Propuesta para no criminalizar el aborto genera manifestación en el Congreso local

La propuesta para no criminalizar a las mujeres que se practiquen un aborto en Puebla dividió las opiniones de diputados y diputadas en el Congreso del Estado. Un grupo de activistas a favor de la vida se manifestaron en el Pleno del Poder Legislativo y exigieron no aprobar esta iniciativa.

Durante la sesión pública ordinaria, la diputada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rocío García Olmedo, planteó una reforma al Código Penal de Puebla para reducir a la mitad la pena corporal, y en algunos casos que el castigo no sea la cárcel sino trabajo comunitario.

Subrayó que su iniciativa deja intactas las cuatro causales que permiten la interrupción del embarazo en situaciones en donde el feto ponga en peligro la vida de la mujer o que este sea el resultado de una violación, sino que se flexibilice el castigo a seis meses de prisión o hasta 300 días de trabajo comunitario.

“No estoy tocando nada de la constitución, solo retiro todo lo que tiene que ver con el tema de criminalizar a las mujeres, en la siguiente sesión presentaré una reforma a la Ley de Salud del estado de Puebla, para fortalecer los programas de prevención y fortalecer el derecho de salud sexual y productiva”.

García Olmedo adelantó que la próxima semana presentará una reforma a la Ley de Salud para que las dependencias estatales desplieguen acciones concretas para la prevención de embarazos, así como fortalecer la difusión de información sobre el derecho a la reproducción sexual.

Mujeres se manifiestan

En el transcurso de la sesión pública ordinaria, integrantes del Frente Nacional por la Familia se manifestaron en el Congreso del Estado para exigir que no sea aprobada esta propuesta presentada por la coordinadora de los diputados del PRI, asegurando que esta dará paso a la despenalización de aborto en Puebla.

Las activistas expresaron que el Poder Legislativo debe promover acciones que garanticen que las mujeres embarazadas reciban atención médica durante su periodo de gestación y si al momento del nacimiento deciden no quedarse con el bebé que sea dado en adopción para que alguna familia se encargue de su educación.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones de Procuración y Administración de Justicia, Salud, Derechos Humanos y la Familia, para su estudio, análisis y dictaminación y posterior aprobación en el Pleno del Congreso.