Venta de calificaciones, tráfico de influencias, compras de ropa de marca para directivas y una larga lista de anomalías, son la constante en la Universidad Interserrana del Estado de Puebla Chilchotla (mejor conocida como la UICH), según una documentada denuncia que se ha hecho llegar a la titular de la SEP, Isabel Merlo Talavera, y que obra en poder de este columnista.
En el olvido por parte de las autoridades, la UICH está en manos del abogado Jesús Antonio Galindo López, encargado desde hace siete meses de la Rectoría y quien es protegido de Enrique Donasiano Ávila Cides, subdirector de Universidades Públicas de la Subsecretaría de Educación Superior, mismo que ha venido frenando todas y cada una de las quejas presentadas en su contra.
Alumnos de la carrera de Veterinaria son los más afectados por el caos institucional que priva en la UICH, donde la venta de calificaciones es cotidiana.
Un maestro, identificado como Eduardo Reyes Montiel, presuntamente cobra mil pesos por un 7 de calificación, pero también recientemente les pidió apoyo económico para festejar su cumpleaños y el bautizo de sus hijos.
Otra catedrática, de nombre María Liliana Hernández Pérez, cobra retardos, inasistencias a clases y supuestos viajes de estudios (mil pesos por alumno) a pesar de que la universidad paga combustible y gastos de traslado; no conforme con eso, organiza rifas –que nunca se celebran–, pero los estudiantes tienen la obligación de comprar y vender boletos.
Otra profesora (María de los Ángeles Huerta Castro) da clases acompañada invariablemente de su esposo, lo que causa que descuide sus actividades académicas y ello repercuta en la calidad de la enseñanza que imparte. Cuando los alumnos tienen problemas para entregar alguna tarea o salen mal en calificaciones, no tienen más que pagar 700 pesos o mil pesos y… ¡asunto resuelto! El dinero, también invariablemente, se lo embolsa el marido de la susodicha.
El ingeniero Germán Hernández Casas, jefe de la carrera de Ingeniería en Desarrollo Sustentable con Orientación en Veterinaria y Zootecnia, además de ser jefe de carrera, cubre algunas clases, pero comercializa todos los materiales que la misma universidad adquiere para el uso de los animales.
Muchos alumnos han manifestado sus inconformidades con el encargado de la Rectoría, Jesús Antonio Galindo; sin embargo, su “solución” se basa en mandar a llamar a los docentes acusados y al jefe de carrera y confrontarlos, causando posteriormente que haya represalias hacia los estudiantes afectados que se atreven a alzar la voz.
Pero eso no es todo: para hostigar tanto a trabajadores como a alumnos, Galindo ha habilitado a su asistente personal, Arisbeth Romero Domínguez, como espía en las diferentes áreas, donde escucha y toma nota de todas las quejas, pero solo para acallarlas mediante amenazas. Por supuesto, por su tarea, goza de todo tipo de privilegios, como el haberse titulado por “memoria de residencia” sin tener derecho a ello.
La UICH cuenta con una posta ganadera que produce animales y leche; hay ganado vacuno, caprino, gazapos y ejemplares de corral y tanto los animales como sus productos son comercializados por la institución educativa, pero no hay materiales para el desarrollo de sus prácticas y los alumnos deben cubrir y adquirir los medicamentos.
La UICH es una escuela pública, la única opción para quienes no tienen el acceso a otras universidades. Para muchos, es su única oportunidad de salir adelante en la vida. Sin embargo, la mayoría de los alumnos becados tiene que usar el apoyo que reciben para poder pagar los insumos que la institución debe aportarles.
No hay dinero para comprar materiales para los estudiantes, pero el abogado Galindo autorizó al contador Ezequiel la compra de artículos de la marca H&M para las directoras de Vinculación y Control, es decir, la Ing. Ivonne Sosa Reyes y Danahé Carral, a pesar de ganar cerca de 40,000 pesos libres de impuestos.
Esta es la factura y la validación del CFDI de dicha compra de trajes, vestidos y una bolsa por un monto de 2 mil 581 pesos:
Foto: Especial
Algunos de los docentes peor evaluados por los alumnos son los que más ganan en la actualidad; si eres amigo del encargado de la rectoría, vas de gane porque te va a dar la categoría de profesor asociado A o C, con todos los beneficios que ello implica.
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Pero ahí no acaba la historia:
En septiembre de 2022, la UICH dio a conocer una convocatoria para los alumnos que quisieran titularse a través de un curso, cobrando la cantidad de 5 mil pesos.
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Muchos padres de familia hicieron el esfuerzo y pagaron.
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Pero han pasado los meses, de los certificados ni sus luces y solo les dan pretextos.
En el colmo, siguen ofertando dichos cursos de titulación, solo que ahora en 4 mil 500 pesos.
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En el tabulador de servicios de la UICH, por supuesto, no aparece tal concepto, pues se trata de uno más de los grandes negocios que se hacen al margen de la ley so pretexto de la educación pública.
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Urge la intervención de la secretaria Isabel Merlo Talavera, pues el encargado de la Rectoría y los directivos manejan a la institución como si fuera de su propiedad, llenándose los bolsillos, abusando de sus posiciones de poder y dañando el futuro de muchos jóvenes y padres de familia que no tienen otra opción más que someterse, por temor a sufrir represalias o, en el peor de los casos, a ser expulsados.
La UICH es una pachanga y de verdad que sobran pruebas de la cloaca en que estos personajes la han convertido, con la complicidad del citado Enrique Donasiano Ávila Cides, subdirector de Universidades Públicas de la Subsecretaría de Educación Superior.
¿En cuántas otras universidades públicas del estado, pasará lo mismo?
