La “calma chicha” que se percibe en el Sindicato de Burócratas del estado, tras dos años de turbulencia laboral, es solo en apariencia, pues en las bases hay un creciente malestar contra el dirigente Jhovani Oliver Gallo, a quien le quedan ocho meses en el cargo y al parecer se quiere ir sin informar, sin explicar, sin aclarar, cuál ha sido el uso o destino de 11 millones de pesos de cuotas sindicales, correspondientes a los ejercicios de 2022 y 2023, el cual es un periodo en que la organización gremial estuvo acéfala y por ende no se ejercieron esos recursos económicos.
Ese enojo de los burócratas se debe a que Oliver Gallo no informa nada desde finales de 2023, fecha en que le otorgaron la toma de nota como secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados, lo cual le permitió rendir protesta del cargo el 8 de febrero de 2024.
Cuando Jhovani Aguilar ya estuvo instalado en el puesto de ostenta, la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal le entregó al sindicato los 11 millones de pesos de cuotas que les descontaron periódicamente a los 3 mil 400 agremiados a lo largo de los dos años en que duró el conflicto por la disputa de la organización.
Esa fue la última vez que se supo algo de ese dinero, nadie más le ha visto al polvo a las cuotas sindicales de ese bienio.
Un asunto empezó a tornarse obscuro desde que el actual dirigente pisó por primera vez las oficinas sindicales, ya con el cargo de secretario general.
En alguna ocasión un grupo de trabajadores se toparon con Oliver Gallo y le expresaron que querían saber cuál era el mecanismo para que les regresaran sus cuotas gremiales, ya que durante dos años la organización estuvo inactiva.
El enojo del dirigente no se hizo esperar –cuentan algunos testigos— y les advirtió a sus representados que, si insistían con ese tema el rembolso de las aportaciones, les iba a aplicar los estatutos y serían expulsados del sindicato.
Hasta la fecha nadie sabe cuál es el fundamento estatutario que permitiría retirar de sus derechos sindicales a un trabajador que exige transparencia en el uso del dinero que, cada mes sin falta, le descuentan de su nómina.
Luego de ese incidente, Jhovani Oliver Gallo se ha hundido en el silencio, lo que agrava la difícil situación en que llegó al cargo por el que peleó dos años en los tribunales y que concluye en diciembre de este año.
Se sabe que varios de los 27 integrantes del Comité Ejecutivo han querido justificar el destino de los 11 millones de pesos argumentando que se remodeló la sede sindical.
Algunos agremiados han respondido con malestar al indicar: “solo se pintó el edificio, no se construyó uno nuevo”.
“Las gotas que derramaron el vaso” es que el año pasado en las festividades del día del niño, de la madre, del burócrata y en navidad, se entregaron regalos con valores que no exceden los 100 pesos, lo que ha llevado a suponer a muchos agremiados que los 11 millones de pesos en cuestión “lo quieren desaparecer”.
Un rumor que circula en “el radio pasillo” de los trabajadores de los poderes públicos de Puebla es que no hace mucho se contrató un despacho de contadores para “hacer cuadrar” las cuentas del Sindicato de Burócratas.
Esa es una situación en la que debería tener mucho cuidado el líder de los burócratas, pues se sabe que una prioridad del gobierno federal, en este y el próximo año, es frenar y encarcelar a quienes manejan las llamadas “factureras”, que son las empresas contables que falsifican comprobantes para justificar el dinero público que “se esfuma”.
