No hace mucho, en esta columna se exponía cómo existen tres instituciones de educación superior privadas de la capital poblana, entre ellas una de las que tiene la mayor matrícula escolar, que funcionan sin tener el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla, pese a que la ley del ramo exige ese requisito para el funcionamiento de una universidad.

Esa situación ocurre porque nadie revisa que las universidades privadas cumplan con todas las reglas a las que están obligadas.

La SEP poblana, con el paso de los años, se ha convertido en una monumental estructura burocrática, que ha llevado a su personal y los maestros de educación básica y media superior, a tener que cumplir con una lista interminable de trámites y documentos.

El problema central es que después de ese trabajo burocrático, nadie está vigilando dos aspectos fundamentales: la calidad educativa y que las escuelas, academias y universidades, principalmente del ámbito privado, cumplan con la normatividad a la que deben ceñirse.

La autoridad educativa solo actúa cuando surge algún escándalo o conflicto en una institución educativa.

Como ahora lo que ocurre con la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza, que luego de la muerte de la niña Dafne Zapata Quinto, en un plantel de inspiración castrense en Tamaulipas, se determinó por parte de la SEP federal cerrar todas las escuelas de este tipo, incluida la que existe en Puebla desde hace 88 años.

Dicha determinación ha sido secundada por la SEP de Puebla sin mayor cuestionamiento.

Lo interesante del caso es que, desde el punto de vista jurídico, no va a ser fácil la clausura de  tales escuelas por los derechos adquiridos con base en un reglamento y un acuerdo de la SEP federal, que datan de muchos años atrás.

El pasado 24 de julio, Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP federal, definió que la Ley General de Educación (LGE) no reconoce el modelo de escuelas militarizadas. La única instancia que puede ofrecer enseñanza castrense es la Secretaría de la Defensa Nacional.

Sin embargo es importante observar algo: en ninguna parte de la LGE se establece de manera específica que están desautorizadas las academias militarizadas.

Nunca se ha hecho una reforma o adecuación a esa legislación en torno a los planteles de inspiración castrense. En la ley nunca se mencionan este tipo de escuelas y tampoco se les prohíbe.

En cambio, el 24 de mayo de 1943, el entonces Gobierno de la República emitió el Reglamento para el Funcionamiento de las Academias Particulares de Tipo Militar.

La fecha es interesante porque se estaba en pleno auge la Segunda Guerra Mundial y el presidente de esa época era el poblano Manuel Ávila Camacho, quien había sido militar y en la gestión de su antecesor, Lázaro Cárdenas, se había desempeñado como titular de la Secretaría de Guerra y Marina.

A eso obedece que en esa época se haya visto bien el surgimiento de escuelas civiles con instrucción militar. Precisamente en esos años es cuando surge la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza.

Otro antecedente importante es que, el 7 de diciembre de 1982, al inicio del gobierno neoliberal de Miguel de la Madrid Hurtado, la SEP federal emitió el acuerdo 96, que en el artículo 9, establece que puede haber escuelas militarizadas si cuentan con el aval de la Defensa.

Hasta ahora no se percibe ninguna reforma que haya echado abajo ese reglamento y ese acuerdo.

Todo apunta a que el intento de cerrar las escuelas militarizadas va a terminar en los tribunales.

Lo relevante del asunto es que, hasta antes de la muerte de la niña Dafne Zapata, nadie se fijaba en las academias militarizadas. Lo que muestra cómo las autoridades educativas no revisan la viabilidad de las escuelas y universidades privadas.

El cargo ¿Quién revisa a las escuelas y universidades poblanas? apareció primero en Reto Diario.

Con estas capturas, ya son tres las personas detenidas por este caso, luego de que previamente fuera aprehendida Danna Yanina N., instructora auxiliar de la academia, también investigada por su presunta participación en los hechos.

Foto: Redes sociales

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, Dafne ingresó al campamento el 13 de julio y días después perdió la vida mientras permanecía bajo el cuidado del personal de la institución. La necropsia determinó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión, por lo que la Fiscalía reclasificó la investigación y la sigue bajo el protocolo de feminicidio.

Foto: Redes sociales

La madre de la menor ha sostenido públicamente que su hija fue víctima de maltratos físicos durante su estancia en la academia y ha exigido que se investigue la actuación de todo el personal involucrado. En tanto, la Fiscalía informó que las órdenes de aprehensión derivan del avance de las diligencias y de los elementos de prueba recabados durante la investigación.

Caso reaviva debate sobre las academias militarizadas

La muerte de Dafne ha generado un amplio debate sobre la operación de las academias militarizadas privadas en México. Tras el caso, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, afirmó que este tipo de instituciones no están contempladas ni autorizadas por la legislación educativa federal, por lo que solicitó revisar las que actualmente operan en el país.

Además, exalumnos y familiares de otros estudiantes han denunciado presuntas prácticas de castigos físicos, maltrato y disciplina extrema, señalamientos que forman parte de las investigaciones que continúan en curso.

La Fiscalía de Tamaulipas mantiene abiertas las indagatorias para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar la responsabilidad de todas las personas que pudieron haber participado en los hechos.

El cargo Detienen a director y colaboradora de academia militarizada por caso de Dafne Zapata apareció primero en Reto Diario.