículo 31, que permitía a la autoridad determinar de manera unilateral y discrecional la supuesta simulación de una desaparición, sin una valoración integral de pruebas ni respeto al derecho de audiencia.

La SCJN consideró que esta disposición vulneraba el debido proceso y resultaba desproporcionada, ya que imponía a la persona afectada la carga de demostrar que no simuló su desaparición, lo cual implica probar hechos negativos de muy difícil comprobación.

Aunque el máximo tribunal reconoció que la definición de ausencia por desaparición prevista en la norma local es limitada, determinó que puede interpretarse de forma compatible con la Constitución y los tratados internacionales, garantizando una protección reforzada a las víctimas.

El fallo establece que la invalidez surtirá efectos retroactivos a partir de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda (publicada el 17 de noviembre de 2017). Esto obligará a revisar todos los procedimientos iniciados con base en la legislación tlaxcalteca que resulten incompatibles con la sentencia.

La Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas tenía como objetivo proteger los derechos y el patrimonio de las personas desaparecidas y de sus familias cuando se desconoce su paradero y se presume la comisión de un delito. Sin embargo, la Corte subrayó que ciertas disposiciones locales contravenían estándares constitucionales y de derechos humanos.

Organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos celebraron el fallo, al considerar que fortalece las garantías procesales en uno de los delitos más graves que enfrenta el país, donde miles de personas permanecen desaparecidas.

La SCJN ha emitido en los últimos años múltiples resoluciones sobre leyes estatales en materia de desaparición, buscando homologarlas con la legislación federal y los estándares internacionales.

Hasta el momento, ni el Congreso de Tlaxcala ni el Gobierno estatal han emitido un pronunciamiento oficial sobre los ajustes legislativos que deberán realizar como consecuencia de esta sentencia.

El cargo SCJN frena discrecionalidad y refuerza protección a víctimas de desaparición en Tlaxcala apareció primero en Reto Diario.

Mediante la Acción de Inconstitucionalidad 73/2025, resuelta por unanimidad en el Pleno con proyecto del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, la Corte invalidó los artículos 22 (en su porción “sea mayor de edad”) y 24, fracción I, inciso b), de la Ley Número 239 de Reconocimiento y Derechos de las Personas de la Comunidad LGBTTTIQ+ del Estado de Guerrero.

Contexto del caso

La demanda fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la ley estatal publicada en junio de 2025, que sí permitía el trámite administrativo de rectificación registral por identidad de género, pero lo condicionaba exclusivamente a personas mayores de 18 años. Esta limitación, según la CNDH, violaba derechos fundamentales de las infancias y adolescencias trans e intersex. La SCJN coincidió y expulsó del orden jurídico local esa barrera etaria, reconociendo que la identidad de género no depende de un umbral cronológico.

Qué decidió la Corte y cómo funciona actualmente el trámite en Guerrero

Antes de la sentencia, el procedimiento en Guerrero era administrativo, sencillo y basado en la autopercibidad: se realizaba ante el Registro Civil con solicitud, identificación, testigos y sin requisitos médicos, quirúrgicos o psicológicos. Sin embargo, quedaba vedado para menores. Ahora, la restricción de edad queda inmediatamente sin efecto. La Corte vinculó al Congreso de Guerrero para que, en un plazo de 12 meses, emita una nueva regulación que establezca un procedimiento específico para niñas, niños y adolescentes. Este deberá ser:

• Ágil, gratuito, sencillo, confidencial y eficaz
• Basado en el consentimiento libre e informado del menor, con acompañamiento obligatorio de madres, padres o tutores (o representantes legales)
• Con asistencia de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
• Sin exigencias estigmatizantes (como cirugías, tratamientos hormonales o certificados médicos)
• En caso de falta de consentimiento de los representantes, se prevé un procedimiento judicial sumario que priorice el interés superior del menor y su autonomía progresiva.

Los documentos resultantes no deberán reflejar los cambios de identidad de género para preservar la confidencialidad.

