El hallazgo ocurrió alrededor de las 9:00 horas en un camino de terracería cercano a la carretera federal México-Veracruz, específicamente a la altura de la zona conocida como la “Y”.

Elementos de la Policía Municipal, Estatal y la Guardia Nacional arribaron al lugar tras recibir un reporte anónimo. En el sitio localizaron un vehículo Sedán que presentaba manchas de sangre en la portezuela del conductor; al inspeccionar la unidad, confirmaron la presencia de dos cadáveres envueltos en cobijas.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado el sexo de las víctimas ni su identidad, por lo que se espera el arribo de peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar con las diligencias de levantamiento.

El cargo Hallan dos cadáveres encobijados dentro de un auto abandonado en Azumbilla apareció primero en Reto Diario.

El saldo es inaceptable: carreteras federales cerradas durante casi tres días, actos de violencia, transportistas afectados y una autoridad rebasada por un grupo que, en condiciones normales, no tendría capacidad de paralizar una vía estratégica.

El hilo conductor apunta a la intervención de la presidenta de Morena en Puebla. Se le atribuye haber activado una narrativa de confrontación contra proyectos vinculados a la familia Celis Romero.

Primero, un operativo de alto impacto, desproporcionado, para irrumpir en una empresa y detener a doña Estela Romero, adulta mayor con movilidad limitada. Después, abrió la puerta para que actores como Pedro Tepole promovieran una movilización social para clausurar invernaderos de Ecoterra, situación que viene generando desde hace tres semanas, justo cuando supo que iba a ser nombrado coordinador Agropecuario en la Región del Valle Tehuacán.

En política no hay casualidades. Cuando los hechos se encadenan, hay conducción.

El problema es de método y de control. Se construyó un discurso de sobreexplotación de agua cuando los invernaderos no estaban en operación. Se omitió que existe autorización de la Comisión Nacional del Agua y que el cultivo de arándano opera con riego por goteo controlado, uno de los sistemas más eficientes en consumo hídrico.

Es decir, se privilegió la consigna sobre el dato. Bajo el lema de que el pueblo manda, se realizaron clausuras de facto, sin soporte jurídico, sustituyendo al Estado por la presión de calle.

Pero el conflicto no se detuvo ahí.

El viernes por la noche, los presidentes de Azumbilla, Chapulco y Nicolás Bravo –respaldados por el grupo político de Pedro Tepole– ofrecieron un informe a los pobladores inconformes en el que aseguraron que el invernadero sería clausurado. De nueva cuenta, sin sustento legal, sin resoluciones administrativas y sin la mediación institucional de Gobernación. La política local volvió a prometer lo que jurídicamente no podía sostener.

El resultado fue previsible: escalamiento. Cierre de carreteras por casi 72 horas, interrupción logística, reportes de agresiones a transportistas y un deterioro inmediato de la seguridad jurídica. Gobernación quedó exhibida. El delegado Marco Antonio Balseca no logró articular diálogo ni desactivar el conflicto; peor aún, permitió que la situación derivara en un punto de quiebre donde terceros afectados amenazaban con retirar el bloqueo por la fuerza ante la inacción institucional.

Y cuando el vacío de autoridad se hizo evidente, la intervención posterior no corrigió el rumbo, lo agravó. El sábado apareció el subsecretario de Gobernación, Isauro Rendón, quien lejos de restablecer el orden legal, optó por “administrar” el conflicto con promesas sin sustento: anunció una supuesta clausura del invernadero con intervención de la Semarnat, sin procedimiento formal, sin garantía de audiencia y, lo más grave, vulnerando públicamente el derecho de defensa de la empresa, todo documentado en video.

A los pobladores se les ofreció un citatorio a dialogar con la empresa que ni siquiera contaba con acuse de recibido. Más simulación. Más atole con el dedo. Más evidencia de una operación política sin rigor jurídico ni capacidad técnica.

