La diputada María Fernanda de la Barreda Angon presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil, del Código de Procedimientos Civiles y de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, con la finalidad de reconocer expresamente en la legislación poblana el derecho de este sector de la población a conocer su origen biológico, como parte integrante de su derecho a la identidad.
La propuesta legislativa pretende distinguir normativamente entre filiación jurídica y acceso a la verdad biológica, para evitar que el reconocimiento de una de estas dimensiones implique necesariamente la negación de la otra; así como eliminar o actualizar disposiciones del Código Civil que resultan incompatibles con el estándar contemporáneo de derechos humanos, particularmente aquellas que restringen de manera desproporcionada la investigación de la paternidad.
También se pretende establecer reglas procesales claras para que las autoridades jurisdiccionales determinen cómo debe garantizarse el acceso a la información sobre los orígenes, especialmente cuando exista tensión entre estabilidad familiar y verdad biológica.
Así como garantizar que las decisiones relativas a la identidad biológica se adopten escuchando a niñas, niños y adolescentes y considerando su desarrollo evolutivo, con acompañamiento psicológico y protección institucional cuando sea necesario.
La diputada María Fernanda de la Barreda subrayó que esta iniciativa no pretende alterar indiscriminadamente las relaciones familiares existentes ni generar inseguridad jurídica en torno a la filiación, ya que el propósito es introducir en la legislación una estructura normativa que permita reconocer y proteger la dimensión biográfica de la identidad personal sin desestabilizar automáticamente los vínculos familiares jurídicamente consolidados.
De esta manera, la reforma se orienta a fortalecer el sistema jurídico familiar del Estado de Puebla mediante una armonización con el marco constitucional, convencional y jurisprudencial vigente, asegurando que las normas civiles y procesales reflejen adecuadamente la complejidad contemporánea de las relaciones familiares y los derechos de niñas, niños y adolescentes.