Argumentos legales utilizados por la Corte

La SCJN consideró que la prohibición absoluta por edad vulnera los artículos 1° (igualdad y no discriminación) y 4° (libre desarrollo de la personalidad) de la Constitución federal, así como tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Entre los razonamientos clave destacan:

• La identidad de género es un componente esencial de la identidad personal y no está condicionada por la edad: “El acceso al procedimiento de rectificación […] es un acto de autorreconocimiento directamente vinculado con la esfera de la conciencia personal, que no está condicionada a la edad”.
• La restricción es discriminatoria y paternalista, pues asume que los menores carecen de madurez sin fundamento, ignorando la autonomía progresiva y el interés superior del niño (Observación General Nº7 del Comité de los Derechos del Niño).
• No supera el test de proporcionalidad: proteger a las infancias es legítimo, pero la medida absoluta no es la menos restrictiva; existen alternativas que permiten escuchar al menor
• Especial impacto en personas intersex, a quienes se les impone una asignación binaria registral que no refleja su realidad

La Corte citó expresamente la Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obliga a los Estados a establecer mecanismos administrativos accesibles para el reconocimiento de la identidad de género sin requisitos desproporcionados.

Implicaciones para el derecho a la identidad de niñas, niños y adolescentes

Esta resolución fortalece el derecho humano a la identidad al reconocer que las infancias y adolescencias trans e intersex tienen derecho a que sus documentos oficiales reflejen quiénes son desde temprana edad. Evita estigmas, discriminación y afectaciones psicológicas derivadas de la discordancia entre su identidad autopercibida y su registro civil. Además, garantiza el libre desarrollo de la personalidad y el acceso efectivo a otros derechos (educación, salud, trabajo futuro). Como señaló la propia Corte, “las niñas, niños y adolescentes trans e intersex no pueden ser excluidos del procedimiento […] por el solo hecho de ser menores de 18 años”.

Impacto como precedente constitucional en otras entidades

Al tratarse de una declaración de inconstitucionalidad emitida por la Suprema Corte, se sienta un criterio constitucional vinculante que otros jueces del país pueden (y deben) aplicar directamente. Cualquier ley estatal que mantenga restricciones de edad similares podrá ser impugnada con éxito mediante amparos o acciones de inconstitucionalidad, promoviendo una armonización nacional. Esto amplía el estándar establecido en fallos previos (como el de Puebla en 2022) y obliga a los congresos locales a revisar sus legislaciones para garantizar mecanismos inclusivos para menores. En palabras de la Corte, el Estado mexicano está obligado a garantizar que “todas las personas, incluidas las menores de 18 años, puedan adecuar sus documentos oficiales […] a su identidad de género autopercibida”.

Esta decisión no solo transforma la realidad registral en Guerrero, sino que marca un avance significativo en la protección de las infancias trans en México, colocando el interés superior del menor y su autonomía por encima de visiones adultocéntricas. El Congreso guerrerense tiene ahora la responsabilidad de legislar con perspectiva de derechos humanos para hacer efectivo este derecho.

El cargo Niños y adolescentes en Guerrero ya pueden modificar su género en el acta de nacimiento apareció primero en Reto Diario.

La decisión se enmarca en el cumplimiento de una resolución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitida en 2023, que señaló omisiones de las administraciones municipales pasadas en la atención a las víctimas. Dicho resolutivo quedó sin ejecución hasta el cambio de gobierno local.

Mónica Silva Ruiz, síndica del ayuntamiento, confirmó que el proyecto habitacional ya cuenta con la aprobación formal de las personas beneficiarias, quienes avalaron el diseño de las casas y dejaron constancia legal de su conformidad, lo que despeja el camino para iniciar la construcción este mismo año.

De acuerdo con la funcionaria, el compromiso institucional es concluir la obra antes de que termine 2026, de manera que las viviendas puedan ser entregadas durante el primer semestre del año siguiente.

El plan contempla una inversión pública de 13 millones de pesos para edificar las casas en un predio de uso habitacional ubicado en la colonia San Aparicio Las Fuentes, sobre la calle 124 B número 70, con una extensión cercana a los 900 metros cuadrados.

El proyecto se retrasó por un error en la asignación de responsabilidades, ya que la Secretaría de Movilidad e Infraestructura no tiene facultades para ejecutar este tipo de obras. Ante ello, el ayuntamiento trabaja en una reconfiguración jurídica para trasladar la ejecución a la dependencia competente.