‼️ #IMPORTANTE ‼️ En estos momentos, sin previa mediación, sin presencia de la @Segob_Puebla y sin diálogo con la iniciativa privada, personal de Medio Ambiente del @Gob_Puebla, junto con pobladores de Azumbilla y Chapulco, se apersonan en el invernadero #Ecoterra para causar… pic.twitter.com/7dcrg8Bo2g

— Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) April 20, 2026

Cuando la autoridad se suma a la consigna, renuncia a su función.

A este escenario se suma un componente aún más delicado: el uso del aparato institucional con fines que trascienden lo jurídico y se acercan peligrosamente a lo patrimonial.

Se proyecta la imagen de una Fiscalía respaldando actos de fuerza contra dos personas de edad avanzada, en un contexto donde subyace un interés económico vinculado a una herencia. La coincidencia de acciones no es menor. Una detención de alto impacto y, en paralelo, una movilización social dirigida contra activos productivos de la misma familia. No es percepción, es un patrón que merece análisis serio.

Lo que inició como una manifestación de no más de 10 personas, con vínculos políticos identificables, se salió de control y escaló a problema social. Ese es el punto crítico. La política activó un conflicto que no supo contener. Y cuando la contención falla, el costo se traslada al estado.

Hoy la narrativa dominante es preocupante: en Puebla, la legalidad parece flexible. Se puede ingresar con fuerza pública para detener a quien se decida y, al mismo tiempo, permitir que bajo el argumento del pueblo bueno se determine quién puede operar, invertir o generar empleo.

La pregunta es inevitable. ¿No es demasiada coincidencia que un mismo actor político esté presente en dos frentes distintos contra la misma familia? En política, las coincidencias no existen. Existen intereses, estrategias y errores de cálculo. Aquí hay de los tres.

La pregunta de negocio es inmediata. ¿Quién responde por los trabajadores de Ecoterra, por la cadena de suministro interrumpida, por los daños a terceros, por los millones de pesos perdidos en tres días, por la inversión realizada por esta empresa? La respuesta hoy es nadie. Y ese nadie es el mayor riesgo país a escala local: la incertidumbre.

Cuando la política se utiliza para presionar disputas patrimoniales y se cruzan intereses con movilización social, se desbordan los límites legales y se envía una señal inequívoca a la inversión: en Puebla, la regla puede ser sustituida por la consigna.

Este episodio no es un incidente aislado. Es un síntoma. La combinación de activación política, narrativa sin sustento técnico y ausencia de control operativo termina por debilitar lo que debería protegerse: la legalidad.

Porque cuando la política juega con fuego para ganar terreno, no solo quema al adversario. Termina debilitando al estado y dejando a todos –empresa, trabajadores y ciudadanos– indefensos y vulnerables.

El cargo El caso Azumbilla: cuando la política juega con fuego apareció primero en Reto Diario.

Acompañado de consignas perfectamente sincronizadas, de indignación súbita y, sobre todo, de silencios institucionales que pesan más que cualquier bloqueo carretero.

Lo que hoy ocurre en Azumbilla y Chapulco no es nuevo, es familiar, demasiado familiar. No es la primera vez que una causa aparentemente legítima, el agua, el territorio, el medio ambiente, se convierten en bandera.

Tampoco es la primera vez que esa bandera termina ondeando en manos de quienes menos interés tienen en la causa y más en el control. La pregunta, sin embargo, no es qué está pasando. La pregunta es: ¿quién está dejando que pase? Cabe señalar que estas dos regiones del estado siempre se han caracterizado por ser cuna de movimientos políticos, sociales y de manipulación de la fe.

El Poder Judicial se encuentra en una transición que necesita territorio. Si el argumento central es la supuesta extracción ilegal de agua, el camino institucional es claro: peritajes, inspecciones, resoluciones. Pero aquí no hay nada de eso. Ni dictámenes públicos, ni clausuras formales, ni procesos transparentes.

Entonces, la gente se pregunta ¿dónde está el Poder Judicial del Estado de Puebla? La pregunta no es menor, pero tampoco puede analizarse sin contexto. Hoy, el Poder Judicial atraviesa un momento distinto. Hay un esfuerzo real por reconstruir su legitimidad, por elevar el estándar técnico de sus resoluciones y por romper inercias que durante años minaron su credibilidad.

