Priista exige calificar como delito grave falsificación de documentos oficiales

En asuntos generales de la Comisión Permanente, el diputado priista, Gerardo Mejía Ramírez, calificó como “delito grave” la falsificación de documentos oficiales al adicionar al Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social tal hecho. Consideró que de acuerdo con cifras de los últimos cinco años, que proporcionó la Secretaría de Educación Pública (SEP), se han presentado 626 denuncias penales ante la PGR por los delitos de falsificación de documentos y usurpación de profesión.

Detalló que documentos oficiales son considerados las escrituras autorizadas por fedatarios, libros de actas, registros, catastros y demás que se hallen en los archivos públicos, al igual que las certificaciones de actas del Registro Civil y sus extractos despachados por sus encargados.

“En varios niveles o en ciertos rangos hay funcionarios que desafortunadamente clonan, sacan copias o, inclusive, arrancan partes de los archivos, por supuesto, estos actos tienen que ser considerado como delitos graves, porque atentan contra el patrimonio de familias”, agregó.

Enunció que sólo con el pago de una fianza, pese a tener todos los elementos de ley y las pruebas que se ofrecen, un falsificador no enfrenta el proceso en la cárcel, por ello, “solicito que sea delito grave”, concluyó.