La tragedia ocurrió el 31 de octubre de 2021, cuando una toma clandestina en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) provocó una explosión que devastó una parte de la junta auxiliar. El saldo fue de 59 viviendas colapsadas, 265 personas afectadas, cinco fallecimientos y al menos 11 heridos de gravedad.

Dos años después de los hechos, la CNDH determinó que el municipio debía reparar el daño causado mediante la construcción de viviendas y la regularización de 23 colonias. Sin embargo, la resolución permaneció sin avances durante dos administraciones municipales y apenas comienza a ejecutarse.

El cargo Alista Ayuntamiento de Puebla entrega de viviendas a damnificados de explosión de 2021 en Xochimehuacán apareció primero en Reto Diario.

La síndica municipal, Mónica Silva Ruiz, informó que el Ayuntamiento de Puebla ya concluyó la etapa de socialización del proyecto con las familias y que ahora solo falta que se publique la licitación para arrancar con la obra.

La construcción de estas nueve casas forma parte de una medida recomendada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que en 2023 solicitó al municipio reparar integralmente el daño a los damnificados por la tragedia ocurrida en octubre de 2021.

Silva detalló que el proyecto contará con una inversión de 13 millones de pesos y estará a cargo de la Secretaría de Infraestructura. El tiempo estimado para concluir las viviendas es de cuatro meses.

#Capital | La síndica municipal de #Puebla, Mónica Silva Ruiz, #informó que una vez publicada la licitación para las casas de las #víctimas afectadas por la explosión en San Pablo Xochimehuacan, la construcción tomaría 4 meses. pic.twitter.com/YNrLttPXso

— RETO diario (@retodiariomx) September 3, 2025

Hace unas semanas, las familias involucradas firmaron un acuerdo ante notario en el que dieron su consentimiento al modelo de vivienda propuesto. Aunque no se reveló la ubicación exacta, la síndica aseguró que los nuevos hogares estarán en una zona libre de riesgo, pero cercana a su lugar de origen, para preservar parte de su dinámica comunitaria.

Una vez terminada la obra, el ayuntamiento solicitará al Congreso del Estado la desincorporación de los terrenos para hacer la entrega formal a sus nuevos propietarios.

La explosión, causada por una toma clandestina en ductos de Pemex, dejó un saldo devastador: cinco muertos, 17 heridos y más de 400 familias afectadas. Muchos de los residentes señalaron que vivían ahí desde antes de que pasaran los ductos por la zona, y durante años enfrentaron el riesgo sin apoyo real.

El cargo Gobierno municipal se alista para construir casas de víctimas afectadas por explosión en Xochimehuacan apareció primero en Reto Diario.

El organismo considera que el artículo 480 del Código Penal de Puebla vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión y la seguridad jurídica, pues establece sanciones de seis meses a tres años de prisión, además de multas, a quienes vigilen, hostiguen, intimiden u ofendan a otra persona en entornos digitales, cuando estas acciones alteren su vida cotidiana o integridad.

Ambigüedades en términos legales

La presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, señaló que el texto de la norma carece de claridad, lo que abre la puerta a interpretaciones arbitrarias por parte de jueces y autoridades.

En los documentos entregados a la SCJN, la Comisión advirtió que conceptos como “hostigar”, “intimidar” u “ofender” son ambiguos y dependen de valoraciones subjetivas, lo que podría derivar en censura previa o en sanciones penales desproporcionadas.

Además, se resaltó que términos como “vigilar” o “ofender” no exigen acreditar intención de daño, por lo que bastaría la percepción de la víctima para configurar el delito. Esto, según la CNDH, viola el principio de taxatividad, que exige que las leyes penales describan con precisión las conductas prohibidas.

Riesgos para la libertad de expresión

El organismo alertó que la ley podría afectar la labor de periodistas, activistas y ciudadanos que usan redes sociales para expresar críticas o cuestionar a las autoridades. En este sentido, advirtió que el derecho penal debe usarse como último recurso y no como herramienta de restricción de la expresión en internet.