No es un cambio menor, es probablemente uno de los procesos institucionales más relevantes en Puebla en los últimos años, pero toda transición tiene un reto central, trasladar el cambio institucional al territorio. Porque la justicia no solo debe ser correcta, debe ser oportuna y visible. Y en conflictos como el de Azumbilla, donde la narrativa crece más rápido que los procedimientos, la ausencia de una intervención clara deja espacio para que otros actores ocupen ese lugar.

No es un problema de falta de capacidad. Es un tema de timing. Y en política, el tiempo también es poder. Con una Fiscalía distraída mientras el conflicto escala. En paralelo, también vale la pena preguntar ¿qué hace la Fiscalía General del Estado de Puebla? Porque aquí no hablamos solo de protestas. Hablamos de posibles delitos: obstrucción de vías de comunicación, incitación a la presión colectiva, posibles mecanismos de coacción política. Pero la fiscalía parece estar más concentrada en su propia fragmentación interna que en ejercer presencia real en conflictos que ya tienen dimensión regional.0

En Puebla, la procuración de justicia no está rebasada, parece que está ausente en los momentos clave. Gobernación, permitiendo la omisión que se convierte en operación. En cualquier manual básico de gobernabilidad, este tipo de conflictos tienen nombre: riesgo de escalamiento regional. Y para eso existe Gobernación.

Aquí entra la responsabilidad directa del delegado regional, Marco Balseca, porque cuando un conflicto crece sin contención, no es espontáneo: es permitido. La omisión, en política, también es una forma de participación y de corrupción.

Para entender más el tema, es necesario tener en contexto quiénes son los protagonistas y es ahí en donde aparecen nombres clave, mismos que explican más que cualquier consigna: Rubén Tepole Huerta, Rubén Román Jiménez Cuevas, Ana Lilia Tepole, Michias Faustino Hernández Pérez y, escondido en la penumbra, Pedro Tepole Hernández.

El dato más delicado, la posible influencia de Miguel Ángel Celis Romero, incluso desde el penal de San Miguel. El mensaje real: aquí no basta la ley. Para cualquier inversión como Colorado Ecoterra, no basta con cumplir la ley. Hay que entender la política.

Conclusión: no existen espacios vacíos, siempre se llenan. Cuando el Poder Judicial avanza, pero no permea, la Fiscalía no actúa, y la Gobernación llega tarde, lo que queda es un espacio abierto. Y ese espacio siempre lo ocupan otros. Porque en Puebla, el conflicto no siempre se impone, a veces, simplemente se permite y, reitero, la omisión también es corrupción.

riva_leo@hotmail.com

El cargo El ruido que conviene y el silencio que protege apareció primero en Reto Diario.

En Azumbilla –localidad de Nicolás Bravo– no se está peleando el agua.

Se está peleando el poder.

Y como suele ocurrir en la política poblana, el libreto ya estaba escrito desde antes de que la gente saliera a las calles.

De pronto, apareció el rumor: que en un predio privado se estaban “robando el agua”.

La inconformidad se generó por la presencia de invernaderos ecológicos de la empresa Colorado Ecoterra, señalándola como la responsable de realizar perforaciones de dos pozos en la zona conocida como El Potrero.

Nadie ha probado nada, pero eso no importa cuando lo que se necesita no es verdad, sino indignación.

Y la indignación, bien dirigida, es combustible político.

Así empezó todo.

Pero detrás de los gritos y las consignas hay nombres, hay operadores y hay intereses.

El alcalde de Nicolás Bravo, Rubén Tepole Huerta, moviendo piezas; el presidente auxiliar Rubén Román Jiménez Cuevas, calentando la plaza, y la diputada Ana Lilia Tepole, acompañando el ruido político para ver qué tajada alcanza.

En tierra, el encargado de prender la mecha: Michias Faustino Hernández Pérez, quien presume cercanía con Antorcha Campesina.

