La empresa de consultoría Integralia, especializada en planeación estratégica, ha publicado su habitual reporte sobre los 10 riesgos políticos para México, ahora el correspondiente a 2025.
En el documento se analizan los principales peligros que pueden afectar el entorno de negocios y la gobernabilidad democrática en el país en el año que recién comenzó.
Dicho análisis se basa en una metodología que evalúa el impacto potencial y la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo, con base en indicadores cuantitativos y cualitativos.
Cada riesgo presenta una probabilidad de ocurrencia distinta, que puede cambiar durante el año. La mayoría de los escenarios de riesgo se relaciona con la creciente concentración y centralización del poder en el Ejecutivo federal, así como con la erosión del sistema de contrapesos.
Según Integralia, que suele ser certera en sus pronósticos, será un año de riesgo político elevado, pues la falta de mecanismos para vigilar y exigir cuentas a las autoridades gubernamentales -federales, estatales y municipales- puede fomentar la opacidad y la toma de acciones arbitrarias.
La consultoría señala que la presidenta Claudia Sheinbaum goza ciertamente de una alta aprobación y que existe elevado optimismo entre los mexicanos sobre el rumbo del país.
En ese contexto, apunta, el gobierno privilegiará políticas que sustenten su popularidad en detrimento de proyectos y políticas que potencien el crecimiento económico y el desarrollo social hacia el futuro. En el corto plazo, ello merma la capacidad del Estado mexicano para aprovechar las oportunidades del nearshoring. En el mediano y largo plazos, erosiona la competitividad de la economía nacional y su potencial productivo.
Destaca, también, que nueve de los diez riesgos políticos que Integralia advirtió en enero de 2024 se materializaron, incluyendo, por ejemplo, que Morena obtendría una victoria electoral que le permitiría aprobar la elección por voto popular de los integrantes de la Suprema Corte, y que el triunfo de Donald Trump en EE.UU. pondría a México en una situación de vulnerabilidad.
Estos son, pues, los principales peligros para nuestra nación para 2025:
1. Se producen incertidumbre económica, disrupciones comerciales, tensiones diplomáticas y una intensificación de la crisis migratoria como resultado inmediato del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
2. Se profundiza un entorno de concentración de poder que afecta la certeza para el sector privado y el clima de negocios dada la falta de equilibrio político, la erosión de los contrapesos y la debilidad de la oposición.
3. Se debilita el espíritu de integración económica de América del Norte y se pone en duda la continuidad de la estructura actual del T-MEC.
4. Se detona un proceso gradual de indefensión jurídica para las empresas a causa de una desaseada implementación de la reforma judicial, así como por una gradual pero creciente parcialidad e incapacidad de las autoridades jurisdiccionales para resolver disputas de todo tipo.
5. Se mantiene clima de incertidumbre por la aprobación de nuevas reformas de la agenda de Claudia Sheinbaum que toman poco en cuenta la opinión del sector empresarial y de otros actores afectados, y donde predominan los criterios políticos por encima de los técnicos o económicos, en temas laborales, medioambientales, administrativos, entre otros.
6. Se proponen reformas electorales que merman las garantías para la competencia política libre, equitativa y justa, y que acotan la representación de los partidos de oposición.
7. Se ponen en pausa proyectos de inversión en sectores clave como el energético y de telecomunicaciones, entre otros, como resultado de la incertidumbre generada por las reformas constitucionales aprobadas (principalmente áreas y empresas estratégicas, judicial, y desaparición de órganos autónomos) y el impasse por la ejecución de sus leyes secundarias correspondientes.
8. Aumentan enfrentamientos violentos como resultado de fracturas internas en grupos del crimen organizado y la implementación de una estrategia de captura de liderazgos, lo cual dificulta el traslado de bienes por carreteras y la operación de MiPyMes en algunas regiones del país con alta presencia criminal.
9. El gobierno propone una (mala) reforma fiscal para aumentar la recaudación (ya sea de forma integral o por medio de ajustes sectoriales), como resultado de finanzas públicas limitadas y la necesidad de seguir financiando los proyectos y programas prioritarios del gobierno.
10. Se degrada aún más la capacidad operativa y de planeación de los gobiernos locales para atender de forma eficaz problemas y necesidades locales (i.e. infraestructura y servicios básicos), como resultado de la corrupción, la escasez de recursos públicos, la falta de personal calificado y una creciente centralización del poder que los desincentiva de asumir esa responsabilidad.
Para finalizar, hay que decir que la medición de riesgo que realiza Integralia desde 2018 muestra que han aumentado los niveles de riesgo en casi todas las dimensiones, sobre todo en concentración de poder, incertidumbre jurídica, ineficacia gubernamental y deterioro económico, mientras que los de conflictividad social e inseguridad pública se han mantenido constantes.
Una realidad nacional, de la que, por tanto, el estado de Puebla no escapa, lamentablemente.
