Congreso se lanza contra dos ex marinistas

El Congreso de Puebla aprobó el Inicio de Procedimientos Administrativos de Determinación de Responsabilidades (IPADR) en contra de dos ex funcionarios del sexenio anterior, encabezado por el gobernador, Mario Marín Torres, y avalaron la cuenta pública 2012 del ex alcalde, Eduardo Rivera Pérez.

En la última sesión pública ordinaria del segundo año de trabajos legislativos, los diputados respaldaron el dictamen presentado por la Comisión Inspectora en contra de nueve sujetos de revisión, por no comprobar el uso de recursos públicos durante sus gestiones.

De entre esta lista destacan las cuentas públicas de los ex titulares de la Secretaría de Salud y del Consejo Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), Alfredo Arango García y Rodolfo Chávez Carretero, correspondientes al periodo 01 al 31 de enero de 2011.

De acuerdo con el integrante de la Comisión Inspectora, Rosalío Zanatta Vidaurri, los dos ex servidores públicos tendrán que solventar las observaciones que les realizó la Auditoría Superior del Estado (ASE) para evitar ser sancionados.

En esta misma sesión recibieron luz verde unas 38 cuentas públicas de diversos sujetos obligados, entre los que resalta el ex presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, correspondiente al ejercicio fiscal 2012.

Con esta aprobación, el ex alcalde todavía tiene pendientes de aprobación dos cuentas públicas de sus ejercicios fiscales 2013 y los últimos 45 días de su administración en 2014.

Antecedentes de Alfredo Arango García y Rodolfo Chávez Carretero

Hay que recordar que el ex titular de los Servicios de Salud en Puebla en el sexenio anterior fue detenido en el mes de enero de 2012, derivado de una denuncia presentada en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito por 54 millones de pesos.

Durante la investigación la Procuraduría General de Justicia (PGJ) le decomisó al ex funcionario alrededor de 30 propiedades, con un valor aproximado de 79 millones de pesos.

Una vez que fue comprobada su responsabilidad en este delito, el juez penal le dictó a Arango García una sanción de cuatro años de prisión, por lo que fue ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel.

Pasados dos años, Arango García, logró que le fuera conmutada la pena a cambio del pago de una multa económica de alrededor de un millón, 500 mil pesos obteniendo su libertad en diciembre de 2013.

Por su parte, Rodolfo Chávez Carretero, fue señalado por un presunto desvío de recursos públicos durante su paso por la administración estatal, al frente del CAPCEE.

Su propiedad más ostentosa es el Hotel-Spa “Luna Canela”, ubicado en el municipio de Atlixco, el cual se presume -de acuerdo con versiones periodísticas- que tuvo un costo de construcción superior a los 20 millones de pesos.

Chávez Carretero también enfrenta otro IPADR por no comprobar la ejecución de 493 millones, 12 mil pesos correspondiente a su cuenta pública 2010, acción de la cual obtuvo un amparo.