Nada nuevo: movilización, presión y narrativa social.

Pero la historia no termina ahí.

Porque en las sombras aparece el verdadero operador: Pedro Tepole Hernández.

Dicen en corto que el exalcalde tehuacanero no ha soltado el control.

Que ya se sentó con gente de Miguel Ángel Celis Romero –el mismo que, aun desde prisión en San Miguel, sigue moviendo hilos– para repetir la jugada que ya funcionó antes: reventar proyectos, espantar inversionistas y convertir el conflicto en capital político.

Porque Tepole tiene prisa.

Quiere volver.

Él… o su hija.

Quiere regresar…

Pero no lo que se llevó.

No le alcanzó el desgaste de su administración.

No le pesaron las cuentas públicas cuestionadas.

Tampoco el rechazo social.

En la política local, la memoria es corta, pero la ambición es larga.

Y en medio de ese juego, el que queda atrapado es el desarrollo.

Colorado Ecoterra representa empleos, inversión y dinamismo económico.

Pero también representa algo que incomoda a muchos: orden, formalidad y reglas.

Justo lo contrario a lo que necesitan quienes viven del conflicto.

El problema es que esta vez el fuego puede salirse de control.

Ahí es donde entra Marco Balseca, el delegado de Gobernación.

Su papel no es menor: apagar la mecha antes de que explote.

Porque no solo está en juego una inversión, sino la gobernabilidad de toda la región.

Y también su futuro político: sueña con ser alcalde de Tehuacán.

Si logra contener la crisis, se posiciona.

Si no, se convertirá en el siguiente nombre en la lista de los que dejaron que Puebla se incendiara por intereses ajenos.

O asumirá el penoso papel del funcionario inepto –otro– que en lugar de resolverle problemas al gobernador Alejandro Armenta Mier, se los multiplica.

Porque al final, en Azumbilla, el agua es solo el pretexto.

El verdadero conflicto –como siempre– es quién controla el territorio… y el dinero.

El cargo La guerra por el agua… o por el poder apareció primero en Reto Diario.

El hallazgo se realizó a un costado de la carretera federal 144, específicamente en el tramo que conduce a la junta auxiliar de Azumbilla.

Fueron elementos de la Policía Municipal quienes, durante sus recorridos de vigilancia, visualizaron los tres cadáveres tendidos sobre el pasto seco a orilla del camino. De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas son varones que presentan signos de ejecución.

Sin embargo, debido a que no se encontraron casquillos percutidos en la zona, se presume que el sitio fue utilizado únicamente como lugar de abandono y que el crimen ocurrió en otro punto.

Los tres hombres permanecen en calidad de desconocidos, por lo que las autoridades han solicitado la intervención de la Comisión de Búsqueda de Personas para agilizar su identificación a través de reportes de desaparición recientes en la zona o estados vecinos.

El cargo Ejecutan a tres y los localizan a orillas de la carretera federal en Nicolás Bravo apareció primero en Reto Diario.

El intercambio de disparos se registró en las inmediaciones del taller “Los Chapulines”, donde la persecución culminó al cerrarle el paso a la camioneta. Técnicos en urgencias médicas confirmaron el deceso del hombre en el sitio.

Junto al cuerpo se localizó un arma corta calibre .38 Súper, y las autoridades de seguridad municipales, estatales y federales aseguraron la zona, encontrando casquillos percutidos de escopeta y arma corta.

La camioneta Hilux se detuvo más adelante, en el paraje “Pájaro Verde”. Una mujer que viajaba en ella solicitó ayuda y trasladaron al conductor a un hospital. Posteriormente, un grupo de pobladores se presentó en el lugar del incidente y retiró la camioneta, impidiendo que las autoridades concluyeran las diligencias correspondientes.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al anfiteatro de Tehuacán en calidad de desconocido. La Fiscalía continúa con la investigación para esclarecer los hechos.

El cargo Muere hombre en Azumbilla tras enfrentamiento por robo de camioneta apareció primero en Reto Diario.