La exsecretaria de Finanzas, María Teresa Castro y el entonces subsecretario de Egresos, José Enrique Girón serían los dos funcionarios de primer nivel involucrados en la inversión en Banco Accendo.
Este martes, el titular de la Secretaría de la Función Pública, Juan Carlos Moreno Valle dio a conocer que la semana pasada terminaron las pesquisas sobre la investigación.
La declaración fue dura.
Dos funcionarios de primer nivel estarían involucrados en desvío de recursos y encubrimiento.
El secretario no mencionó los nombres:
No puedo, tengo que salvaguardar los derechos de todas las personas, pero son dos exfuncionarios de primer nivel”.
Aclaró, no obstante, que se trata de un proceso administrativo. Ambos exfuncionarios serán llamados a declarar y en su momento tendrán una sanción.
A pesar de que solo es administrativo, Moreno Valle dijo que “son sanciones graves”. Dijo que el procedimiento terminará este año.
En el 2021, el gobierno de Miguel Barbosa Huerta realizó una inversión de alto riesgo en Banco Accendo por 600 millones de pesos.
La banca cerró apenas unos meses después, no devolvió un solo peso de los 600 millones del erario y no los va a devolver.
Hoy, el gobierno forma parte del 4% de acreedores, es decir 69, que no han recuperado su dinero.
En su momento se señalaron omisiones graves, o adrede, de los funcionarios barbosistas que cayeron en esta “trampa”, aunque en realidad se les acusa de haber actuado a conveniencia de un tercero.
Y es que Banco Accendo ofrecía el 6% de Pagaré de Rendimiento Liquidable al Vencimiento y un tope máximo del 6.4% en Certificados de Depósito. Esto era ya demasiado sospechosos, las instituciones bancarias comunes ofrecen entre el 2% y el 4%.
En su momento, Maria Teresa Castro compareció ante el Congreso. La verdad es que lo hizo mal, nerviosa y titubeante, pareció, más que aclarar el tema, echarse de cabeza como cómplice o partícipe de un saqueo millonario.
Hoy, lo que me llama la atención es que Moreno Valle habla solo de un procedimiento administrativo, que, según yo tendría que convertirse en uno penal, pues ambos delitos fueron en perjuicio de las arcas estatales.
Lo que no sé si vaya a quedar claro y sí debería, es quién o quiénes se beneficiaron de esa inversión.
Por que lo escribo de nuevo, esos 600 millones no van a regresar. Se perdieron como si se tratara de una flor de la abundancia.
