El Congreso de Puebla aprobó en comisiones reformas en materia judicial para modificar la Sala Constitucional y crear la Sala Especializada en Materia Constitucional que se integrará al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), así como reducir de cinco a tres, el número de magistrados que la integran desde su creación este año.
Asimismo, se modifica la integración de la Sala Especializada en materia de responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), que se reduce de cinco a tres magistrados y también pasa a formar parte del TSJ del Poder Judicial de Puebla.
Por única ocasión, el Consejo de la Judicatura designará de entre las magistradas y los magistrados que integran la sala especializada administrativa, a quienes la conformarán. El resto se incorporará al TSJ y a la sala y con la competencia que designe el Consejo de la Judicatura.
A propuesta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia aprobaron una serie de reformas a la Constitución Política del Estado de Puebla.
Los magistrados que actualmente integran la Sala Constitucional conformarán la nueva Sala Especializada en Materia Constitucional, que ampliará su jurisdicción a la resolución de asuntos ordinarios.
Se integrará por tres y ya no cinco magistrados, que ahora serán elegidos por la mayoría del Pleno del Consejo de la Judicatura, de entre los integrantes del Tribunal Superior de Justicia.
La Sala Constitucional seguirá funcionando hasta que el Congreso armonice la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado, la Ley Reglamentaria de los Medios de Defensa de la Constitución local y demás leyes secundarias. El dictamen aprobado será sometido a votación del Pleno del Congreso el viernes 15 de diciembre.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Silva Ruiz, afirmó que la reestructura del Poder Judicial permitirá agilizar la administración de justicia y reducir el tiempo de espera para la resolución de asuntos. Para que las reformas entren en vigor, la mitad de los 217 ayuntamientos del estado deberán aprobarlas.
