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Auditoría de Puebla tiene hasta abril para entregar informe de las cuentas públicas 2021
La diputada local Jocelyn Olivares López aseguró que la ASE no ha entregado el informe de la revisión a la gestión del exauditor Francisco Romero
Elsa Bracamonte Gonzalez
La Auditoría Superior del Estado (ASE) tiene hasta abril de este año para entregar los informes de las cuentas públicas 2021, anunció la presidenta de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación del Congreso de Puebla, Jocelyn Olivares López.
El organismo fiscalizador presenta un rezago; sin embargo, la presidenta de la comisión y diputada local de Morena afirmó que no existe atraso, pues el informe de la fiscalización a las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2020 ya fue aprobado en diciembre de 2022.
En el caso del ejercicio 2021 la documentación será entregada en abril y a partir de ese mes comenzará el análisis de 2022 correspondiente a 322 sujetos obligados.
Olivares López aseveró que la Unidad Técnica que ayuda a la Comisión de Control a vigilar el desempeño de la ASE, ya analiza los informes que ha entregado la auditora Amanda Gómez Nava, por lo tanto “va bien”.
No hay informe de la revisión a gestión de Francisco Romero Serrano
De acuerdo con la legisladora, la Auditoría Superior del Estado no ha entregado el informe de la revisión que haría a la administración de Francisco Romero Serrano, el exauditor detenido en febrero de 2022.
“Todavía no me han pasado esa información, estuve revisando el informe que me hace la auditora (Amanda Gómez), es un informe anual donde también entra parte de lo que dejó el anterior auditor, pero hay que analizarlo”, declaró Olivares López en entrevista.
El 17 de febrero, la auditora Amanda Gómez Nava entregó al Congreso de Puebla el primer informe anual de actividades 2022 que por ley debe ser público; sin embargo, se desconoce su contenido, ya que la diputada Jocelyn Olivares solo dijo que abarca el trabajo realizado el año anterior.
La Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla establece la obligación de rendir un informe anual que será público y se compartirá con los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y al Comité de Participación Ciudadana.