Las dos acciones de inconstitucionalidad —registradas con los expedientes 76/2025 y 88/2025— están en trámite y pendientes de resolución por parte de la Suprema Corte.

De ser declarada inválida por la SCJN, la norma dejaría de tener efecto legal, mientras que si se ratifica su constitucionalidad, seguirá vigente y de aplicación obligatoria en Puebla.

El cargo CNDH impugna Ley de Ciberasedio en Puebla ante la Suprema Corte por ambigüedades apareció primero en Reto Diario.

“Siguen existiendo esos vicios… es desproporcional considerar delito penal el simple hecho de observar un perfil o una red social. Es lamentable tener que decirles: se les advirtió”, expresó.

Riestra Piña señaló que, a pesar de los cambios avalados por la mayoría legislativa, el artículo 480 conserva aspectos que podrían ser considerados inconstitucionales, lo que motivó a la CNDH a presentar la impugnación el pasado 11 de agosto.

“Se solicita que se declare la inconstitucionalidad del artículo 480. Es muy importante que los legisladores analicemos este documento con seriedad y asumamos la responsabilidad correspondiente; estaremos atentos a los tiempos”, concluyó.

El cargo PAN advierte que recurso de la CNDH pondría en riesgo ley contra el ciberasedio apareció primero en Reto Diario.

En cumplimiento a la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Sindicatura Municipal, encabezada por Mónica Silva Ruiz, sostuvo una reunión con las familias para informarles que contarán con un hogar digno, seguro y cercano a su comunidad. En este encuentro se contó con la presencia del director jurídico de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura; de María Eugenia Marín, de la Notaría 33, quien dio fe y legalidad a los acuerdos asumidos; así como de la regidora Maricela Reyes Rosete.

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Desde el inicio de la administración, el Gobierno municipal ha trabajado de manera coordinada para garantizar que las acciones de reparación del daño no solo cumplan conforme a la ley, sino que también fortalezcan el tejido social. La entrega de estas viviendas forma parte del compromiso de construir justicia y bienestar, asegurando que las y los habitantes vivan en un entorno seguro y con mejores condiciones.

“Para Pepe Chedraui, reitero, las víctimas son el centro de su gestión y, para nosotros, como él siempre lo ha dicho… hoy lo que estamos realizando es poner la capital en orden para, posteriormente, seguir construyendo la ciudad de los derechos y la capital imparable. Que sepan que este Gobierno de la Ciudad les arropa siempre, les escuchará siempre y que estaremos aquí para recibirles, agradecerles la confianza que depositaron y que tengan la tranquilidad de que no les vamos a defraudar”, expresó la síndica municipal.

Foto: Especial

Con estas acciones, el Gobierno municipal reafirma su compromiso de actuar con transparencia, sensibilidad social y responsabilidad para garantizar un desarrollo urbano ordenado, seguro y justo para todas y todos.

El cargo Avanza Ayuntamiento de Puebla en reparación del daño a familias afectadas por la explosión en San Pablo Xochimehuacan apareció primero en Reto Diario.

Lo más grave es que Pemex, luego de la explosión, no ha hecho nada para evitar que vuelva a ocurrir una tragedia similar en toda la amplia zona que recorre el mismo ducto a un costado la autopista México-Puebla, correspondiente al área urbana de la capital poblana, pasando frente a unidades habitacionales, fábricas y la Central de Abasto, además de estar a un lado de la vía de comunicación por la cual circulan a diario un promedio de 48 mil vehículos.

Tales conclusiones se deducen del contenido de un documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en donde exhibe la conducta negligente de Pemex.

La explosión del ducto 24 de Pemex, en la ruta Cactus-Tula-Guadalajara, ocurrió a las 2:40 de la madrugada del 1 de octubre de 2021. El detonante fue una toma clandestina de robo de gas LP, lo cual provocó la tragedia en la calle Ferrocarriles de la junta auxiliar San Pablo Xochimehuacan.

En esa ocasión, se tuvo que evacuar a 2 mil habitantes del área del siniestro, pero fueron 265 personas las que tuvieron los mayores daños, al quedar destruidas de manara parcial o total sus viviendas. Además de sufrir alteraciones en su salud física y emocional.

