La Secretaría de la Función Pública (SFP) formalizó 24 denuncias ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción en contra de ex servidores públicos por presuntas irregularidades y fortaleció los mecanismos para combatir y erradicar las malas prácticas.
En su comparecencia ante diputados de la Comisión Inspectora del Congreso, la secretaria Amanda Gómez Nava, destacó las auditorías aplicadas a la ejecución de 69 mil 977 millones correspondiente a diversas dependencias y que representan el 93 por ciento del Gasto Programable de Puebla.
Reveló que, en el último año, la dependencia a su cargo, inició 316 procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de servidores públicos por diversas anomalías.
Precisó que en 249 casos se imputó la comisión de faltas administrativas no graves y en 67 se fue señalada la comisión de faltas administrativas graves, siendo que 59 de estos procedimientos ya fueron resueltos.
Resaltó que, de las 67 resoluciones emitidas, en 24 se impusieron destituciones e inhabilitaciones para desempeñar empleos, cargos o comisiones, 21 suspensiones, una amonestación pública y 21 absolutorias.
Acotó que las denuncias penales presentadas fueron en contra de ex servidores públicos que formaron parte de las Secretarías de Salud, Cultura, Función Pública y Educación, derivadas de presuntos actos de corrupción.
Indicó que para verificar el correcto uso y aplicación del presupuesto se aplican diversas auditorías a las dependencias estatales y organismos descentralizados basadas en un enfoque preventivo y cumpliendo con la obligación de rendición de cuentas.
Mencionó que las secretarías de Medio Ambiente, Movilidad y Transporte, así como los organismos Carreteras de Cuotas y Museos Puebla, son los entes con el mayor número de observaciones en las auditorías practicadas en 2021.
En este sentido, precisó que las dependencias se encuentran en una “etapa de seguimiento” con un plazo para presentar las pruebas que desvirtúen o solventen las observaciones señaladas.
Gómez Nava enfatizó la realización de seis operativos de supervisión sobre el parque vehicular de diferentes dependencias, así como sus bienes muebles, el acervo cultural, la recaudación del cobro de la Línea 1 de la Red de Transporte Articulado (RUTA).
