En la medida que pasa el tiempo se hace más que evidente que en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Puebla (JLCA) –que está a cargo de Andrea Priede Iglesias– hay una relación de contubernio con el priista Juan Carlos Lastiri Quirós, pues a pesar de que en las últimas semanas se ha emitido un amparo y un llamamiento de la autoridad judicial, el órgano laboral se niega de manera sistemática a concretar un embargo contra quien fuera subsecretario de Desarrollo Social en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pese a que tiene 14 meses que perdió un litigio que emprendió su excolaborador Luis Carlos Castillo Rosas.
Una situación que muestra la absurda, lenta y corrompida que está en Puebla la justicia laboral.
La última vez que se habló del caso, en esta columna, fue en julio pasado. En aquella ocasión surgió una explicación oficial de que el asunto no se acababa de resolverse porque había procesos legales en curso.
Eso fue una mentira, porque el mes pasado Carlos Castillo ganó un amparo en el cual un juez de distrito le ordena de manera tajante a la JLCA que ya le paguen al afectado el dinero que le embargaron a Lastiri y pese a ello, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje se niega a proceder contra quien fuera presidente estatal del PRI y alcalde de Zacatlán.
Para entender lo que ha ocurrido, es necesario recapitular con los acontecido de esta manera:
Carlos Castillo Rosas fue 16 años colaborador de Juan Carlos Lastiri y de un día para otro, sin mediar una explicación o justificación, el priista lo despidió sin liquidarlo.
El afectado emprendió un litigio ante la Junta Especial 3 de la JLCA, que está a cargo de Ana Lilia Sánchez Martínez, y al cabo de un lustro, el 15 de agosto de 2022, ganó un laudo contra quien fuera parte del equipo de Rosario Robles Berlanga, la funcionaria del gobierno peñista que protagonizó el escándalo de la llamada “Estafa Maestra”, que habría implicado el supuesto robo de más de 5 mil millones de pesos.
El fallo contra Lastiri lo obliga a pagar un millón 800 mil pesos a Carlos Castillo, por concepto de salarios caídos y prestaciones, además de una liquidación.
Meses más tarde al fallo, de manera exitosa, la Junta Especial 3 de la JLCA emprendió un embargo contra tres cuentas bancarias de BBVA, a nombre de Juan Carlos Lastiri, por el orden de un millón 600 mil pesos, con lo que se cubría 88 por ciento del pago al que está obligado el exdirigente priista.
Hace cuatro meses, cuando se estaba ya a unas horas de que la JLCA le entregara el cheque a Carlos Castillo, correspondiente al millón 600 mil pesos que le incautaron a su exjefe, surgió un descarado acto de tráfico de influencias que frenó todo.
Juan Carlos Lastiri se presentó en horario laboral, dejando que todo mundo lo viera, en las oficinas de la presidenta general de la JLCA, Andrea Priede Iglesias, y luego de dialogar con esta funcionaria, se frenó todo en el litigio de Carlos Castillo.
Sin que hubiera una justificación de por medio, la JLCA se ha negado sistemáticamente a pagarle a Carlos Castillo. El único argumento vago que ha surgido es que Lastiri tramitó un amparo contra el litigio en su contra.
Lo que llama la atención es que, de acuerdo con un par de especialistas en derecho laboral, Juan Carlos Lastiri Quirós ya perdió rotundamente el caso, no tiene posibilidades de revertirlo. Por tanto, ya no hay nada que esperar.
El priista siempre actuó con soberbia y tal vez convencido de que su excolaborador no iba a aguantar la media década que tardó en emitirse la resolución al juicio. Por esa razón nunca tomó en serio la demanda en su contra y no combatió jurídicamente los argumentos de quien lo demandó.
Cuando se emitió la sentencia que le fue desfavorable, dejó pasar el periodo en que podía impugnar el fallo laboral. Por eso se pudo llegar al embargo bancario en su contra.
Hasta que ya le incautaron el millón 600 mil pesos fue cuando reaccionó y se presentó en la JLCA a pedir que lo ayudaran, que lo salvaran.
En cambio, quien sí ganó un amparo fue Carlos Castillo. Hace un mes, el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo, mediante el expediente 1281/2023, emitió la siguiente sentencia dirigida a la Junta Especial 3 de la JLCA:
“Dicte las medidas necesarias para que se dé cumplimiento al laudo de 15 de agosto de 2022, para lo cual deberá… emitir proveído en el acuerdo lo conducente a fin de que le sean entregados los cheques exhibidos a la actora, aquí impretrante de garantías.” (sic)
Con ese fallo, lo que está diciendo el juez –en palabras sencillas–, es que no hay motivo para seguir reteniendo el pago a Carlos Castillo.
Ante estos hechos queda un par de dudas:
La protección de la JLCA a Juan Carlos Lastiri Quirós es solamente un acto de colusión de los funcionarios de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.
O son órdenes superiores. Con eso de que ahora desde el gobierno de la 4T se protegen los intereses de la cúpula del PRI y del morenovallismo.