Los 265 afectados presentaron una queja ante la CNDH para denunciar el mal trato que recibieron luego de la tragedia.

El organismo, tras meses de investigación, expuso que, efectivamente, se violaron los derechos humanos de los damnificados antes y después del percance del ducto de Pemex, razón por la cual el 31 de agosto de 2023 emitió la recomendación 169/2023 en contra del Ayuntamiento de la ciudad de Puebla y principalmente dirigida a Pemex.

En esa recomendación se le pidió a Octavio Romero Oropeza, en ese entonces director general de Pemex y actualmente director nacional del Infonavit, que se debía resarcir el daño de manera integral de las viviendas siniestradas, además de garantizar la seguridad y recuperación de la salud física y emocional de los 265 pobladores que directamente fueron victimas de la destrucción que se provocó con el estallido de la tubería que transporta gas LP.

Luego de que se emitió la recomendación, casi todo el mundo se olvidó de dicho documento.

Resulta que hace unos días, una persona de la ciudad de Puebla hizo una solicitud de información a la CNDH, de la siguiente manera:

“Por ser de interés público solicito amplia información respecto al seguimiento y actualización de datos al día de hoy con relación a la Recomendación 169/2023, no solo que dicha recomendación fue aceptada por el ayuntamiento de Puebla, sino qué ha sucedido por parte de Pemex en cuanto a su aceptación o no y sobre todo las acciones PUNTUALES derivadas de dicha Recomendación y su seguimiento por parte de la CNDH”. (Sic)

La semana pasada, María José López Lugo, quien es la titular de la Unidad de Transparencia de la CNDH, contestó a esa solicitud de información mediante el oficio CNDH/P/UT/1308/2025, en el cual se establece lo siguiente:

“…respecto al seguimiento y actualización de datos al día de hoy –13 de junio pasado– con relación a la Recomendación… no existe expresión documental que atienda su requerimiento, toda vez que, derivado de la respuesta negativa para aceptar la Recomendación 169/2023 por parte de la autoridad recomendada no han existido acciones puntuales para el cumplimiento a las recomendaciones específicas que le fueron dirigidas en el instrumento recomendatario”. (sic)

Dicho de una manera clara y sencilla: Pemex mandó al carajo la recomendación de la CNDH y, por ende, a los damnificados por la explosión.

El cargo Pemex se desentiende de la explosión de Xochimehuacan apareció primero en Reto Diario.

Este domingo 22 de junio, el Consejo Estatal de Morena aprobó por unanimidad avalar la estrategia que tenga el gobierno para garantizar la ciberseguridad en Puebla.

Los pongo en contexto.

Al menos que vivan debajo de una piedra, saben que hace unos días fueron aprobadas una serie de reformas al Código Penal para tipificar diversos delitos electrónicos. Entre ellos estuvo el robo de identidad y el fraude electrónico.

Pero, fue el artículo 480 el que causó controversia. Legítimamente activistas, periodistas y juristas piensan que es ambiguo y que ello podría poner en riesgo la libertad de expresión. Con pruebas y una argumentación clara, han solicitado un cambio en la redacción o su derogación.

A la par, el PAN inició una campaña de desinformación que incluyó un video pagado a Cayo de Hacha, quien justo hace unas semanas daba una capacitación en el PAN estatal.

Bueno, el caso es que cambiar el discurso es complicado, pero no imposible.

Primero, la presidenta del Congreso, Laura Artemisa García, dijo este día que una vez terminados los foros revisarán si es necesario modificar el artículo. Esto sucedió después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advirtió que si no lo hacen, podrían presentar una acción de inconstitucionalidad.

Segundo, hay una estrategia a la par para socializar que el problema de seguridad en el llamado “ciberespacio” es una realidad.

De acuerdo con el Inegi, el 25% de los usuarios de Internet en Puebla han sido víctimas de ciberacoso. En el 60% de los casos sus agresores ocupan cuentas que no se pueden identificar.

Ante esto, justo ayer en medio del Consejo Estatal de Morena, que preside el diputado Andrés Villegas, respaldaron la intención del gobernador por trabajar a favor de la ciberseguirdad.

La propuesta fue presentada ante el Consejo y aprobada de forma unánime.

