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Rechaza PRI acusaciones de Barbosa Huerta contra uno de sus exdiputados

El gobernador del estado de Puebla asegura que un exlegislador priista participó en una red de corrupción con el auditor destituido José Francisco N.

Nestro Camarillo Medina Pri

Nestro Camarillo Medina Pri

En respuesta a las declaraciones del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) rechazó las acusaciones que involucran a uno de sus exlegisladores en una red de corrupción.

En su videoconferencia matutina del lunes, el mandatario poblano aseveró que José Francisco “N”, auditor superior del estado destituido, construyó, con un exdiputado local del PRI, una red para generar mecanismos de encubrimiento y complicidad con presidentes municipales.

Ante esas declaraciones, el Comité Directivo Estatal del PRI reaccionó con un comunicado publicado en redes sociales, en el que negó tener conocimiento de que alguno de sus militantes tuviera participación en los hechos evocados por el mandatario estatal.

Sin embargo, el partido tricolor fue enfático en su respeto a la libertad de expresión, así como a las instituciones y sus determinaciones, y señaló que “en caso de existir elementos para investigar a algún personaje debe realizarse privilegiando en todo momento el Estado de Derecho”.

Aunque el gobernador Barbosa Huerta no mencionó nombres, se presume que los señalamientos contra “este señor de la dirección estatal del PRI”, quien “establecía mecanismos de vinculación para generar condiciones de encubrimiento y complicidad”, están dirigidos a Javier Casique Zárate, quien ocupó la presidencia estatal del PRI en 2019 y 2020, y fue diputado local.

Ese periodo coincide con el tiempo en el que José Francisco “N” ocupó la titularidad de la Auditoría Superior del Estado, el cual desempeñaría de 2019 a 2026. El hoy exauditor fue suspendido de su cargo el 14 de febrero del presente año por orden de un juez civil, por violencia familiar.

Posteriormente, el 31 de marzo, el Congreso del estado aprobó su destitución “por encontrarse imposibilitado para ejercer sus funciones”, debido a que se encontraba en prisión preventiva acusado de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El Poder Legislativo de Puebla determinó que en su lugar quedara Rubén de la Fuente Vélez, como encargado de despacho, en tanto se realiza el proceso para designar al nuevo auditor superior del estado.