Acompañada de otros animalistas, Elena Larrea, presidenta del santuario para caballos “Cuacolandia”, exigió la sustitución de la jueza Miriam Huerta Lechuga, quien negó una orden de aprehensión al agresor sexual de la potranca Mila, Liberio N., al considerar que el acto “no fue tan grave”.
Después de que a Liberio N. se le impusiera una sanción económica de 5 mil pesos y medidas cautelares “insuficientes”, la fundadora de Cuacolandia consideró “insensible” la actitud de la jueza ante el caso de zoofilia y violencia animal que conmovió a los habitantes del estado de Puebla y otros puntos del país.
En la primera audiencia, celebrada el lunes pasado, la jueza negó la petición de dictar prisión preventiva a Liberio N., pese a las pruebas presentadas en la carpeta, lamentó Elena Larrea, en compañía de Blanca Olvera y María Esther Martínez Gil, representante y abogada de Movimiento Animalista Puebla, respectivamente.
Además del pago de los 5 mil pesos como garantía económica, entre las medidas cautelares impuestas a Liberio N. se encuentran no abandonar el estado o cambiar de domicilio, y firma periódica, lo que provocó la molestia e indignación de los demandantes, que consideran que todo lo que habían logrado “fue tirado a la basura”.
Video: Daniela Portillo / EsImagen
Después de rescatar a Mila junto con el Instituto de Bienestar Animal (IBA), Cuacolandia se encargó de su proceso de recuperación médica por los múltiples golpes que recibió en el cráneo y la agresión sexual de la que fue objeto; en total, los gastos superaron los 50 mil pesos.
“Alguien a quien le tienes que decir ‘no dejes libre a un violador de caballos’ no es una buena persona (…) destituyan, corran e investiguen a este tipo de jueces, porque seguramente tienen un historial de actos injustos”, dijo Elena Larrea.
En ese sentido, el viernes los animalistas sostendrán una reunión con el fiscal de Investigación Metropolitana, José Alán Villegas Arenas, para revisar el proceso y solicitar el apoyo de la Fiscalía General del Estado (FGE) para promover el cambio de la jueza en turno, a quien Elena Larrea consideró “un peligro para la sociedad”.
