PPS, apalancamiento para ejecutar obras pagando a largo plazo

• 3 de febrero de 2016

Los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) son una estrategia de “apalancamiento” para que los tres niveles de gobierno puedan ejecutar obras de infraestructura, sin la necesidad de realizar una inversión inmediata y generando su pago a largo plazo.

El pasado 19 de septiembre de 2012, con el voto de la mayoría de los diputados locales de la LVIII Legislatura fue aprobada una reforma a la Ley de PPS, con la que se facultó a la administración estatal generar contratos con inversionistas privados e impulsar diversos proyectos.

El argumento para la aprobación de esta nueva ley fue que para mantener el desarrollo y crecimiento del estado los recursos captados por la administración estatal no eran suficientes, por lo que se debía acceder a nuevos esquemas que permitieran la inversión en servicios dirigidos a la población.

Por ello, abrieron la posibilidad de establecer asociaciones con el sector privado, para hacer más eficiente la prestación de los servicios públicos y el manejo de los recursos presupuestales.

Un año después, se presentó una nueva iniciativa para reformar la Ley de PPS de Puebla, en la que se propuso que las modificaciones a los contratos signados no tendrían que pasar por el Congreso para ser aprobadas, puesto que ahora el ente responsable sería la Secretaría de Finanzas o la Contraloría del Estado.

Este ajuste a la ley provocó que tres legisladores locales por el Partido Acción Nacional (PAN), Ana María Jiménez, Juan Carlos Espina von Roehrich y Rafael von Raesfeld, se opusieran a este cambio.

Su posicionamiento estuvo basado en la inviabilidad de dejar en manos de un solo ente, en este caso el gobierno del estado, la posibilidad de afectar total o parcialmente el presupuesto para el pago de estos contratos.

Otro cambio que se realizó a la Ley de PPS fue permitir a las empresas inversionistas adquirir los trabajos ejecutados previamente, realizados por otra firma o el gobierno del estado e, incluirse, en el monto total que se deberá pagar al final del plazo establecido en el contrato.

El escándalo

El periódico Reforma publicó en su edición de ayer en su primera plana que la actual administración estatal “hipotecó” al estado de Puebla por los próximos 50 años con la entrega de un contrato a la empresa Evercore, para que manejara los recursos captados por el cobro del Impuesto Sobre la Nómina (ISN).

Este dinero que resulta del pago del 3 por ciento del ISN realizado por el sector empresarial presuntamente quedó en garantía para cubrir los costos generados por la ejecución de obra pública a través del esquema de PPS.

Además, que la empresa encabezada por el ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe, recibiría como pago por el manejo de este fideicomiso 100 mil pesos de manera inicial, más 260 mil pesos anuales más IVA por honorarios y 20 mil pesos cada modificación al contrato.

Esto ha provocado que los empresarios adheridos al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en primera instancia se deslinden de la operación y manejo de estos recursos que alcanzan en promedio los 2 mil 035 millones de pesos, de acuerdo con lo recaudado en 2014.

Hay que recordar que el esquema de PPS ha sido utilizado para la edificación del Centro Integral de Servicios (CIS), el Museo internacional del Barroco (MIB) y la construcción de las plataformas para a empresa automotriz Audi de México, entre otros.

Además, pese a que se encuentran comprometidos recursos públicos para el pago de estos proyectos a largo plazo, éstos no son considerados dentro del rubro de deuda pública en el estado de Puebla.

Diputados a favor reforma PPS

PAN

Jesús Zaldívar Benavides.

Denisse Ortiz Pérez.

Josefina Buxadé.

Mario Riestra.

Jorge Gómez.

Myriam Galindo.

Lucio Rangel.

Jorge Garcilazo.

María Fernanda Huerta.

PRI