Apoyan diputados priistas a Eduardo Rivera en cobro del DAP

El grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado apoyará al presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, en su intención de cobrar el Derecho de Alumbrado Público (DAP) en la Ley de Ingresos de 2023.

Por su parte, los legisladores de Morena insisten en que la aprobación del cobro depende del cabildeo que realicen los panistas.

El líder de la bancada priista, Jorge Estefan Chidiac, adelantó que su grupo parlamentario votará a favor de que la Comuna cobre el DAP, pues dijo que la fórmula planteada para ello es correcta.

En ese sentido, solicitó a sus homólogos del PAN no dejar que los otros partidos como el PRI asuman el costo político de la aprobación.

Explicó que la fórmula que los Ayuntamientos y sus Cabildos deben incluir en la Ley de Ingresos 2023 para que el Congreso avale el DAP es la siguiente:

“Todos los gastos que tienen que ver con el alumbrado público, como el pago de luz, mobiliario, lámparas y personal operativo, es el costo total que dividido entre las cuentas prediales da la tarifa unitaria que se fija para cobrar el DAP, la cual puede disminuir si se otorga un estímulo fiscal a la gente popular”, precisó.

Jorge Estefan indicó que el derecho es el reembolso, pues se calcula el costo en reembolsarle al gobierno lo que le cuesta brindar el servicio, ya que lo que consumes de luz no te lo ofrece el gobierno, se lo pagas a la CFE.

Indicó que por ello era un impuesto, como un IVA de 6.5 al consumo de luz, por lo que ahora es lo que cuesta por cuenta predial.

Comentó que Eduardo Rivera se acercó a la bancada del PRI y esta le dio su voto a favor si el Cabildo de Puebla incluye el DAP en la Ley de Ingresos 2023, aunque insistió en que los panistas son los primeros que deben apoyar.

Y es que en 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el cobro del DAP en diversos municipios de Puebla, luego de varios recursos promovidos por la CNDH, por lo que en diciembre de 2021 el Congreso modificó diversas leyes para que el cobro fuese constitucional, pero se lo negó a los ayuntamientos de Puebla, San Andrés y San Pedro Cholula, bajo el argumento de que tienen una recaudación “robusta”.

Ante esto, el Ayuntamiento de Puebla promovió una controversia constitucional, pero cambió la fórmula para que el Poder Legislativo se lo apruebe.