¿El tema quedará finiquitado?

Su fin aún está lejos. Este lunes, la Coparmex hará un foro de consulta y el Congreso de Puebla aún tiene un foro juvenil por llevar a cabo.

Al término veremos si existen propuestas de modificación.

El cargo Ciberseguridad, el discurso de Armenta apareció primero en Reto Diario.

Del tema ya se ha hablado al extremo, el Congreso local llevó a cabo una serie de reformas al código de procedimientos penales del estado, para tipificar el delito de ciberasedio o ciberacoso.

La polémica se crea cuando dentro de la reforma el artículo 480 establece que comete el delito de ciberacoso o ciberasedio: “comete el delito de ciberasedio, quien a través de la utilización de tecnologías de la información o de la comunicación, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona con la insistencia necesaria para causarle un daño o un menoscabo en su integridad física o emocional”.

Como sanción para quien cometa este delito se establece: “una pena de hasta 3 años de prisión y una multa de 50 hasta 300 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente”.

En este espacio hemos señalado la vaguedad de la medida y ponderamos la intención del gobernador, Alejandro Armenta, para solicitar respetuosamente al Congreso la elaboración de foros de consulta para escuchar todas las voces y poder llegar a un consenso en torno a esta polémica reforma.

La misma CNDH que ha sido omisa en muchos temas de nuestro país lanzó este exhorto al Congreso local para que revise la redacción de este artículo, el cual ha sido señalado como un intento de censura por parte de las autoridades para evitar que se hable de los políticos.

Llama la atención que este organismo, el cual, reitero, ha sido omiso en múltiples temas como las desapariciones forzadas, las narco fosas, múltiples asesinatos, alce la voz en torno a este tema. Reitero, para mí, es de llamar la atención.

Y es que el “exhorto” de la CNDH no me parece una casualidad, viene acompañada de diferentes llamados tanto de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, como de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pronunciándose a favor de la libertad de expresión.

Creo que la Legislatura local y quienes toman las decisiones en este estado deben analizar muy bien este tema, el cual le está costando un desgaste innecesario al gobierno local, pese a que el Consejo Estatal de Morena haya salido ayer a respaldar dichas reformas.

Como decimos coloquialmente, “el montarse en su macho” le puede salir muy caro a muchos personajes locales, como, por ejemplo, la líder del Congreso local, Laura Artemisa García Chávez, quien quiere ser candidata a la Presidencia Municipal de Puebla en el 2027.

El costo político ya lo está pagando la propia Laura Artemisa y no podría ser de otra forma, pero el saldo puede ser aún más alto si se toma en cuenta que la CNDH incluso admitió que analiza el promover una controversia constitucional ante la polémica medida.

La Legislatura local puede quedar aún más exhibida si no deciden corregir a tiempo la ambigüedad del artículo ya citado.

Mucho se dice que detrás de estas medidas como la de Puebla y lo ocurrido en Campeche, está la mano de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien intenta a toda costa limitar la libertad de expresión y estos son sus primeros ensayos. Yo no lo creo.

El caso Puebla es una excelente oportunidad para dejar en claro que la mano de la presidenta nada tiene que ver en esta serie de medidas y que ella es una verdadera demócrata. Reitero, yo no creo que tenga un doble discurso y menos luego de que la CNDH ya instó al Congreso de Puebla para que termine con la ambigüedad de esta reforma.

Abdala arranca campaña

Anote usted también al delegado del Bienestar, Rodrigo Abdala Dartiguez, como uno de los aspirantes a la Presidencia Municipal de Puebla por Morena.

Abdala, a través de diversas organizaciones, ya comenzó a promoverse y, al parecer, ahora sí va con todo para conseguir la nominación y se dice que con el visto bueno y apoyo de muchas de sus amistades a nivel federal, porque a diferencia de otros y otras, él sí es auténtico 4T, como se dice en el argot futbolístico, canterano.

riva_leo@hotmail.com

El cargo La CNDH le corrige la plana al Congreso local, ¿ahora qué sigue? apareció primero en Reto Diario.

