Diputados de Puebla consideran persecución política la auditoría a la BUAP

A pesar de que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) ya solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que atraiga la fiscalización del ejercicio 2019, el coordinar de la bancada de Morena, Gabriel Biestro, insistió en que el tema de la universidad es y debe ser prioritario para el Congreso.

Sin embargo, la lista de temas pendientes para el Congreso es larga, como la elección del edil suplente de Tehuacán, la designación del nuevo fiscal general o la aprobación de los matrimonios igualitarios, por lo que los distintos coordinadores de bancada en el Congreso, aseguraron que se deben atender los temas pendientes y que la auditoria de la BUAP únicamente demostrará el buen manejo de los recursos de la universidad.

PAN asegura que la autoría preventiva es sospechosa

Por su parteM el nuevo coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Oswaldo Jiménez López, aseguró que se trata de una persecución política, ya que la auditoría preventiva practicada a la máxima casa de estudios es “sospechosa y atenta contra su autonomía”.

En entrevista luego de su nombramiento, cuestionó el procedimiento iniciado por “el auditor espurio”, Francisco Romero Serrano, en los últimos días del pasado mes de diciembre, que calificó como “poco claro y tendencioso”.

Resaltó que necesario conocer el tipo de auditoría, el alcance, la muestra, el periodo de ejecución, las y los auditores designados para llevar a cabo dicho proceso, así como las normas que sirvieron como referencia para su realización.

“La revisión, auditoría o la figura de “fiscalización” que la Auditoría Superior del Estado de Puebla inició en diciembre de 2019, dirigida a la BUAP, de forma poco convencional, fuera de lo que establecen los procesos de fiscalización normalmente aplicados por la Auditoría Superior de la Federación, resulta sospechosa, atenta contra la autonomía universitaria y contra el marco legal que rige la fiscalización superior en todo el país”.

Jiménez López respaldó a las autoridades de la BUAP para que presente un amparo ante las instancias federales en defensa de su autonomía y aseguró que la ASE está obligada a informar las razones para realizar este procedimiento inmediatamente después de la llegada de su nuevo titular.

PRI asegura que respaldarán a la máxima casa de estudios

En el mismo sentido, el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Javier Casique Zárate, se pronunció a favor del respeto de la autonomía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Señaló que como “orgullo universitario” respaldará cualquier acción que emprenda la universidad para defenderse de la intromisión a la vida interna de la institución por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Subrayó que el respeto a la autonomía de las instituciones es fundamental para la convivencia pacífica y ordenada en la entidad, y confió que los resultados que arroje esta auditoría únicamente demuestren el buen manejo de los recursos públicos.

“El respeto a la autonomía de las instituciones es fundamental para la convivencia pacífica y ordenada. El grupo legislativo del PRI ratifica su apoyo y confianza a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla formadora de las y los profesionistas que diariamente construyen a nuestro estado y a nuestro país”.

Casique Zárate demandó que la fiscalización que se está realizando a la BUAP se realice sin ningún sesgo político y con estricto apego a derecho, así como bajo criterios técnicos para garantizar su imparcialidad y disipar la sombra de la persecución política.

Pide la Comisión Inspectora no politizar el tema

Por otro lado, legisladores de la Comisión Inspectora pidieron a la BUAP no politice la auditoría practicada a sus recursos financieros y afirmaron que no se vulneró su autonomía o existió una intromisión en la vida universitaria, y sólo sé busca garantizar la transparencia.

En conferencia de prensa, la diputada presidenta, Olga Lucia Romero Garci Crespo, señaló que en el mes de diciembre no solo se practicó una auditoría preventiva a la BUAP, sino a otros 21 sujetos, entre los que se encuentra en el Congreso, por lo que descartó que se trate de una persecución política.

Enfatizó que estos procesos de fiscalización buscan evitar la comisión de actos de corrupción en el manejo de los recursos públicos y están perfectamente establecidos en la Ley de Rendición de Cuentas, así como se practicaron con estricto apego a derecho y bajo criterios técnicos.

“Es ampliamente impreciso, ficticio y engañoso calificar al acto de fiscalización como una vulneración al principio de autonomía. Rechazamos el argumento de poner a la autonomía como un acto distractor pare evitar la fiscalización de los recursos públicos dados a la universidad que podrían llevar a cabo actos de corrupción”.

Romero Garci Crespo expresó que en caso que la BUAP tenga alguna queja sobre el proceso de auditoría preventiva deberá presentar su inconformidad ante las instancias correspondientes para que se realicen las investigaciones y en su caso se apliquen sanciones, pero reiteró que este proceso está apegado a derecho.

Convocó a las autoridades y la comunidad universitaria a no polarizar este procedimiento de rendición de cuentas y entender que la auditoría preventiva no vulneró la autonomía universitaria de la BUAP.