El artículo, incorporado este junio al Código Penal del Estado, tipifica como delito el “ciberasedio”, imponiendo sanciones de hasta tres años de prisión a quienes, mediante redes sociales, insulten, ofendan o agredan de forma reiterada, causando daño físico o emocional. Sin embargo, la CNDH advirtió que la redacción es ambigua y puede usarse como un mecanismo para criminalizar la crítica o el disenso.

En un comunicado, el organismo dirigido por Rosario Piedra Ibarra señaló que ya trabaja en una acción de inconstitucionalidad para presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta decisión responde a la petición de colectivos como la Red Puebla de Periodistas, quienes han denunciado que la reforma pone en riesgo la libertad de prensa y el debate público.

La CNDH destacó que, aunque es fundamental proteger a niñas, niños y adolescentes de la violencia digital, también es indispensable respetar los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, como lo establece el artículo 6° de la Constitución y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Asimismo, hizo un llamado al gobierno estatal, encabezado por Alejandro Armenta, a revisar y ajustar la legislación para evitar el uso del derecho penal como instrumento de censura.

“La libertad de expresión es un pilar en toda democracia. No se debe castigar con cárcel la crítica, la opinión ni el disenso”, concluyó la CNDH.

El cargo CNDH impugnará Ley de Ciberasedio en Puebla; señala riesgos a la libertad de expresión apareció primero en Reto Diario.

Durante este encuentro, la Subsecretaría de Centros Penitenciarios y representantes de la CNDH realizaron un diagnóstico sobre las acciones a implementar mediante un programa de capacitación y atención integral en beneficio de las personas indígenas privadas de la libertad en los penales de Puebla.

Foto: Especial

Por parte de la SSP, se contó con la presencia del coordinador ejecutivo de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios, Jorge Carlos Bobadilla Carpy; el director de Supervisión de Centros Penitenciarios, Jorge Israel Ponce de León Borquez, y el coordinador ejecutivo del Estado Mayor; Arturo García García.

Asimismo, de la CNDH participaron la directora general encargada de la Tercera Visitaduría, Nestora Salgado García, y del titular de Mecanismos de Prevención para la Tortura, Mario Santiago Juárez, así como integrantes del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y del Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado.

Foto: Especial

El Gobierno del estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, trabaja de la mano con distintas instancias a fin de velar por los derechos humanos de las mujeres y hombres que se encuentran en reclusión.

El cargo Desarrollan SSP de Puebla y CNDH plan de atención para personas indígenas en reclusión apareció primero en Reto Diario.

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En su mensaje, el director general del ISSSTEP, Luis Antonio Godina Herrera, subrayó que construir un entorno laboral libre de violencia y discriminación no es opcional, es una responsabilidad legal y ética, tal como lo convoca el gobernador Alejandro Armenta. Por ello, en el Instituto se impulsa una administración humanista, que cuida a su gente y que dignifica la función pública.

Asimismo, Godina Herrera expuso que estas conferencias invitan a reflexionar sobre la relación entre ética y derechos humanos como pilares institucionales, donde se habla de cómo construir una ciudadanía comprometida con la justicia y cómo la violencia de género, el acoso o el hostigamiento, son problemas sociales que requieren de respuestas colectivas.

Foto: Especial

En su oportunidad, la coordinadora general de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Adriana Vichi Cruz, afirmó que como servidores públicos, las y los trabajadores del ISSSTEP deben estar comprometidos al respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas, por lo que su actuar debe ser en todo momento, con un enfoque sustentado en los valores institucionales.

El ciclo de conferencias a todo el personal médico y administrativo fue impartido por la maestra capacitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Alma Rosa Saldaña Bernal, quien durante tres días habló de reflexiones fundamentales para la sociedad: la ética, los derechos humanos, los valores institucionales, como la prevención del hostigamiento, acoso laboral y/o sexual.

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La clausura del evento estuvo a cargo del director general de Educación en Derechos Humanos de la CNDH, Juan Manuel Estrada Juárez, quien ponderó el interés del ISSSTEP por fomentar una cultura basada en el respeto y la actuación con responsabilidad, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

El cargo ISSSTEP antepone garantía de los derechos humanos y laborales entre sus trabajadores apareció primero en Reto Diario.